por Secretaría de Comunicaciones | Jul 14, 2025 | Noticias
Tras la caída de Trujillo en 1961, la República Dominicana quedó sumida en una profunda inestabilidad política, económica y social, reflejada también en el precario estado del sistema eléctrico nacional. En aquel contexto, el acceso a la electricidad era un privilegio limitado casi exclusivamente a las grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago, mientras que el resto del país permanecía sumido en la oscuridad o dependía de sistemas eléctricos rudimentarios y aislados. La infraestructura que dejó la dictadura era obsoleta, insuficiente y dependiente casi por completo del petróleo, lo que hacía al país altamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional.
Durante ese periodo, la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) operaba sin planificación adecuada ni capacidad financiera para expandir o modernizar el sistema. Las inversiones públicas eran mínimas, las pérdidas técnicas elevadas y la calidad del servicio, deficiente, con apagones constantes y prolongados que limitaban tanto la calidad de vida de la población como las posibilidades de desarrollo económico. La situación se agravó aún más tras la Revolución de Abril de 1965 y la posterior intervención militar estadounidense, relegando el tema energético en la agenda nacional frente a la urgencia de estabilizar el país.
Frente a este panorama, durante los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer, el país vivió una verdadera transformación en el sector eléctrico. El gobierno reformista ejecutó una política de inversión pública sin precedentes, financiada en su mayoría con recursos estatales, orientada a diversificar la matriz energética. Así se construyeron importantes proyectos hidroeléctricos como las presas de Tavera-Bao, Valdesia, Jigüey, Aguacate, Río Blanco y Rincón, logrando reducir la dependencia del petróleo y estableciendo una capacidad instalada más limpia, estable y sostenible. Esta estrategia fue acompañada de la modernización de plantas térmicas, la expansión de la red de transmisión y el acceso a la electricidad en regiones históricamente marginadas, sentando así las bases para la industrialización nacional.
Cuando el Partido Reformista entregó el poder en 1996, el país contaba con un sistema energético estable, con una matriz diversificada entre generación hidráulica y térmica. Sin embargo, los gobiernos que le sucedieron no supieron consolidar ni desarrollar este legado. Aunque se diversificó la generación incorporando energías renovables no convencionales, la falta de inversión sostenida en la red de transmisión y distribución impidió que esos avances se tradujeran en un servicio estable y eficiente. El sistema degeneró en un modelo dependiente de subsidios crecientes y una gestión cada vez más ineficiente.
Hoy, el sistema eléctrico dominicano enfrenta una paradoja: existe capacidad de generación suficiente, pero sustentada en una matriz de costos elevada y con una infraestructura técnica deteriorada e ineficiente, sobre todo en la distribuidoras. A pesar de algunos avances en energías renovables, su desarrollo es limitado frente a lo que el país realmente necesita. Las pérdidas técnicas superan el 39% y los apagones se mantienen, mientras el subsidio estatal supera los 1,500 millones de dólares anuales, convirtiéndose en una carga fiscal insostenible.
Si el Partido Reformista Social Cristiano hubiese continuado en el poder después de 1996, la historia habría sido diferente. El PRSC habría mantenido la expansión de la capacidad instalada bajo el liderazgo estatal, promoviendo una participación privada gradual y estratégicamente regulada. El esquema de capitalización habría sido de carácter mixto, pero con un control estratégico absoluto por parte del Estado sobre los activos esenciales. El reformismo habría seguido fortaleciendo la infraestructura pública, especialmente en generación hidráulica, reduciendo la dependencia del petróleo y del gas natural importado.
Asimismo, el PRSC habría promovido desde finales de los años noventa un plan agresivo para la incorporación de energías renovables no convencionales, desarrollando parques eólicos y solares en las zonas de mayor potencial, además de impulsar el uso de biomasa. Esto habría estado acompañado por una modernización institucional temprana, creando y fortaleciendo un Ministerio de Energía y Minas que, desde entonces, hubiese liderado una política energética integral, sostenible y al servicio del desarrollo nacional.
