El gran moderador de conflictos en la República Dominicana, Monseñor Agripino Núñez Collado anunció ayer que desde ya inició el proceso de recopilación de los proyectos de ley de partidos políticos y de garantías electoral que han elaborado las agrupaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y la Junta Central Electoral (JCE), con el objetivo de consensuar un proyecto final que satisfaga las necesidades del sistema electoral nacional.
Con el anuncio, el prelado dominicano acepta el pedido hecho por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en carta enviada recientemente por su presidente y líder, ingeniero Federico Antún Batlle, en la cual la organización política solicitaba a Núñez Collado que reasumiera su papel de mediador de conflictos, que tanto aporte ha hecho a la tranquilidad del país y a la democracia.
El gran moderador de conflictos en la República Dominicana, Monseñor Agripino Núñez Collado anunció ayer que desde ya inició el proceso de recopilación de los proyectos de ley de partidos políticos y de garantías electoral que han elaborado las agrupaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y la Junta Central Electoral (JCE), con el objetivo de consensuar un proyecto final que satisfaga las necesidades del sistema electoral nacional.
Con el anuncio, el prelado dominicano acepta el pedido hecho por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en carta enviada recientemente por su presidente y líder, ingeniero Federico Antún Batlle, en la cual la organización política solicitaba a Núñez Collado que reasumiera su papel de mediador de conflictos, que tanto aporte ha hecho a la tranquilidad del país y a la democracia.
Núñez Collado explicó que una vez tenga todos esos proyectos convocará a los partidos políticos para hacerles entrega de cada uno de los proyectos recibidos, a fin de que se retiren a estudiarlos y puedan presentar recomendaciones dentro de un plazo que se daría a conocer de común acuerdo en el proceso de mediación.
Informó que recibió una llamada del presidente de la República el pasado 8 de junio con la intención de que se encargara de la mediación entre los partidos políticos para impulsar la esperada reforma al sistema de partidos políticos.
Dijo que desde ese día ha estado en contacto con todos los partidos políticos, que aceptaron su intención de mediación, y solo se estaba a la espera de la aprobación de la alta dirigencia de las agrupaciones.
“Cuando tenga a manos todos los proyectos convocaré a los partidos políticos para que se fije un periodo de tiempo para estudiarlos, para lograr que de todos salga uno de consenso que tranquilice a todos los sectores de la vida nacional”, explicó el prelado.
El procedimiento sería, de acuerdo a Núñez Collado, que un primer encuentro los partidos políticos pongan una fecha para volver a reunirse, donde llevarán por escrito las comparaciones que harán con sus proyectos de leyes.
El prelado le propondrá a los partidos políticos agregar a las discusiones a organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y al sector empresarial en la figura del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). Entidades que han estado muy activas, junto a los partidos políticos, en la demanda de que se apruebe la reforma electoral.
El proyecto de ley de partidos lleva más de 16 años en discusiones entre los actores de la sociedad civil y los partidos políticos, pero las agrupaciones aún no se han puesto de acuerdo sobre temas fundamentales como los topes en el financiamiento privado y la publicidad de quienes dan el dinero a los partidos políticos.
El partido oficial es el que mayores obstáculos ha presentado para la aprobación de la reforma electoral, en virtud de las ventajas que le ofrece la actual legislación con el uso abusivo de los recursos públicos en las elecciones.
Las múltiples irregularidades cometidas en el pasado proceso electoral, todas en favor del partido oficial y de sus candidatos, ha dado la voz de alarma a diversos sectores sociales, en el sentido de que no se puede acudir a otras elecciones sin un marco jurídico que garantice la participación en igualdad de condiciones de todos los partidos políticos.
En ese sentido se han pronunciado todos los partidos políticos existentes en el país, las organizaciones de la sociedad civil, así como las diversas instituciones internacionales que concurrieron a observar las elecciones del pasado día 15 de mayo, especialmente, la Organización de Estados Americanos (OEA).