Santo Domingo.– El presidente del Partido Reformista, Federico Antún Batlle (Quique Antún), rechazó de manera enérgica la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que pretende ordenar cambios en los límites del Parque Nacional Jaragua.
Antún afirmó que esa decisión es un abuso de competencia y un golpe directo a la Constitución, porque ningún tribunal puede reducir un área protegida por encima de la voluntad del Congreso y del interés nacional.
Además, Antún sostuvo que esta sentencia envía un mensaje equivocado al país, porque convierte las áreas protegidas en “territorios discutibles”, cuando en realidad son bienes irrenunciables de la nación. “Si permitimos que una decisión como esta prospere, estaremos legalizando el retroceso ambiental y debilitando la autoridad del Estado para proteger lo que es de todos los dominicanos”, puntualizó.
“El Parque Nacional Jaragua no se negocia, no se recorta y no se entrega. El TSA no puede convertirse en un instrumento para abrirle paso a presiones y ambiciones disfrazadas de legalidad”, advirtió.
El Partido Reformista sostuvo que esta sentencia debe ser enfrentada por las vías correspondientes, para evitar que mañana cualquier otra área protegida termine bajo el mismo ataque.
“Hoy es el Parque Nacional Jaragua, mañana puede ser cualquier parque nacional. Y eso no lo vamos a permitir”, concluyó Quique Antún.
El desarrollo de una nación no es producto del azar ni de decisiones tomadas al impulso del momento. Las sociedades que logran avanzar de manera sostenida lo hacen porque colocan la planificación en el centro de su acción pública y privada. En la República Dominicana, sin embargo, con frecuencia seguimos atrapados entre dos males que frenan nuestro progreso: la improvisación y la confusión entre lo necesario y lo verdaderamente prioritario.
Planificar no es un lujo burocrático ni un simple ejercicio técnico. Es, ante todo, un acto de responsabilidad con el presente y con el futuro. Significa definir metas claras, establecer prioridades y asignar los recursos escasos de forma coherente. La improvisación, por el contrario, suele nacer de la presión política, del deseo de mostrar resultados inmediatos o de la falta de una visión de largo plazo. Sus efectos casi siempre son los mismos: obras inconclusas, programas que no perduran y un uso ineficiente del dinero público.
Nuestro país ofrece numerosos ejemplos de decisiones tomadas sin la debida planificación. Proyectos iniciados sin estudios suficientes, cambios constantes de rumbo en políticas públicas y soluciones “de emergencia” que terminan volviéndose permanentes. Esta cultura de la improvisación genera desconfianza, eleva los costos y, lo más grave, impide construir bases sólidas para un desarrollo sostenido.
A este problema se suma otro no menos dañino: la confusión entre lo necesario y lo prioritario. Muchas cosas son necesarias en una nación con tantas carencias, pero no todo puede hacerse al mismo tiempo. Priorizar implica escoger, y escoger implica tener criterios claros basados en el bien común, no en la conveniencia política del momento. Cuando se invierten recursos en lo visible pero no en lo esencial, se puede ganar aplauso inmediato, pero se pierde futuro.
Por ejemplo, es necesario inaugurar obras, pero es prioritario garantizar educación de calidad, salud eficiente, seguridad jurídica e instituciones fuertes. Es necesario mejorar caminos y edificios, pero es prioritario asegurar su mantenimiento, su utilidad real y su integración a un plan nacional de desarrollo. Sin planificación, incluso lo que se hace con buena intención termina siendo ineficaz o insostenible.
Avanzar como nación exige un cambio de mentalidad. Debemos pasar de la cultura del “resolver” a la cultura del “prever”; del anuncio espectacular a la política pública seria y evaluable; del corto plazo al compromiso con las próximas generaciones. La planificación no elimina los imprevistos, pero sí reduce sus impactos y evita que la improvisación se convierta en norma.