En materia financiera, el reformismo habría sostenido una política de disciplina fiscal, evitando que el subsidio eléctrico creciera al nivel actual, e imponiendo límites claros al gasto corriente. Se habría priorizado la sostenibilidad del sistema mediante tarifas justas y mecanismos eficientes de recuperación de costos. La electrificación rural también habría sido una prioridad, siguiendo la tradición de obras públicas reformistas, integrando a muchas más comunidades rurales al sistema eléctrico nacional y reduciendo la brecha de desigualdad territorial.
El PRSC siempre ha demostrado su capacidad de adaptarse a los tiempos y anticipar los retos del desarrollo. De haberse mantenido al frente del gobierno, el país habría consolidado un sistema energético diversificado, sólido y financieramente sostenible, menos vulnerable a los vaivenes internacionales y más eficiente en su gestión interna.
En conclusión, los gobiernos reformistas demostraron que el desarrollo del sector eléctrico no es el resultado del azar, sino de una visión de Estado, una planificación responsable y una inversión pública decidida. El legado energético del reformismo no solo iluminó al país, sino que sirvió como plataforma para el progreso económico y social. Hoy, cuando el sistema eléctrico enfrenta desafíos estructurales y financieros graves, es imprescindible reflexionar sobre la gestión disciplinada, eficiente y sostenible que caracterizó al PRSC. Retomar esa visión, adaptada a los retos actuales, es quizás la única vía para rescatar el sistema eléctrico y garantizarle a las futuras generaciones un servicio estable, justo y verdaderamente soberano.
Por: José Balaguer
Miembro del Directorio Presidencial del PRSC
por Secretaría de Comunicaciones | Jul 13, 2025 | Noticias
Santo Domingo, RD. – El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rafael Cruz Rodríguez, exhortó al Senado de la República para que preserve sin modificación el artículo 226 del Código de Trabajo (Ley 16-92), el cual exceptúa a las empresas del régimen de zonas francas del pago de la bonificación legal a los trabajadores.
En ese contexto, subrayó que tanto la Ley 8-90 como el régimen de zonas francas constituyen un legado visionario del presidente Joaquín Balaguer, pensado para el desarrollo del país y el bienestar de las futuras generaciones.
“Como secretario general del PRSC, pienso que debemos retomar la misma posición que hemos expresado anteriormente.
Agregó que tanto la Ley 8-90 como el régimen de zonas francas constituyen un legado del presidente Joaquín Balaguer para las nuevas generaciones. Esta reforma no puede convertirse en una reforma fiscal encubierta, especialmente cuando el presidente ya ha descartado ese tema públicamente”, puntualizó.
Cruz Rodríguez advirtió que esta disposición legal ha sido importante para atraer inversión extranjera, generar más de 200 mil empleos formales y consolidar un sector que hoy representa más del 60 % de las exportaciones nacionales de bienes, resaltando que el artículo 226 es una decisión de política pública que ha funcionado durante décadas, permitiendo que la República Dominicana se mantenga como un destino competitivo frente a otras economías que también luchan por captar inversión.
Adicionalmente, Papito Cruz señaló, que modificar este artículo iría en contradicción con la política de rescate, recuperación y potencialización del sector zonas francas que el presidente Luis Abinader ha impulsado con un éxito notable desde el año 2020.
El alto dirigente reformista reiteró que esta exención ha estado vigente desde la creación del Código en 1992, y que incluso existen antecedentes normativos previos que respaldan su existencia como parte del marco legal especial que dio origen al régimen de zonas francas.
“Este artículo es fruto de un consenso histórico que permitió construir un ecosistema favorable para la inversión y la generación de empleos formales y una preservación de las zonas francas del país . Alterarlo en este momento, cuando el sector atraviesa una etapa de expansión, sería un grave error que pondría en riesgo su sostenibilidad”, enfatizó Cruz.
El también director general de Proindustria, advirtió que modificar esta disposición introduciría incertidumbre jurídica y podría encarecer las operaciones de muchas empresas, abriendo la posibilidad de que trasladen sus inversiones hacia otras jurisdicciones más competitivas.
