El vicepresidente nacional del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Eddy Martínez, saludó este viernes la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de lanzar una ofensiva diplomática con respecto a la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El vicepresidente nacional del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Eddy Martínez, saludó este viernes la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de lanzar una ofensiva diplomática con respecto a la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Martínez sugirió la ofensiva diplomática esta semana en el programa “Entre Políticos de CDN”, canal 37, donde dijo que  la misma debe estar acompañada de un esfuerzo de “Marca País Global”, para mejorar la percepción distorsionada que se tiene de la República Dominicana en muchos ámbitos internacionales, incluyendo el propio Haití.

Aconsejó al gobierno pedir al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las instancias de derechos humanos que contempla el sistema de Naciones Unidas, convocar una  reunión del Consejo Permanente y para que una comisión entregue por escrito la posición de la República Dominicana, así como también promover una cumbre con el apoyo de Ecuador, Bolivia, Perú y otros para analizar el papel que, hasta el momento, ha jugado el sistema interamericano sobre este particular.

También, pidió al gobierno que debe reclamar a la comunidad internacional apoyo a la República de Haití para la expedición de documentos a sus nacionales para de ese modo hacer más viable el Plan de Regularización que tiene en marcha la República Dominicana, y que este sea prorrogado por decisión del Congreso Dominicano.

Sobre el combate a la corrupción.

Por otro lado, Eddy Martínez reiteró, también, su posición sobre el tema de la corrupción, en donde exhortó a que este tópico pase de la exhibición mediática a un proceso de fortalecimiento institucional, que debe iniciarse con las modificaciones al Código Procesal Penal, a fin de que se endurezcan las penas, dotar a la declaración jurada de mecanismos de control y que la justicia cumpla con su papel de sancionar.