La demanda para que el Congreso de la República apruebe la Ley de Partidos y Agrupaciones políticas, así como la reforma a la Ley Electoral vigente, en la presente legislatura que se inició el pasado 27 de Febrero, ha estado creciendo con la incorporación de nuevos actores interesados en que el país cuente con esos instrumentos jurídicos, cuya finalidad es la de diafanizar los procesos electorales, tanto a lo interno de los partidos, como en el ámbito nacional.
El cúmulo de irregularidades comprobadas en las pasadas elecciones, en las cuales el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) logró obtener una mayoría aplastante en cuanto a su representatividad en los poderes públicos, han sido denunciadas y acremente cuestionadas, no sólo por los partidos agrupados en el Bloque de Oposición, sino también por diferentes organizaciones pertenecientes al ámbito empresarial, profesionales, académicas y otras de la sociedad civil.
La demanda para que el Congreso de la República apruebe la Ley de Partidos y Agrupaciones políticas, así como la reforma a la Ley Electoral vigente, en la presente legislatura que se inició el pasado 27 de Febrero, ha estado creciendo con la incorporación de nuevos actores interesados en que el país cuente con esos instrumentos jurídicos, cuya finalidad es la de diafanizar los procesos electorales, tanto a lo interno de los partidos, como en el ámbito nacional.
El cúmulo de irregularidades comprobadas en las pasadas elecciones, en las cuales el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) logró obtener una mayoría aplastante en cuanto a su representatividad en los poderes públicos, han sido denunciadas y acremente cuestionadas, no sólo por los partidos agrupados en el Bloque de Oposición, sino también por diferentes organizaciones pertenecientes al ámbito empresarial, profesionales, académicas y otras de la sociedad civil.
Se denunció desde un principio la falta de equidad, el desequilibrio en la participación de los entes opositores con relación al partido y los candidatos del gobierno, al tiempo que se puso de relieve una inclinación manifiesta de la autoridad arbitral para favorecer al oficialismo, en desmedro de los intereses opositores.
Fue el ingeniero Quique Antún, presidente y líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el primero en plantear la urgencia de que las fuerzas políticas y sociales del país se aboquen a demandar una reforma profunda en las leyes que regulan la participación política en el país, convencido de que ese era el primer paso para lograr que en el futuro se celebren comicios limpios y con garantía para las organizaciones participantes.
Quique lanzó la clarinada para el cambio necesario a la vigencia de la democracia, y el toque fue escuchado por las fuerzas vivas de la nación, los cuales han estado haciendo causa común en la demanda de reforma planteada.
La reforma va independientemente de que el partido de gobierno quiera o no quiera encaminarla, porque se trata no de un capricho, ni de una demanda antojadiza de la comunidad política y social del país. No, se trata de una demanda sentida y necesaria a los más altos intereses de la nación, por lo que no hay forma de evitarla.
Lo que se discute en la actualidad es los elementos que habrán de introducirse en las nuevas leyes, con el único interés de que los procesos sean competitivos y cuenten con las garantías suficientes para que sus resultados sean la verdadera expresión de los votantes.
El Foro Permanente de Partidos Políticos le propuso a la Junta Central Electoral (JCE) regular el uso de las cuentas falsas en redes sociales para fines electorales en la modificación de la Ley Electoral y en el proyecto de Ley de Partidos Políticos, que están en discusión en el Congreso Nacional.
Los partidos también incluyen la propuesta de suprimir el voto preferencial para los regidores que sería implementado por primera ocasión en República Dominicana para las elecciones del 2020.
Además, la coalición de partidos pide que se incluyan en los proyectos de legislación la creación de una comisión de vigilancia y control de los programas sociales que tenga el Estado.
El pliego de peticiones para incluir en la legislación dominicana contempla la institución del ministerio público para asuntos electorales y determinar cuáles espacios públicos en los municipios pueden usarse en campaña electoral para su distribución equitativa.
El Foro de Partidos, en el que hasta el momento participan 21 agrupaciones electorales reconocidas por la JCE, quiere que se disponga que en caso de alianza cuando el elector marque más de un recuadro los votos válidos sean distribuidos en partes iguales.
También piden “la exención tributaria (itbis), tasas, servicios y franquicia postal a los partidos. Regulación económica y propagandística a los movimientos y organizaciones de apoyo a partidos y candidatos”, entre los varios puntos demandados por el agrupamiento de partidos.
Una de las propuestas del Foro de Partidos incluye la creación de una comisión de la JCE para analizar los temas planteados en los proyectos de reforma electoral y de partidos políticos, lo que construiría un espacio de diálogo distinto al que encabezaba monseñor Agripino Núñez Collado.
La demanda de ese espacio de análisis y diálogo de los partidos con la JCE, está sustentada en virtud de que el prelado está muy ocupado en los trabajos de la comisión que investiga la licitación pública de Punta Catalina.
Las propuestas están incluidas en un procedimiento de cinco puntos elaborados por los partidos, en el que sugieren temas que no están previstos en las actuales iniciativas legislativas.
También proponen modificar algunos puntos que están en los proyectos e incluir otros que remitan a los estatutos de los partidos. Los últimos dos puntos que proponen los son algunos temas que entienden deben ser incluidos en los proyectos que están en el Congreso y que las iniciativas legislativas remitan, en algunos casos, al poder reglamentario que tiene la JCE.
Además quieren variar el monto porcentual de los votos válidos para mantener el reconocimiento, y la ampliación del plazo para impugnar los resultados de los colegios electorales y determinar la jurisdiccionalidad administrativa de la JCE.
Finalmente, se ha estado plantando que la reforma incluye que sea la JCE el organismo que organice las convenciones de los partidos políticos para escoger sus candidatos electivos y la cúpula dirigencial, y que los candidatos sean escogidos en elecciones simultáneas el mismo día.