Finalmente, el Secretario General del PRSC reiteró, que la organización política que representa defenderá este marco legal como una conquista de largo plazo, que ha contribuido significativamente a la estabilidad económica, la generación de empleos y la competitividad del país.
por Secretaría de Comunicaciones | Jul 10, 2025 | Noticias
Quique Antún solicita que se busquen otras alternativas
Santo Domingo.- El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) declaró su oposición a los planes de “mutilar” el Jardín Botánico, en el Distrito Nacional, por lo que exhortó a las autoridades a pensar en otras alternativas para preservar ese pulmón de la ciudad capital.
El presidente del PRSC, Federico -Quique- Antún, entiende que en estos tiempos se hace necesario preservar lugares como este, de esparcimiento y de especies vegetales, “tal como fue concebido”.
“Se trata de un área de vegetación natural silvestre, el cual tiene un rol indispensable en la generación de un ambiente sano para los habitantes”, explicó.
Sostuvo que no hay razones válidas, como buscar soluciones a la movilidad urbana, para mutilar un área de vegetación natural silvestre como el Jardín Botánico.
“Que busquen otras alternativas, porque la ingeniería es ingeniársela”, agregó.
Quique Antún insistió que las autoridades de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente y del gobierno nacional, deben preservar ese pulmón de la ciudad, “habida cuenta de que es una de las áreas donde las familias dominicanas pueden ir a nutrirse de un aire puro”.
Sostuvo que debe haber otra salida que no sea mutilar un valioso espacio para la recreación y el esparcimiento.
Recordó que el Jardín Botánico fue concebido como una forma de proteger y desarrollar la flora nacional.
por Secretaría de Comunicaciones | Jun 25, 2025 | Noticias
Santo Domingo.– El alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y asesor del Senado de la República, José Balaguer, advirtió hoy sobre las graves implicaciones que podría tener el conflicto entre Israel e Irán, en caso de una interrupción del tránsito de petróleo y gas natural por el Estrecho de Ormuz.
Balaguer subrayó que una interrupción en el tránsito energético por el Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20 % del petróleo mundial y una proporción significativa del gas natural licuado (GNL), generaría un aumento inmediato de los precios internacionales de ambos combustibles, con repercusiones directas en la República Dominicana.
“Estamos ante una amenaza externa con alto potencial desestabilizador. No solo el petróleo se vería afectado; el gas natural también sufriría una fuerte presión alcista. Esto impactaría directamente el sistema eléctrico nacional, encareciendo la generación, aumentando los subsidios y tensionando aún más el presupuesto público”, afirmó.
Impacto económico y fiscal del alza del petróleo y del gas natural
Balaguer explicó que, de mantenerse la tendencia alcista de los precios, los efectos se sentirían en cinco áreas clave:
- Incremento del costo de generación eléctrica:
La matriz eléctrica dominicana depende en aproximadamente un 74 % de fuentes térmicas fósiles, principalmente gas natural, fuel oil y carbón. Si los precios internacionales de estos insumos suben, el costo marginal del sistema aumentará de manera inmediata, afectando las compras de energía por parte de las Empresas Distribuidoras (EDEs).
- Mayor carga financiera para las distribuidoras:
Las EDEs estarían obligadas a pagar más por la energía comprada a generadores térmicos, sin que necesariamente puedan traspasar ese costo al usuario final. Esto generaría mayores déficits operativos que deberán ser cubiertos por el Estado.
- Incremento del subsidio eléctrico:
Actualmente, el subsidio eléctrico supera los RD$70,000 millones anuales. En un escenario de crisis energética internacional, esta cifra podría superar los RD$100,000 millones, afectando seriamente las finanzas públicas.
- Presión inflacionaria:
El alza de combustibles impactaría el transporte de mercancías, los costos logísticos y los precios al consumidor. Esto se traduciría en una inflación inducida por costos que reduciría el poder adquisitivo de los hogares dominicanos.
- Riesgos para la estabilidad cambiaria:
El aumento de la factura petrolera y gasífera requeriría más divisas para las importaciones, lo cual presionaría el tipo de cambio y deterioraría la balanza de pagos.
