La demanda para que el Consejo Nacional de la Magistratura escoja jueces probos e independientes, cada día crece y son muchos los sectores que han venido clamando para que el organismo escuche ese clamor, debido a la importancia que tiene para la estabilidad democrática del país y el fortalecimiento de sus instituciones, que a las altas cortes sean nombrados profesionales que cuente con el aval y la confianza de la ciudadanía.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), por intermedio de sus voceros más representativos, ha dejado en claro que no va a permitir que sean seleccionados jueces que representen intereses políticos, y ha recomendado que los mismos sean escogidos de la amplia matrícula de magistrados de carrera que están incorporados a los tribunales de la República.

La demanda para que el Consejo Nacional de la Magistratura escoja jueces probos e independientes, cada día crece y son muchos los sectores que han venido clamando para que el organismo escuche ese clamor, debido a la importancia que tiene para la estabilidad democrática del país y el fortalecimiento de sus instituciones, que a las altas cortes sean nombrados profesionales que cuente con el aval y la confianza de la ciudadanía.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), por intermedio de sus voceros más representativos, ha dejado en claro que no va a permitir que sean seleccionados jueces que representen intereses políticos, y ha recomendado que los mismos sean escogidos de la amplia matrícula de magistrados de carrera que están incorporados a los tribunales de la República.

La iglesia católica, por intermediación de su máximo organismo, la Conferencia del Episcopado, ha venido clamando para que se nombren jueces independientes, que no respondan a ningún interés político “jueces con capacidad profesional, honestidad, integridad moral, imparcialidad política y alto sentido patriótico, de manera que contribuyan al fortalecimiento de este poder del Estado.

En ese mismo tenor se han pronunciado varias organizaciones de la sociedad civil y otras han presentado objeciones formales para que el Consejo Nacional de la Magistratura retire de la lista de aspirantes a cuatro de los actuales magistrados que integran el Tribunal Superior Electoral, sobre los cuales pesan sospechas de que sus actuaciones han estado orientadas a favorecer los intereses del partido de gobierno.

El Bloque de Partidos de oposición, igualmente, reiteró su rechazo a la permanencia de los actuales miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), al considerar que    “han demostrado parcialidad política manifiesta y pública en favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados en perjuicio de la institucionalidad del sistema de partidos”.

Jesús Vásquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) leyó un documento en el cual expresa que: “empecinarse en mantener en sus cargos a los actuales jueces y suplentes del TSE constituye un imprudente salto al vacío que pondría en grave peligro la ya precaria democracia dominicana, no sólo en lo que atañe a la gobernabilidad y los procesos electorales venideros, sino a la vida institucional de los partidos políticos cuyos conflictos la ley le otorga mandato para dirimirlos”.

En un documento dirigido a la opinión pública, dicho partido señala que “sería una provocación inadmisible que  esa designación, por parte del Consejo Nacional de la Magistratura de jueces y suplentes del TSE, no sea fruto de un amplio consenso nacional de todos los partidos y de la sociedad dominicana”.

“Por su condición de árbitros electorales y de conflictos a lo interno de los partidos, pero sobre todo por la prohibición expresa que establece la Ley 29-11 del TSE, los jueces y sus suplentes no pueden responder a los intereses de partidos políticos a los que pertenecen o que sustentan sus candidaturas”.

“En cuanto la designación de los cuatro jueces faltantes de la Suprema Corte de Justicia resulta imperativa insistir en que la misma se lleve a cabo seleccionando jueces de carrera que reúnan los más altos méritos para ocupar tan importantes funciones en el Poder Judicial y cuya imparcialidad sea la garantía que exige firmemente en las calles el pueblo dominicano para combatir la impunidad y la corrupción”, expresa.

Resalta que, el Presidente de la República y el Partido de la Liberación Dominicana cuentan con una clara mayoría de votos en el Consejo Nacional de la Magistratura y tienen el deber ineludible de ofrecer las garantías mínimas de equidad e imparcialidad requeridas para que puedan celebrarse las elecciones venideras en nuestro país. Volver a designar un Tribunal Superior Electoral en violación de las disposiciones de la ley y parcializado políticamente en favor del gobierno sería un golpe mortal para la frágil democracia dominicana.

En iguales términos se pronunció el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom), el cual reiteró ayer la necesidad de que la discusión y aprobación de las leyes Electoral y de Partidos y Agrupaciones Políticas se haga mediante un consenso entre empresarios, políticos y organizaciones de la sociedad civil.

En rueda de prensa encabezada por Pelegrín Castillo, quien fungió como vocero de la entidad que agrupa a esos partidos políticos del país, llamó a las fuerzas políticas, empresarios y demás representantes de la sociedad,  establecer puntos de consenso sobre las leyes en cuestión.

Castillo sostuvo que en el país pueden crearse nuevas y mejores leyes que respondan a las necesidades y exigencias sociales sobre los partidos políticos. “Para ello basta la inclusión como fuerza que aglutine los intereses vinculados, y el consenso como forma de negociación que permita lograr proyectos que satisfagan las expectativas del pueblo dominicano”.

Afirmó que Fopppredom no desmayará en presentar sus propuestas a todos los sectores, para que tengan la oportunidad de comprobar que los partidos políticos no tienen intereses ocultos, ni defienden posturas ilícitas.

“Estamos conscientes de que la sociedad dominicana requiere de mejores partidos, instituciones políticas que representen los intereses de todos, independientemente de su tamaño y fuerza electoral”, agregó.