La República Dominicana tiene talento, recursos y oportunidades. Lo que necesita con urgencia es ordenar sus esfuerzos, definir con claridad qué es lo prioritario y actuar con coherencia y continuidad. Solo así dejaremos de caminar a trompicones y comenzaremos, de verdad, a avanzar con rumbo firme hacia un desarrollo más justo y sostenible.
La República Dominicana necesita una reforma fiscal integral que combine responsabilidad, equidad y visión de desarrollo. El objetivo no debe ser simplemente recaudar más, sino recaudar mejor: reducir el déficit fiscal, mejorar la calidad del gasto público y contribuir a una distribución más justa de las riquezas, sin cargar sobre los hombros de la clase media, que ya soporta gran parte del peso del sistema tributario.
Uno de los principales problemas del esquema actual es la proliferación de exenciones y tratamientos preferenciales que, aunque en su origen pudieron tener justificación, hoy representan un sacrificio fiscal elevado y, en muchos casos, poco transparente. Estas exenciones reducen la base tributaria, distorsionan la competencia y obligan al Estado a compensar la falta de ingresos con deuda o con impuestos indirectos que afectan más a quienes menos tienen.
Una reforma sensata debe partir de una revisión exhaustiva de todas las exenciones. No se trata de eliminarlas de manera indiscriminada, sino de evaluar cuáles realmente generan empleo, inversión productiva y valor agregado nacional, y cuáles se han convertido en simples privilegios. Al reducir gradualmente las exenciones ineficientes, el Estado puede ampliar la base de contribuyentes sin subir las tasas impositivas que afectan a la clase media y a los sectores productivos formales.
Al mismo tiempo, es imprescindible fortalecer la administración tributaria, combatir la evasión y la elusión, y simplificar los procedimientos. Un sistema complejo y opaco favorece al que puede pagar asesores para esquivarlo y castiga al que cumple. La equidad fiscal no solo depende de las leyes, sino también de su aplicación justa y firme.
La clase media debe ser protegida. Ella es el motor del consumo, del ahorro y de la estabilidad social. Cargarla con nuevos impuestos o con aumentos en los ya existentes solo profundizaría el estancamiento económico y el descontento. La reforma debe orientarse a que paguen más quienes más tienen y, sobre todo, quienes hoy pagan poco o nada pese a tener alta capacidad contributiva.
Pero una reforma fiscal no puede verse aislada del gasto público. La ciudadanía estará más dispuesta a contribuir si percibe que sus recursos se usan con eficiencia, transparencia y sin despilfarro. Reducir el déficit fiscal no es solo cuestión de ingresos; también implica priorizar inversiones, eliminar gastos improductivos y combatir la corrupción.
En síntesis, la República Dominicana necesita una reforma fiscal integral que amplíe la base, reduzca privilegios injustificados, proteja a la clase media y fortalezca la institucionalidad. Solo así podremos avanzar hacia un Estado financieramente sostenible y hacia una sociedad donde la riqueza se distribuya con mayor justicia y el desarrollo sea verdaderamente inclusivo.
La infraestructura constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y humano de una nación. En la República Dominicana, carreteras, puentes, sistemas de agua potable, alcantarillado, presas, escuelas, hospitales y redes eléctricas sostienen la vida cotidiana y la productividad nacional. Sin embargo, el crecimiento demográfico, la expansión urbana y el paso del tiempo han evidenciado una realidad ineludible: tan importante como construir nuevas infraestructuras es mantener adecuadamente las existentes.
Durante décadas, el país ha realizado inversiones significativas en obras públicas, muchas de ellas necesarias para impulsar el desarrollo regional y la competitividad económica. No obstante, la falta de una cultura sostenida de mantenimiento ha provocado el deterioro prematuro de infraestructuras que aún podrían prestar servicios eficientes. Carreteras con baches recurrentes, puentes con deficiencias estructurales, sistemas de drenaje colapsados y edificaciones públicas en estado crítico son señales claras de que el mantenimiento no puede seguir siendo una prioridad secundaria.
