Por Ing. Federico Antún Batlle
La República Dominicana ha sido presentada en los últimos años como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. Las cifras macroeconómicas muestran expansión del Producto Interno Bruto, dinamismo en el turismo, crecimiento en las zonas francas y estabilidad relativa en los indicadores financieros. Sin embargo, para una parte significativa de la población, ese crecimiento no se traduce en mejor calidad de vida ni en mayor bienestar social.
Existe una marcada diferencia entre crecimiento económico y desarrollo humano. El crecimiento se mide en números: más producción, más inversión, más exportaciones. El desarrollo, en cambio, se percibe en la cotidianidad: mejores salarios, acceso a servicios de salud eficientes, educación de calidad, seguridad ciudadana y oportunidades reales de progreso. Cuando la economía crece pero el costo de la vida aumenta más rápido que los ingresos, la mayoría trabajadora siente que el progreso es ajeno.
En muchos hogares dominicanos el ingreso apenas alcanza para cubrir necesidades básicas. El aumento en los precios de alimentos, energía eléctrica, transporte y alquileres erosiona el poder adquisitivo. Aunque el Estado recaude más y los sectores productivos generen mayores utilidades, si no se distribuyen adecuadamente los beneficios del crecimiento, la desigualdad se profundiza y se debilita la cohesión social.
El modelo económico vigente ha favorecido sectores específicos con incentivos y exenciones, mientras amplios segmentos de la población informal sobreviven sin seguridad social ni estabilidad laboral. Es necesario revisar la estructura productiva para impulsar una economía más inclusiva, donde las pequeñas y medianas empresas tengan acceso real a financiamiento, capacitación tecnológica y mercados competitivos.
La inversión en infraestructura es importante, pero debe ir acompañada de inversión en capital humano. Una educación técnica y universitaria alineada con las demandas del mercado laboral permitiría que más dominicanos participen de los beneficios del crecimiento. Asimismo, fortalecer el sistema de salud pública y garantizar servicios básicos eficientes contribuiría a reducir la brecha entre estadísticas y realidad social.
El crecimiento económico sostenible debe estar sustentado en productividad, innovación y transparencia en la administración pública. Combatir el despilfarro y la corrupción no solo es un imperativo ético, sino también económico. Cada peso mal utilizado es una oportunidad perdida para mejorar escuelas, hospitales o programas sociales.
No se trata de frenar el crecimiento, sino de orientarlo hacia el bienestar colectivo. Una política fiscal equilibrada, que reduzca privilegios innecesarios y priorice el gasto social eficiente, puede contribuir a una distribución más justa de la riqueza. El desarrollo regional equilibrado también es clave, para evitar que la prosperidad se concentre únicamente en determinadas zonas urbanas.
El verdadero éxito económico no debe medirse únicamente por estadísticas macroeconómicas, sino por la percepción de progreso en la vida diaria de la gente. Cuando el trabajador puede ahorrar, el joven consigue empleo digno y la familia vive con estabilidad, entonces el crecimiento habrá cumplido su propósito.
La República Dominicana tiene el potencial y los recursos para lograrlo. El desafío es transformar el crecimiento en bienestar tangible para las mayorías, fortaleciendo la equidad, la productividad y el compromiso con el bien común. Solo así el desarrollo dejará de ser un dato en los informes y se convertirá en una realidad palpable para todos.