Por: Federico Antún Batlle
La República Dominicana enfrenta una disyuntiva crucial en su modelo económico: continuar apoyando su crecimiento en sectores de servicios como el turismo, las zonas francas y las remesas, o integrar de forma más decidida el desarrollo minero dentro de una planificación estratégica a largo plazo.
Este debate no es solo técnico, sino esencial para definir qué tipo de país queremos construir en los próximos 15 a 20 años.
Durante las últimas décadas, el dinamismo de la economía dominicana ha descansado en actividades de servicios que generan divisas y empleo, pero con escasa capacidad de arrastre sobre el resto del aparato productivo.
El turismo aporta cerca del 16 % del PIB, las zonas francas sostienen miles de empleos industriales orientados a la exportación, y las remesas mantienen el consumo interno y reducen la pobreza.
Sin embargo, estos pilares presentan vulnerabilidades: dependen de factores externos como el flujo de visitantes internacionales, la estabilidad de los mercados globales y la situación económica de los dominicanos en el exterior. Son motores que responden más al entorno global que a la capacidad productiva interna.
El modelo basado en servicios, aunque exitoso en el corto plazo, tiende a reproducir una estructura económica poco diversificada. El valor agregado local es limitado, la productividad se estanca y la desigualdad territorial se profundiza. Las regiones turísticas y francas prosperan, mientras amplias zonas rurales permanecen rezagadas.
Además, la economía se vuelve más sensible a los ciclos globales y a los choques externos —una pandemia, una recesión o una crisis energética— que pueden afectar gravemente los ingresos nacionales y el empleo.
Por otro lado, el desarrollo minero ofrece una oportunidad diferente, aunque no exenta de riesgos. La explotación responsable de los recursos minerales —oro, níquel, cobre y otros— puede generar ingresos fiscales significativos, fortalecer la balanza de pagos y financiar inversiones en infraestructura, educación y tecnología.
Pero para que la minería se convierta en motor de desarrollo sostenible, requiere una gestión estatal eficiente, regulaciones ambientales estrictas y una visión que privilegie la transformación local de los recursos.
No se trata de extraer más, sino de agregar más valor dentro del territorio nacional.
La clave no es elegir entre servicios o minería, sino articular ambos sectores dentro de una planificación nacional coherente. Un plan de desarrollo económico a 15 o 20 años debe vincular la renta minera con la diversificación productiva, invertir en innovación y formación técnica, y aprovechar los ingresos temporales de la minería para fortalecer sectores permanentes, como la agricultura moderna, la industria local y las energías renovables.
La República Dominicana necesita superar la dependencia de flujos externos —turistas, remesas, capital extranjero— y construir una economía basada en la producción interna, el conocimiento y la equidad territorial.
El desarrollo sostenible no puede ser fruto del azar ni de la coyuntura, sino de una estrategia clara, consensuada y de largo plazo. Solo así el crecimiento dejará de ser vulnerable y podrá convertirse en verdadero progreso nacional.