Por Sergio Acevedo.

El presidente de la República, licenciado Danilo Medina, debe anular la decisión de la Dirección General de Aduanas, relativa al cobro de impuestos a los comestibles, ropas usadas y otros artículos que los dominicanos residentes en el exterior envían a sus familiares pobres en la República Dominicana, debido a que tal decisión va a contribuir a ahondar los niveles de pobreza de esos ciudadanos.

Conforme a consultas realizadas entre propietarios de agencias de envíos, las nuevas medidas de aduanas, irían en detrimento directo de los cientos de dominicanos que a diario envían a sus familiares cajas y tanques con arroz, habichuelas, aceite, leche y otros artículos.

Por Sergio Acevedo.

El presidente de la República, licenciado Danilo Medina, debe anular la decisión de la Dirección General de Aduanas, relativa al cobro de impuestos a los comestibles, ropas usadas y otros artículos que los dominicanos residentes en el exterior envían a sus familiares pobres en la República Dominicana, debido a que tal decisión va a contribuir a ahondar los niveles de pobreza de esos ciudadanos.

Conforme a consultas realizadas entre propietarios de agencias de envíos, las nuevas medidas de aduanas, irían en detrimento directo de los cientos de dominicanos que a diario envían a sus familiares cajas y tanques con arroz, habichuelas, aceite, leche y otros artículos.

El dirigente comunitario, Máximo Padilla, presidente del Centro de Defensa de los Dominicanos Residentes en el Exterior, así como otras instituciones similares, se opusieron militantemente a la medida y alertaron el daño que la misma va a ocasionar a los cientos de miles de residentes que hacen sus envíos a los familias en el país.

Estamos sorprendidos con esta decisión al igual que miles de dominicanos residentes en Estados Unidos, especialmente en esta ciudad de Nueva York,  con las medidas adoptadas por la Dirección General de Aduanas de gravar con impuestos el traslado de comestibles y otros artículos a la República Dominicana.

Se supo, en fuente de entero crédito, que para oponerse a la decisión de aduanas, más de cien agencias de envíos que transportan diferentes tipos de mercancías y comestibles desde Estados Unidos, podrían paralizar sus labores a partir del próximo lunes, en protesta por las últimas medidas de la DGA que impide transportar comida y efectos eléctricos usados sin pagar impuestos.

Los dominicanos también serán afectados con el envío de ropa usada, neveras, radio, televisores y otros artículos que muy a menudo son enviados por los dominicanos a sus familiares residentes en el país.

Según las denuncias  de dominicanos residentes en esta ciudad, si el presidente Danilo Medina no interviene para impedir que las medidas de Aduanas se pongan en práctica, miles de familiares en República Dominicana podrían pasar hambre.

“Esa es una medida inhumana, ya que con el envío de cajas y tanques, nosotros ayudamos a paliar el hambre de nuestros familiares en el país, que por falta de un empleo no tienen con qué comer”, precisaron algunos dominicanos que hacen envíos al país.

Hasta el momento las mercancías enviadas por los dominicanos al país, entran en la categoría de ayudas humanitarias, pues con ellas mitigan las necesidades de los quisqueyanos más necesitados en República Dominicana.

 Se anunció que en los próximos días se podría conformar un comité en defensa de los dominicanos en el exterior, que conjuntamente con los propietarios de agencias de envíos, trabajarían en una agenda que incluiría el viaje de una comisión a Republica Dominicana para entrevistarse con el presidente Danilo Medina, así como también protestas frente al Consulado dominicano, localizado en el 1501 de Broadway, en Manhattan.

La decisión de la DGA ha recibido un rechazo unánime de la comunidad dominicana, así como de las agencias de envíos, muchas de las cuales estaría amenazada de cerrar debido a que el mayor componente de sus operaciones está constituido por los envíos de los dominicanos a sus familiares en el país.

El gobierno dominicano no puede permanecer indiferente ante este reclamo justo de la comunidad de dominicanos residentes en el exterior, porque se trata de un sector que contribuye con aproximadamente 5 mil millones de dólares a la economía de la República y que, en cambio, no recibe ninguno de los servicios ofertados en el país para los ciudadanos.

Se aprecia el contraste que brinda el gobierno a los nacionales haitianos ilegales que viven en el país, los cuales son transportadores de enfermedades que una vez estuvieron erradicadas, lo mismo que son consumidores del 30% del presupuesto de salud, educación, energía eléctrica, agua potable, etc., mientras que a los nacionales que trabajan duro en el exterior cada día se le torna más difícil enviar la ayuda a sus familiares pobres.

Lo mismo sucede con supuestos inversionistas extranjeros, a los cuales las autoridades les concede todo tipo de facilidades para instalar empresa, muchas de las cuales, a la postre, han resultado mecanismos de lavado de dinero obtenidos de manera ilegal.

Estas empresas reciben exenciones impositivas, donaciones de infraestructuras, financiamientos, etc. Mientras a los nativos se les grava los alimentos y pequeños regalos que envían al país.