Por: Ing. Federico Antún Batlle
La República Dominicana necesita una reforma fiscal integral que combine responsabilidad, equidad y visión de desarrollo. El objetivo no debe ser simplemente recaudar más, sino recaudar mejor: reducir el déficit fiscal, mejorar la calidad del gasto público y contribuir a una distribución más justa de las riquezas, sin cargar sobre los hombros de la clase media, que ya soporta gran parte del peso del sistema tributario.
Uno de los principales problemas del esquema actual es la proliferación de exenciones y tratamientos preferenciales que, aunque en su origen pudieron tener justificación, hoy representan un sacrificio fiscal elevado y, en muchos casos, poco transparente. Estas exenciones reducen la base tributaria, distorsionan la competencia y obligan al Estado a compensar la falta de ingresos con deuda o con impuestos indirectos que afectan más a quienes menos tienen.
Una reforma sensata debe partir de una revisión exhaustiva de todas las exenciones. No se trata de eliminarlas de manera indiscriminada, sino de evaluar cuáles realmente generan empleo, inversión productiva y valor agregado nacional, y cuáles se han convertido en simples privilegios. Al reducir gradualmente las exenciones ineficientes, el Estado puede ampliar la base de contribuyentes sin subir las tasas impositivas que afectan a la clase media y a los sectores productivos formales.
Al mismo tiempo, es imprescindible fortalecer la administración tributaria, combatir la evasión y la elusión, y simplificar los procedimientos. Un sistema complejo y opaco favorece al que puede pagar asesores para esquivarlo y castiga al que cumple. La equidad fiscal no solo depende de las leyes, sino también de su aplicación justa y firme.
La clase media debe ser protegida. Ella es el motor del consumo, del ahorro y de la estabilidad social. Cargarla con nuevos impuestos o con aumentos en los ya existentes solo profundizaría el estancamiento económico y el descontento. La reforma debe orientarse a que paguen más quienes más tienen y, sobre todo, quienes hoy pagan poco o nada pese a tener alta capacidad contributiva.
Pero una reforma fiscal no puede verse aislada del gasto público. La ciudadanía estará más dispuesta a contribuir si percibe que sus recursos se usan con eficiencia, transparencia y sin despilfarro. Reducir el déficit fiscal no es solo cuestión de ingresos; también implica priorizar inversiones, eliminar gastos improductivos y combatir la corrupción.
En síntesis, la República Dominicana necesita una reforma fiscal integral que amplíe la base, reduzca privilegios injustificados, proteja a la clase media y fortalezca la institucionalidad. Solo así podremos avanzar hacia un Estado financieramente sostenible y hacia una sociedad donde la riqueza se distribuya con mayor justicia y el desarrollo sea verdaderamente inclusivo.