La Secretaria de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano y la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (FENATTRANSC), advirtieron hoy a la Directora General del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Ing. Claudia Francesca de los Santos, que si el (INTRANT) continua aplicando la ilegal resolución emitida recientemente por esa entidad oficial, mediante la cual se ha iniciado una persecución en contra de los choferes de carros del concho que operan en las vías que el gobierno utilizara para instalar los nueve corredores del transporte en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, incautándoles sus unidades vehiculares, apoderaran a la justicia ordinaria para solicitar sanciones en contra de ese organismo rector del transporte en nuestro país. 

La Secretaria de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano y la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (FENATTRANSC), advirtieron hoy a la Directora General del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Ing. Claudia Francesca de los Santos, que si el (INTRANT) continua aplicando la ilegal resolución emitida recientemente por esa entidad oficial, mediante la cual se ha iniciado una persecución en contra de los choferes de carros del concho que operan en las vías que el gobierno utilizara para instalar los nueve corredores del transporte en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, incautándoles sus unidades vehiculares, apoderaran a la justicia ordinaria para solicitar sanciones en contra de ese organismo rector del transporte en nuestro país. 

Mario Díaz titular de los organismos, le recordó a la Ing. De Los Santos, que mediante la sentencia número 021-2015, emitida por el Tribunal Constitucional, se estableció que ninguna autoridad pública tiene calidad para retener o incautar vehículos, a menos que este amparada en una orden judicial y que las sanciones a las infracciones de tránsito son las multas y otras sanciones penales, pero no la incautación ni la retención de vehículos de motor y agrego que la Constitución de la Republica Dominicana establece en su artículo número 46 el libre tránsito, por lo que la resolución emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) es contradictoria a las disposiciones del Tribunal Constitucional y al artículo 46 de la Constitución de la República. 

Díaz aclaro que bajo el alegato de que son piratas, los choferes a los cuales se les han retenido sus unidades vehiculares, el (INTRANT) no está facultado para incautar unidades, ni para apresar choferes y mucho menos para prohibir el tránsito vehicular de estos vehículos que poseen el rotulo de la revista de circulación, expedidas por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. 

Agrego, que por culpa de la errada política de transporte aplicada por ese organismo, el sistema de transporte de pasajeros y de tránsito en general se encuentran sumergidos en un caos sin precedentes en nuestro país y que además por culpa de la política populista del (INTRANT), y de su confabulación con empresarios extranjeros que pretenden apoderarse de los nueve corredores que pondrá en funcionamiento el gobierno dominicano, la mayoría de las unidades vehiculares del transporte de pasajeros del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, se encuentran destartaladas y los recursos establecidos por la ley 253-12 para la renovación de las mismas, han sido utilizados por el Poder Ejecutivo, para la construcción del teleférico de Santo Domingo y las paradas de autobuses que en la actualidad construye el gobierno dominicano. 

Mario Díaz agregó que los transportistas de nuestro país, al igual que los usuarios de este servicio, reclaman del gobierno coordinar  una política de transporte que resuelva los problemas del tránsito y la seguridad vial, ya que el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) no ha cumplido su rol, contribuyendo esta situación al caos y el desorden que en ese sector, han alcanzado niveles altamente preocupantes.

 

 

MARIO DIAZ

Secretario General