Una matriz energética aún vulnerable
Balaguer destacó que, a pesar de los avances, la matriz de generación eléctrica dominicana sigue siendo vulnerable ante choques internacionales, debido a su alta dependencia de combustibles fósiles.
“Actualmente, nuestra capacidad instalada ronda los 4,600 MW. De esta, un 36 % corresponde a gas natural, 21 % a fuel oil y diésel, y 17 % a carbón. Apenas un 11 % es solar, un 6 % eólica y un 7 % hidroeléctrica. Lo más preocupante es que la participación de sistemas de almacenamiento energético (BESS) es prácticamente inexistente en el sistema, lo que nos deja sin herramientas de respaldo frente a eventos externos de alta volatilidad.”
Llamado a una transición energética estructural
José Balaguer exhortó al Gobierno dominicano a actuar con visión estratégica y determinación ante la actual coyuntura internacional:
“Es urgente que se acelere la transición energética, fortaleciendo la incorporación de fuentes renovables firmes con almacenamiento. En particular, hago un llamado al Gobierno a otorgar sin más dilación los contratos de compra de energía (PPA) a los proyectos renovables con almacenamiento que ya cuentan con Concesión Definitiva y cumplen con los requisitos técnicos y regulatorios.”
“Existen proyectos renovables con almacenamiento que han esperado casi dos años por la firma de su Contrato de Compra de Energía (PPA), a pesar de tener todo en regla. Esa demora no solo frena la inversión y la generación de empleo, sino que debilita nuestra capacidad como país de responder ante crisis energéticas globales como la que ahora se avecina.”
Asimismo, instó a asegurar reservas estratégicas de combustibles, revisar los contratos indexados a precios internacionales, y priorizar políticas que promuevan la resiliencia energética nacional.
“Contar con una matriz diversificada y robusta no es una aspiración: es una necesidad estratégica para garantizar la seguridad eléctrica, proteger el presupuesto público y blindar a la economía dominicana frente a futuras crisis globales”, concluyó.
Tomado del El Caribe Digital.-
por Secretaría de Comunicaciones | Jun 25, 2025 | Noticias
Santo Domingo. – Ante las tensiones recientes en Medio Oriente, el senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, presentó una propuesta de contingencia orientada a proteger a la República Dominicana frente a posibles efectos económicos y comerciales derivados del conflicto entre Israel e Irán.
Aunque ambas naciones han declarado una tregua, el legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) considera que la incertidumbre persiste y que el país debe prepararse ante eventuales repercusiones.
Genao subrayó que la economía dominicana mantiene una alta dependencia de las importaciones, no solo de combustibles, sino también de productos estratégicos. Por ello, planteó la necesidad de adoptar un conjunto de medidas preventivas que permitan garantizar la estabilidad económica y energética del país.
Entre las propuestas que conforman su plan de contingencia destacan:
- Suspender temporalmente la Ley 35‑24 de Responsabilidad Fiscal hasta enero de 2027, con la finalidad de crear un fondo especial que permita al Estado responder con mayor agilidad a escenarios de crisis, mantener el ritmo de crecimiento económico y asegurar el suministro de bienes esenciales.
- Fomentar el desarrollo de energías renovables, especialmente solar y eólica, dada la carencia de producción petrolera en el territorio nacional.
- Constituir un fideicomiso bajo el nombre HIDRO‑RD, destinado a concluir proyectos hidroeléctricos en marcha e instalar sistemas de hidro-bombeo en plantas actuales y futuras. Esta estrategia permitiría añadir más de 1,000 megavatios de energía limpia a la red nacional entre 2025 y 2028.
El senador advirtió que el actual escenario geopolítico mundial refleja signos de una gran confrontación bélica, en la que se están utilizando tecnologías militares sin precedentes. Aunque celebró el cese temporal de hostilidades entre Israel e Irán, expresó escepticismo ante la posibilidad de una solución duradera y llamó a mantener la vigilancia.
“Estamos ante un conflicto que afecta a toda la humanidad. Por eso es crucial anticiparnos a sus impactos y actuar con responsabilidad”, concluyó Genao.
