Con la observaciones presentadas por el remiso Partido de la Liberación Dominicana al proyecto de ley sobre Partidos Políticos que por más de diez años cursa en el Congreso de la República sin que hasta la fecha haya sido conocido, se despeja el camino hacia la aprobación de tan importante instrumento cuya finalidad persigue establecer reglas que disciplinen la vida interna de la agrupaciones políticas, con el fin de garantizar la democracia interna y para procurar que los procesos eleccionarios se lleven a cabo revestidos de todo género de pulcritud y garantía para los participantes.
Con la observaciones presentadas por el remiso Partido de la Liberación Dominicana al proyecto de ley sobre Partidos Políticos que por más de diez años cursa en el Congreso de la República sin que hasta la fecha haya sido conocido, se despeja el camino hacia la aprobación de tan importante instrumento cuya finalidad persigue establecer reglas que disciplinen la vida interna de la agrupaciones políticas, con el fin de garantizar la democracia interna y para procurar que los procesos eleccionarios se lleven a cabo revestidos de todo género de pulcritud y garantía para los participantes.
El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), a través de sus más connotados dirigentes, entre los cuales estuvieron su presidente, ingeniero Federico Antùn Batlle y su Secretario General, ingeniero Ramón Rogelio Genao, se convirtió en el principal demandante dentro de la oposición política en el país, para que dicho instrumento legal sea conocido y aprobado en el Congreso, debido a la importancia del mismo para transparentar los procesos eleccionarios en la República Dominicana. Igualmente, tuvo una activa participación, las organizaciones de la sociedad civil que se unieron a los reclamos de las organizaciones política.
Las condiciones para la aprobación del indicado proyecto están dadas, por lo que se considera que el mismo será convertido en ley en las próximas semanas, cuando sean conocidas las observaciones presentadas por el PLD y que constituían las causas de la demora del proyecto por tantos años durmiendo en el seno del Poder Legislativo.
Una de la modalidad que tendrá la nueva ley una vez aprobada, será que se establecerán sanciones a las agrupaciones que violen los plazos establecidos por la Junta Central Electoral para iniciar las campañas, debido a los graves inconvenientes que le ocasiona a la ciudadanía y a la economía del país, un estado permanente de campaña política. También se procura reducir el tiempo de campaña como una forma de evitar el dispendio de recursos y los gastos excesivos en el proceso, lo que solo privilegia a los competidores más ricos y poderosos, lo que resulta excluyente para la participación de los más pobres.
Igualmente se descarta que las elecciones primarias se celebren simultáneamente el mismo día en todos los partidos. En ese aspecto el consenso deja en libertad a los partidos para que fijen su fecha de elecciones primaria internas, siempre dentro de los plazos que establezca la Junta Central Electoral en ese sentido. Se tomó en consideración una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional, en el año 2005, una ley aprobada en el 2004 que establecías la celebración de asamblea primarias simultánea el mismo día.
La Constitución vigente y que fuera promulgada en el 2010, reconoce las decisiones de la Suprema Corte de Justicia antes de ese año, las que adquieren fuerza de ley y son vinculantes a todos los órganos públicos.
La propuesta ya consensuada otorga libertad a los partidos para que escojan la modalidad de elección que estime más conveniente, pero que si decide escoger sus candidatos por asambleas primarias lo debe hacer dentro del período en el que la Junta Central Electoral abre la precampaña electoral, sin embargo, si la precampaña se hace antes de los plazos establecidos por el órgano electoral, habría sanciones penales para quienes los violen.
En algunas propuestas hechas por la sociedad civil se solicita que se prohíba al Presidente de la República inaugurar obras tres meses antes de la fecha de las elecciones, la que fue rechazada de plano por el PLD, partido que siempre ha utilizado ese mecanismo para favorecer a sus candidatos en tiempo de elecciones.
Se informó de manera extra oficial, que el proyecto definitivo va a establecer sanciones a los partidos que hagan uso de fondos públicos no autorizados para financiar sus campañas políticas.
El artículo 35 del proyecto depositado por la JCE establece que el período en el cual los partidos deberán celebrar sus procesos internos para escoger sus candidatos a puestos electivos será iniciando un año antes del día de las elecciones, y culminando dicho período siete meses antes de las elecciones generales.
El artículo 36 de ese proyecto, indica que “los partidos y agrupaciones políticas reglamentarán las primarias internas a celebrarse en fecha determinada por el organismo competente del partido o agrupación política, dentro del período de la precampaña, para elegir las y los candidatas (os) a los distintos cargos de elección popular en las siguientes elecciones ordinarias, independientemente del tipo de elecciones generales de que se trate”. Los partidos decidirán si ponen en manos de la JCE la organización de esos procesos.
En términos generales, se considera que la aprobación de la nueva Ley de Partidos Políticos significará un importante aporte que beneficiará a los partidos de una manera funcional y va a contribuir al fortalecimiento democrático del país.