El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Espaillat, consideró hoy que si de aquí a las elecciones de 2020 no se promulga la ley de partidos políticos propuesta por la entidad reguladora de los procesos electorales, “estas no serían idóneas y justas como lo demanda el pueblo”.
Conforme a lo expresado por Castaños Guzmán, la referida ley “viene a dar circulación en las élites, viene a determinar los criterios de campaña, del financiamiento».
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Espaillat, consideró hoy que si de aquí a las elecciones de 2020 no se promulga la ley de partidos políticos propuesta por la entidad reguladora de los procesos electorales, “estas no serían idóneas y justas como lo demanda el pueblo”.
Conforme a lo expresado por Castaños Guzmán, la referida ley “viene a dar circulación en las élites, viene a determinar los criterios de campaña, del financiamiento».
El prestante jurista estima que los problemas en la actualidad de la “política y la democracia son del financiamiento político”, mientras que son muchas las voces que se han levantado en demanda de la aprobación de la Ley de Partidos, no solo atendiendo al criterio de financiación, sino también de equidad y participación en los procesos.
El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ha asumido una posición militante en demandar la aprobación del instrumento regulatorio de las organizaciones políticas, y ha abogado para que todas las leyes relativas al ordenamiento electoral sean agrupadas en un Código Electoral.
Castaños Guzmán explicó que la política tiene un financiamiento mixto: público y privado. La contribución pública se hace desde 1997: «Yo creo que 20 años después ese modelo hay que revisarlo».
Además, indicó que todo aquel que recibe fondos públicos debe rendir cuentas, de igual forma cree que se debe transparentar el financiamiento privado, pues sus orígenes dan lugar a compromisos.
Desde hace más de 10 años que en el Congreso de la República han sido sometidos varios proyectos de reformas, tanto de la Ley Electoral, como la de Partidos y Agrupaciones Políticas. Sin embargo, hasta el momento no han sido conocidos por el hemiciclo de ninguna de las cámaras, a pesar del control absoluto que ejerce el PLD sobre el Congreso, no se advierte ningún interés de parte de esa agrupación para aprobar ninguno de los proyectos.
El proyecto que goza de mayor consenso en el seno de la ciudadanía, es el sometido por la Junta Central Electoral desde el año 2011, y el mismo reza entre sus principios y valores para el ejercicio de la democracia política: la libertad, la justicia, la solidaridad, el pluripartidismo, la diversidad ideológica, el acatamiento a la voluntad de las mayorías, la equidad y transparencia en la competencia partidaria, la alternabilidad en el poder, el uso de medios democráticos para acceder a la dirección del Estado, y el reconocimiento de los derechos de las minorías.
Asimismo, el proyecto de la JCE establece las funciones de los partidos y agrupaciones políticas en las siguientes:
a) Defender la democracia, la Constitución y las leyes, la soberanía nacional y la independencia de la República, los derechos humanos, y la paz ciudadana.
b) Servir como mediadores entre la sociedad y el Estado, representando eficazmente los intereses legítimos del pueblo dominicano.
c) Promover la afiliación de ciudadanos y ciudadanas en la organización partidaria.
d) Fomentar la formación política y cívica de sus afiliados y de la ciudadanía, capacitando ciudadanos (as) para asumir responsabilidad política e incentivando su participación en los procesos electorales y en las instancias públicas del Estado.
e) Elaborar y ejecutar planes y programas políticos, económicos y sociales que contribuyan a solucionar los problemas nacionales en el marco de la transparencia, la honradez, responsabilidad, la justicia, equidad y solidaridad.
f) Participar en los procesos electorales para la conformación y ejercicio de los poderes públicos.
g) Ser instrumentos de divulgación de ideas y de coordinación de las actividades políticas, y
h) Promover la ética ciudadana y los valores cívicos.