El mantenimiento preventivo resulta, en la mayoría de los casos, mucho menos costoso que la reconstrucción total. Invertir a tiempo en la reparación, supervisión y modernización de las infraestructuras existentes evita riesgos para la seguridad ciudadana, reduce gastos futuros y prolonga la vida útil de las obras. Además, una infraestructura bien mantenida mejora la calidad de vida, facilita el comercio, fortalece el turismo y aumenta la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
Sin embargo, el mantenimiento por sí solo no basta. La República Dominicana enfrenta nuevas demandas derivadas del crecimiento poblacional, el desarrollo industrial, la urbanización acelerada y los efectos del cambio climático. Estas realidades exigen la construcción de infraestructuras nuevas, modernas y resilientes. Nuevas vías de transporte, sistemas de movilidad urbana eficientes, plantas de tratamiento de agua, infraestructuras educativas y hospitalarias adecuadas son esenciales para responder a las necesidades actuales y futuras del país.
La planificación juega un papel determinante en este proceso. No se trata únicamente de construir más, sino de construir mejor, con criterios técnicos, visión de largo plazo y respeto al medio ambiente. Cada obra debe responder a estudios serios de impacto social, económico y ambiental, evitando la improvisación y el uso político de las infraestructuras. La transparencia en la contratación, la supervisión técnica rigurosa y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para garantizar obras duraderas y funcionales.
En conclusión, el desarrollo sostenible de la República Dominicana requiere un equilibrio responsable entre el mantenimiento de las infraestructuras existentes y la construcción de nuevas obras. Ambos aspectos son complementarios y estratégicos. Apostar por infraestructuras seguras, eficientes y bien gestionadas no es un lujo, sino una necesidad impostergable para garantizar el bienestar de la población y el progreso continuo de la nación.
Gobernar siempre implica una tensión profunda: buscar la admiración inmediata que otorga la popularidad o asumir el camino más difícil de la ética y el bien común. Esta disyuntiva no es nueva, pero se vuelve más visible en sociedades donde la política se mide por aplausos momentáneos y no por resultados sostenibles.
La popularidad suele ser tentadora. Prometer lo que la mayoría quiere escuchar, ceder ante presiones sectoriales o favorecer a los parciales puede generar respaldo rápido y efímero. Sin embargo, gobernar para agradar conduce con frecuencia a decisiones improvisadas, al uso ineficiente de los recursos públicos y a la pérdida de autoridad moral del Estado. Cuando el poder se ejerce para satisfacer grupos específicos, el interés general queda relegado.
Por el contrario, gobernar con ética exige carácter y visión. Significa tomar decisiones impopulares cuando son necesarias, administrar con transparencia y anteponer el bienestar colectivo por encima de beneficios políticos inmediatos. El gobernante ético entiende que su responsabilidad no es complacer, sino servir; no es repartir privilegios, sino garantizar derechos y oportunidades para todos.
El bien común debe ser el eje de toda acción pública. Buscarlo implica políticas públicas inclusivas, inversión responsable, respeto a la institucionalidad y combate firme contra la corrupción. Aunque estas acciones no siempre generan aplausos inmediatos, construyen confianza social y fortalecen la democracia a largo plazo.
Favorecer a los parciales erosiona el tejido social. Cuando un gobierno actúa para unos pocos, se profundizan las desigualdades y se debilita la cohesión nacional. La ética, en cambio, promueve reglas claras, igualdad ante la ley y una administración que rinde cuentas. Esa es la verdadera fuente de admiración duradera.
La historia demuestra que los gobernantes recordados con respeto no fueron necesariamente los más populares en su momento, sino aquellos que actuaron con integridad y visión de futuro. La popularidad pasa; la ética permanece. Gobernar es, en esencia, un acto de responsabilidad moral.
En definitiva, el desafío del gobernante es decidir qué legado dejará: el aplauso fugaz de hoy o el reconocimiento sólido de mañana. Elegir el bien común sobre los intereses parciales no solo es un deber ético, sino la única vía para construir sociedades justas, estables y prósperas.
