Por Ing. Federico Antún Batlle
En la República Dominicana de ayer, la política era concebida por muchos como una vocación casi sagrada. No se trataba simplemente de ocupar un cargo, sino de asumir un compromiso moral con la nación. La dirigencia política, con todas sus imperfecciones, solía estar marcada por figuras que entendían el servicio público como una misión. Era frecuente escuchar que la política era un “sacerdocio laico”, una entrega al bienestar colectivo, aun a costa de sacrificios personales.
En tiempos pasados, líderes históricos como Juan Pablo Duarte simbolizaban ese ideal de entrega absoluta. Su visión de patria no estaba asociada a privilegios ni a acumulación de riquezas, sino al deber y la responsabilidad. Incluso en etapas más recientes, figuras como Joaquín Balaguer o Juan Bosch, más allá de simpatías o críticas, representaban proyectos políticos sustentados en ideas, doctrinas y debates ideológicos profundos.
La política era escenario de confrontaciones de pensamiento, de discusiones sobre modelos de desarrollo, educación, soberanía y justicia social. Existía una mística partidaria. Los militantes defendían principios y programas. La formación política era parte esencial del liderazgo. Se hablaba de patria, de institucionalidad, de democracia como valor supremo.
Hoy el panorama parece distinto. La política ha sido arrastrada por una cultura de inmediatez, pragmatismo extremo y, en muchos casos, por un interés económico desmedido. El acceso al poder se percibe, en no pocos sectores, como una oportunidad de negocios. La vocación de servicio ha cedido terreno ante la lógica de la rentabilidad personal y el clientelismo.
La proliferación de estructuras partidarias sin identidad ideológica clara, la compra de voluntades y la conversión de campañas en inversiones con expectativas de retorno financiero reflejan una preocupante transformación. La política deja de ser instrumento de transformación social y se convierte en mecanismo de acumulación y protección de intereses particulares.
Este fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana; es parte de una tendencia global donde el dinero, la mercadotecnia y la imagen sustituyen el debate doctrinario. Sin embargo, en nuestro país el impacto es más visible debido a nuestras fragilidades institucionales y a una cultura política que aún lucha por consolidar una ética pública sólida.
Cuando la política se transforma en negocio, pierde su esencia. Se debilita la confianza ciudadana, crece el desencanto y se profundiza la distancia entre gobernantes y gobernados. La democracia se reduce a un ejercicio electoral periódico, despojado de contenido moral y de compromiso con el bien común.
No se trata de idealizar el pasado ni de desconocer que siempre existieron ambiciones personales. Pero sí es válido reconocer que hubo épocas donde el honor, la palabra empeñada y la coherencia doctrinal tenían mayor peso en la vida pública.
Recuperar la política como servicio exige fortalecer la educación cívica, promover la transparencia y exigir rendición de cuentas. Implica también que la sociedad deje de premiar el oportunismo y comience a valorar la integridad. La nación necesita líderes que entiendan que gobernar no es enriquecerse, sino administrar con justicia los recursos del pueblo.
Si no devolvemos a la política su dimensión ética, el riesgo es claro: convertir el poder en botín y la democracia en fachada. Y cuando eso ocurre, el precio lo paga siempre la sociedad en su conjunto.