Por Sergio Acevedo.
La persistencia del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en oponerse a que la discusión de los proyectos de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, así como el de la reforma a la Ley Electoral vigente, trascienda la barra del Congreso, constituye un indicativo de que ese partido no está dispuesto a renunciar a su mal habida práctica de utilizar los recursos del erario público, así como las “donaciones” de empresas y personas, a las cuales no se establece la idoneidad ética de sus aportaciones, para avasallar en los procesos electorales y, de ese modo, perpetuarse en el ejercicio de gobiernos marcadamente ilegítimos.
Por Sergio Acevedo.
La persistencia del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en oponerse a que la discusión de los proyectos de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, así como el de la reforma a la Ley Electoral vigente, trascienda la barra del Congreso, constituye un indicativo de que ese partido no está dispuesto a renunciar a su mal habida práctica de utilizar los recursos del erario público, así como las “donaciones” de empresas y personas, a las cuales no se establece la idoneidad ética de sus aportaciones, para avasallar en los procesos electorales y, de ese modo, perpetuarse en el ejercicio de gobiernos marcadamente ilegítimos.
El PLD está utilizando un sofisma para sustentar su postura obstinada, porque si en verdad es cierto que la Constitución le confiere la potestad al Congreso para la aprobación de leyes, no es menos cierto, como bien apunta el secretario general del PRSC, Rogelio Genao, que ese mandato no le otorga un cheque en blanco para que el PLD pueda maquinar sin control y sin escuchar las voces de los demás partidos, lo mismo que de las organizaciones de la sociedad civil.
Porque no hay duda de que una democracia no se construye con la sola voluntad de un partido político, sino que ese es un ideal que nos corresponde a todos, lo que obliga a que los órganos públicos estén permanentemente conectados con la ciudadanía en la ingente tarea de modelar una democracia vigorosa que nos permita progresar en paz y en libertad.
El reclamo de que san consensuadas ambas disposiciones, no es un capricho de la oposición, sino un mandato de la Constitución aprobada en el 2010, lo mismo que un imperativo de una sociedad que objetivamente está desprotegida frente a los excesos y abusos de un partido de gobierno que utiliza sin escrúpulos todos los recursos estatales para mantener su dominio y para imponerse a como de lugar en los procesos.
El país ha hecho consciencia de la importancia que se regulen las actividades electorales con nuevas providencias, y para que se preserve la vida de los partidos, instituciones de dominio público y con la legitimidad que le confiere su condición de ser la más alta expresión de la relación entre las familias y el Estado. El rol de los partidos trasciende a todo convencionalismo mediático y, por esa misma razón, se requiere que su vida interna sea regulada para garantizar su vida útil.
El punto más neurálgico y el que mayor contradicción concita, es el relativo al financiamiento privado a las campañas electorales. Los partidos políticos opositores, plantean que haya un tope al gasto de las candidaturas, con montos fijos para los aspirantes presidenciales, a puestos legislativos y también a los municipales.
Procuran que las campañas sean más equitativas y lúcidas, a la vez que limitan considerablemente la posibilidad de que se cuelen recursos de procedencias dudosas. En el orden práctico es una medida de justicia, de libertad y de democracia, puesto que los partidos podrían competir esencialmente en base a propuestas y no en quien tenga más recursos, porque esa práctica solo beneficia a quien ostenta el poder en perjuicio de los demás.
Desde el gobierno se utilizan los recursos públicos, los aportes de los suplidores y contratistas, los medios de transportes y de publicidad, las sobrevaluaciones de obras, etc., todo lo cual configura una ventaja inalcanzable en favor de los oficialistas.
Una de las creencias en este tema es que se deben regular las contribuciones privadas a las campañas electorales porque de esa forma se puede evitar el lavado de dinero y rastrear posibles “premios” en el gobierno con adjudicación de obras a empresarios que hayan contribuido a campañas electorales de partidos políticos.
Otro aspecto de la discusión se torna en la necesidad de que los partidos políticos necesitan ponerse de acuerdo es en sus primarias internas, si se realizan de manera simultánea o no, cosa que hasta el momento ha encontrado el principal inconveniente a lo interno del PLD, donde sus dos principales líderes defienden cada una de las posiciones: Danilo Medina es partidario de las primarias el mismo día y Leonel Fernández de que se realicen en días separados.
En este tema también entra otra discusión: el padrón de los electores a utilizar. Hay propuestas de que se use el registro de electores de la Junta Central Electoral para todos los partidos políticos y otra que plantea se utilice el mismo padrón de electores que tienen los partidos políticos.
El cuarto de los temas a definir y donde las agrupaciones políticas no se ponen de acuerdo es la vigencia del voto preferencial para el nivel municipal y congresual. Hasta el momento el país utiliza el sistema de voto preferencial desde el 2002, y ese mecanismo ha demostrado que solo ganan los aspirantes que cuentan con mayores recursos económicos.
Por primera vez el voto preferencial se utilizaría en el nivel municipal en las elecciones del año 2020, a propósito de la separación de las elecciones generales: las municipales se realizarían en febrero y las presidenciales y congresuales en mayo del mismo año.
El tranque evidencia que el oficialismo se propone meter a la oposición en una encerrona de la que no podrá escapar si no lucha para dar al traste con el propósito del PLD, que no es otro que el de perpetuarse en el poder mediantes mecanismos torvos y vulnerando miserablemente la voluntad de la ciudadanía y sus organizaciones representativas.
Porque se trata de velar por su propia supervivencia y de la democracia en sentido general, ya que el oficialismo ha evidenciado hasta la saciedad su ausencia de escrúpulos y de miramientos para utilizar los recursos del Estado para trastornar la vida democrática del país.
Ha destruido la vida de los partidos mediante la compra de su gente, ha trastornado la libertad de prensa y de información interviniendo con canonjía la vida de los medios y muchas de las voces que una vez fueron representativas en el área de la comunicación, hoy han sucumbido mediante dádivas y realizan un trabajo penoso de desinformación que ha afectado sensiblemente la vida de los ciudadanos. La justicia no puede estar en peor situación de descrédito, lo que obliga a la oposición a luchar por el mantenimiento de su espacio político y social.
Para la oposición, resulta imperativo incorporar en la ley la disposición de que los partidos suspenderán la militancia a los involucrados en actos de corrupción y el compromiso de que los inculpados por la comisión de actos delictivos no serán nunca más incluidos en las listas de elección popular, ni podrán volver a ocupar cargos en el Estado.
“Entendemos inaplazable regular el financiamiento de la actividad política, pues constituye, en la actualidad, el eje fundamental para la conformación de poderes públicos proclives a la corrupción y a la impunidad”, enfatizaron.