El Partido Reformista Social Cristiano considera  que la decisión de la Junta Central Electoral de ordenar la aplicación del voto de arrastre entre senadores y diputados en las seis demarcaciones territoriales con el mayor peso electoral del país y no en todo el territorio nacional, como manda la ley, viola la  Constitución de la República y la Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral.

La decisión del Pleno de la JCE, crea un funesto precedente que junto a otras inconsistencias observadas en sus últimas disposiciones, colocan en grave peligro la realización de elecciones justas, equitativas y transparentes para el próximo año.

Repudiamos esta irresponsable decisión y anunciamos que será recurrida ante todos los estamentos nacionales e internacionales que nos permite el actual estado de Derecho.

Nunca en la historia electoral dominicana se había observado que una misma norma se aplicara de forma distinta dependiendo del territorio. Es como si dijéramos que la violación a un artículo del Código Penal es válido en una provincia e  invalido en otra.

La decisión de la JCE vulnera la ley, pues interpreta erróneamente el artículo 104 de la Ley 15-19 e inicia un peligroso camino de descalificación como ente organizador y regulador de las próximas elecciones.

La implementación del voto de arrastre en una parte del país y en otra no, es inentendible e inaceptable, por lo que demandamos su rectificación, ya que las leyes son de cumplimiento obligatorio para todos y no para una parte de la población.

La JCE acaba de hacer una aplicación dicotómica de la ley 15-19. Las leyes no se interpretan, sino que se aplican; y mucho menos, asignarlas de una forma distinta en el mismo ámbito territorial.

Las seis demarcaciones donde se aplicará el voto de arrastre representan el 57% del total de diputados provinciales,  más del 58% de todos los colegios electorales del país y el 59% de todos los electores del país, lo que indica que seis de cada diez votantes lo harán bajo el sistema del voto de arrastre, pese a que el mismo fue eliminado entre senadores y diputados.

Por tanto, la JCE ha jugado con la inteligencia del dominicano, porque el hecho de que hayan individualizado la implementación del voto de arrastre, demuestra que el Pleno de la JCE está convencido de que la Ley creó cuatro niveles de elección, pero ellos se parcializan para complacer a un grupo  de senadores, con lo que evidencian que han perdido legitimidad para arbitrar el próximo proceso electoral, a menos que no rectifiquen de inmediato.

Un proceso electoral no pueda quedar entrampado en juegos polisémicos, ni bifurcaciones, sino sujeto estrictamente a la seguridad jurídica. Esta decisión nos deja en la “nada” y solo dios ha sido capaz de hacer el mundo a partir de la nada.

Vemos además con preocupación que en el Reglamento de candidaturas aprobado también ayer, no se contempla cómo se aplicarán los porcentajes del 40%-60% de género, ni el 10% para la juventud.

Anunciamos que comenzaremos desde hoy mismo a exponer ante Organismos Internacionales, la grave situación de inseguridad jurídica que afecta el próximo proceso electoral. Como parte de esta gestión, la Organización Demócrata de América Latina ha emitido una declaración de prensa que también entregaremos aquí hoy y lo propio comenzaran a hacer otras instancias políticas del mundo. Estaremos vigilantes y no cejaremos en nuestra lucha para garantizar que las próximas elecciones sean la expresión libre y soberana del pueblo y no el resultado de conciliábulos de aposentos  o del control que ejerce el partido de gobierno en la mayoría de los estamentos de Poder del país.

Con árbitros parciales, que quieren aplicar la Ley a su antojo, permitiendo campaña a destiempo, gastos excesivos que ya superan los topes  permitidos por la Ley, y estructurar Juntas Electoras parciales al PLD, es imposible que pueda surgir algo bueno del próximo proceso electoral.

Llamamos a la sociedad civil, a las iglesias,  al sistema de partidos no comprometido con estas violaciones, a líderes sindicales, gremiales, al empresariado y otras instancias del pueblo, a pronunciarse y demandar de la Junta Central que ajuste sus decisiones a las normas de transparencia, equidad y apego absoluto a la Ley.

El país no resiste más crispaciones. O marchamos en paz hacia un proceso electoral igual para todos, o nos encaminamos al caos, la ingobernabilidad y la desobediencia civil.