Por Sergio Acevedo.
El presidente Danilo Medina acudirá al Congreso Nacional este martes a rendir cuentas a la población, en un ambiente caracterizado por fuertes demandas de la población para la apertura de múltiples servicios públicos, lo mismo que por el combate a la corrupción e impunidad cuya práctica se ha generalizado en todo el cuerpo gubernamental.
Por Sergio Acevedo.
El presidente Danilo Medina acudirá al Congreso Nacional este martes a rendir cuentas a la población, en un ambiente caracterizado por fuertes demandas de la población para la apertura de múltiples servicios públicos, lo mismo que por el combate a la corrupción e impunidad cuya práctica se ha generalizado en todo el cuerpo gubernamental.
El Bloque de Partidos de Oposición, por medio de uno de sus voceros principales, el licenciado Max Puig, indicó que “estos dos años del segundo mandato de Medina, desde las elecciones mismas, en agosto del 2016, han insistido en el carácter irregular de esos comicios”.
El grupo cívico denominado Marcha Verde, junto a las diversas entidades religiosas, al igual que grupos sociales como Participación Ciudadana y otras, han estado insistiendo en sus demandas para que el gobierno enfrente con manos firmes el problema de la inseguridad ciudadana, la corrupción galopante que mantiene el gobierno, el desempleo y alto costo de la vida.
Asimismo, las entidades de la sociedad civil han demandado la solución de los servicios de salud, el uso adecuado del gasto público, el problema migratorio, el cese del endeudamiento público y una mejor calidad en la aplicación del gasto. Todo este panorama configura un estado de debilitamiento en un gobierno que hoy arriba al segundo año de su segundo mandato.
Una de las críticas que tanto la oposición, como las entidades civiles levantan con mayor vehemencia es la relativa al endeudamiento externo, toda vez que se advierte que las autoridades no sólo están contratando préstamos para el financiamiento de obras, sino esencialmente para pagar deudas vencidas, situación está que cada día se empeora debido a los constante déficit en el presupuesto.
Este déficit presupuestario se produce muy a pesar de las presiones que ejercen las autoridades contra las empresas y demás entes económicos en materia de pagos de impuestos, y los mismos tienen que ver con el manejo imprudente del gasto corriente, especialmente con el pago de una nómina excesiva y sobrevaluada.
Se prevé que el gobierno acudirá a ese caudal de sofisma, lo mismo que a la gran carga de demagogia que nos tiene acostumbrados, para tratar de dibujar un panorama de progreso que solo está presente en sus funcionarios y allegados.
No existen alternativa de progreso y bienestar para la familia dominicana, por el contrario, el alto costo de la canasta familiar se expresa en un estado de abandono creciente en los hogares, los que en la actualidad no pueden acceder a bienes de consumo básicos que en la actualidad han alcanzado precios prohibitivos para los consumidores de bajos ingresos y para los mismos de clase media.
En ningún momento de nuestra historia, ni aún en los gobiernos anteriores del PLD, los precios de productos de usos masivos, como el ajo, la cebolla, la leche, el café, los plátanos, las papas, habichuelas, etc. Habían llegado a precios tan elevados como en el presente gobierno, el cual, a pesar de la propaganda que mantiene en los medios de comunicación con las llamadas “visitas sorpresa” no ha podido mejorar las condiciones de vida de los agricultores.
La realidad es lacerante, pero es preciso decirlo, el campo está abandonado. No existe un solo sector productivo que no esté problematizado a consecuencia de la competencia desleal que hacen importantes funcionarios del gobierno dedicados a la importación de bienes alimenticios y que a la vez son suplidores del Estado.
Ese equipo configura un cartel que pone los precios de los productos al consumidor, pero que también ha sacado de circulación a numerosos productores víctima del virus de la competencia desleal que produce la introducción de bienes alimenticios que en sus países están subsidiados por sus gobiernos para evitar la quiebra de los productores, mientras que en nuestro país los trabajadores del campo son víctima de la avaricia y la codicia mezquina de un gobierno que se torna insensible frente al dolor de su pueblo.
Al panorama económico se le une el conflicto político presente en la actualidad debido a la petulancia gubernamental en pretender reelegirse mediante el mecanismo ilegítimo de trastornar el proceso electoral, introduciendo elementos perniciosos en la normativa que habrá de reglamentar el proceso electoral venidero.
El conocimiento de la Ley de Partidos Políticos, lo mismo que de la Ley de Régimen Electoral, presentar muchos desconciertos debido a que el gobierno no cesa ni un solo instante en sus propósitos reeleccionistas, y para lo cual pretende, en término real, que el tiempo arrope al Congreso y no puedan ser conocidas y aprobadas las normas regulatorias.
Lo que obviamente, sería un desastre que pondría en peligro hasta la paz en la República Dominicana debido a que ningún partido que se respete va a concurrir a un matadero electoral que sería peor que el que vivimos en el 2016, en el cual las irregularidades fueron tantas que no hay dudas que las mismas se enmarcaron dentro de un fraude que resta legitimidad al gobierno surgido.
El licenciado Max Puig, hablando en nombre del Bloque de Oposición dijo que “durante muchos meses, hemos trabajado por el establecimiento de órganos electorales independientes y hemos estado insistiendo en que las elecciones del 2020 deben darse en base a un nuevo régimen jurídico, con garantías adecuadas, para llegar a elecciones libres, justas y realmente democráticas, como lo demanda la Propuesta desde la Oposición”