Hoepelman reclama una auditoría nacional e independiente del Registro Civil antes de considerar cualquier legislación extraordinaria sobre identidad y documentación.
Santo Domingo, República Dominicana, 11 de noviembre de 2026. — El vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), José Hoepelman, expresó su firme oposición al proyecto de ley que establece un régimen especial para la determinación o reconstrucción de la identidad y la regularización de la documentación personal, advirtiendo que la iniciativa podría convertirse en un instrumento de impunidad documental, comprometer el control migratorio y debilitar los mecanismos institucionales de protección de la identidad nacional.
«La frontera que protege nuestra soberanía y nuestra identidad nacional no es solamente una frontera física que delimita nuestro territorio; es también una frontera jurídica, sostenida por nuestras leyes, y una frontera institucional, garantizada por un Registro Civil sólido, confiable e íntegro. De poco sirve proteger nuestras fronteras territoriales si permitimos que se debiliten los mecanismos legales que determinan quiénes somos y quiénes tienen derecho a ser reconocidos como nacionales dominicanos», manifestó Hoepelman.
El dirigente reformista señaló que los artículos 21 y 23 del proyecto permiten la presentación electrónica de solicitudes de regularización sin exigir necesariamente una instancia formal, asistencia profesional o la aportación inicial de todos los documentos que permitan acreditar la identidad alegada. A esto se suma el artículo 55, que obliga a la Junta Central Electoral a expedir una constancia oficial sobre la existencia y el estado de tramitación del expediente.
«Imaginemos miles de solicitudes presentadas electrónicamente, sustentadas en declaraciones cuya veracidad todavía no ha sido comprobada. El Estado tendría que recibirlas, abrir los expedientes correspondientes y expedir constancias oficiales de su tramitación. ¿Estamos conscientes de las consecuencias que podría tener semejante mecanismo en un país que enfrenta importantes desafíos de control migratorio y de integridad documental?», cuestionó.
El vicepresidente del PRSC advirtió que estas constancias podrían ser utilizadas por extranjeros en situación migratoria irregular para intentar obstaculizar procedimientos de deportación, invocando la existencia de una solicitud pendiente ante la Junta Central Electoral.
«Aunque una constancia de trámite no constituye por sí misma un permiso migratorio ni suspende legalmente una deportación, podría utilizarse para promover incidentes y reclamaciones destinados a retrasar la ejecución de las decisiones migratorias. Una ley concebida para resolver irregularidades documentales no debe terminar ofreciendo una herramienta procesal a quienes pretendan eludir los controles del Estado», enfatizó.
Asimismo, manifestó preocupación por la posibilidad de que los procedimientos extraordinarios de reconstrucción de identidad permitan preservar determinados efectos jurídicos derivados de documentos obtenidos mediante falsedades, irregularidades o suplantaciones, aun cuando el proyecto establezca que tales procedimientos no convalidan automáticamente actuaciones ilícitas.
«Una cosa es proteger a un ciudadano dominicano cuya identidad legítima ha sido afectada por una irregularidad administrativa o una suplantación, y otra muy distinta es crear un régimen extraordinario que pueda ser aprovechado por quienes utilizaron documentación falsa para construir una apariencia de legalidad. La primera situación exige protección del Estado; la segunda exige investigación y determinación de responsabilidades», precisó.
Hoepelman vinculó estas preocupaciones con el pensamiento histórico de Joaquín Balaguer, principal referente doctrinal del reformismo, cuya obra La isla al revés aborda la diferenciación histórica de los pueblos que comparten la isla y la preservación de la identidad nacional. Señaló que esa reflexión histórica obliga a examinar con especial responsabilidad las consecuencias institucionales de cualquier legislación relacionada con la identificación de las personas.
Auditoría nacional del Registro Civil antes de cualquier reforma legislativa.
Como propuesta concreta, Hoepelman planteó que, antes de ponderar cualquier iniciativa legislativa destinada a resolver las irregularidades registrales y documentales que sirven de fundamento al proyecto, el Estado dominicano debe ordenar una auditoría integral, independiente y técnicamente rigurosa del Registro Civil.
Dicha auditoría deberá contar con la participación de entidades públicas y privadas, organismos de control y fiscalización, especialistas en derecho constitucional y registral, expertos en auditoría forense, seguridad documental y sistemas biométricos, así como representantes de organizaciones profesionales y académicas independientes.
Su objetivo deberá ser determinar la magnitud de las irregularidades existentes, identificar sus causas, detectar posibles redes de falsificación o suplantación y distinguir los casos de ciudadanos legítimamente afectados de aquellos en los que pudieran existir actuaciones fraudulentas.
«Antes de crear nuevas categorías documentales o procedimientos extraordinarios de reconstrucción de identidad, debemos saber exactamente qué ocurrió dentro de nuestro Registro Civil, cuántas identidades están comprometidas y quiénes tienen responsabilidad por esas irregularidades. No podemos pretender corregir lo que todavía no hemos investigado suficientemente», declaró.
Llamado al Congreso Nacional y a las instituciones del Estado.
El vicepresidente reformista hizo un llamado al Congreso Nacional para que no avance en la aprobación de este régimen extraordinario sin que previamente se realice una evaluación independiente de las irregularidades que pretende resolver y de sus posibles consecuencias sobre el sistema nacional de identificación.
Asimismo, exhortó a la Junta Central Electoral, a los organismos de fiscalización y a las instituciones competentes a impulsar una auditoría cuyos resultados sean puestos a disposición del país, con las debidas garantías de protección de los datos personales y de las investigaciones correspondientes.
«Este no es un asunto que deba resolverse mediante la aprobación apresurada de una ley. El Congreso tiene la responsabilidad de exigir respuestas, la Junta Central Electoral debe ofrecer un diagnóstico verificable y las fuerzas políticas tenemos el deber de contribuir a una solución institucional que no comprometa la seguridad jurídica del país», afirmó.
Finalmente, sostuvo que la renovación del Partido Reformista Social Cristiano debe traducirse en propuestas concretas y en la disposición de asumir responsabilidades frente a los desafíos nacionales.
«Desde el reformismo hacemos un llamado a las autoridades y a todas las fuerzas políticas para que este debate comience por donde corresponde: la verdad sobre nuestro Registro Civil. No se puede construir una solución legislativa sólida sobre irregularidades cuya dimensión y origen todavía no han sido esclarecidos. Primero auditemos, identifiquemos las responsabilidades y corrijamos las fallas institucionales. Después, con la verdad establecida y las garantías necesarias, discutamos las soluciones legislativas que el país realmente necesita», concluyó.