Por Sergio Acevedo.
El definitivo fracaso de la administración del presidente Danilo Medina con relación a su ambicioso proyecto de Punta Catalina, es un golpe contundente a la economía del país, y pone de manifiesto que la única alternativa que tiene el gobierno para terminar la construcción de las plantas mellizas es buscar el financiamiento a través de los recursos de la Seguridad Social y, de no obtemperar a esa medida, las autoridades tendrían que traspasar el megaproyecto al sector privado, lo que habría de tener un impacto negativo para el país, dado a que debido a la voracidad manifiesta del sector generador, no hay duda de que la energía llegará más cara aún a los consumidores y serán decenas de miles de hogares que se quedarían sin recibir el servicio.
Por Sergio Acevedo.
El definitivo fracaso de la administración del presidente Danilo Medina con relación a su ambicioso proyecto de Punta Catalina, es un golpe contundente a la economía del país, y pone de manifiesto que la única alternativa que tiene el gobierno para terminar la construcción de las plantas mellizas es buscar el financiamiento a través de los recursos de la Seguridad Social y, de no obtemperar a esa medida, las autoridades tendrían que traspasar el megaproyecto al sector privado, lo que habría de tener un impacto negativo para el país, dado a que debido a la voracidad manifiesta del sector generador, no hay duda de que la energía llegará más cara aún a los consumidores y serán decenas de miles de hogares que se quedarían sin recibir el servicio.
El objetivo principal, desde el punto de vista económico, se ha perdido. Danilo Medida pontificó acerca de los beneficios que recibiría el país con la construcción del proyecto, dado a que el Estado podría contar con una oferta de energía propia estimada en unos 600 megavatios lo que, conforme a los planes del gobierno, el país habría de recibir una mayor cantidad de energía a precios mucho más barato que los actuales y podría reducir considerablemente el monto de los subsidios millonarios que hace el Estado a los generadores, como una fórmula de evitar que estos eleven las tarifas eléctricas a niveles escandalosos, dado a las ambiciones desmedidas de los empresarios del ramo.
El proyecto se vio afectado desde un principio debido a la forma como se manejó la licitación por parte del Consejo creado para esos fines, el cual finalmente adjudicó a la empresa Odebrecht, de capital brasileño, por unos 2 mil millones 400 mil dólares, lo que obligó a una de las empresas concursantes, propiedad del gobierno chino, a impugnar los resultados del concurso. Esos empeños no produjeron resultados y, no obstante la empresa china haber ofertado por un monto inferior al 50%, el gobierno decidió adjudicar el proyecto, por razones políticas y tráfico de influencia, a la inefable Odebrecht.
¿Que perseguía el gobierno con la aprobación de un proyecto que objetivamente está sobrevaluado en más de un 50% de su precio de mercado?. El objetivo era el de emprender la obra a como dé lugar y agenciarse los recursos para financiar su millonaria campaña reeleccionista, recursos que le permitió diseñar un engranaje apabullante para “ganar” unas elecciones inequitativas, inmoral, abusiva e inicuas.
Se compraron a una parte importante de comunicadores y medios que actuaban como bocinas reproduciendo los supuestos logros y virtudes de un gobierno que todo lo que hace es exclusivamente para consumo de la prensa y no para satisfacer el bienestar de la ciudadanía. Se compraron firmas encuestadoras para que fijaran en la mente de la población los supuestos altos niveles de aprobación del candidato reeleccionista, se compraron equipos millonarios en el tribunal electoral para que facilitara los intereses reeleccionista y, en cambio, afectara a la oposición en una campaña en la cual los árbitros mostraron su parcialidad hacia la candidatura oficial de una forma vergonzosa y soez, y donde se puso de manifestó la necesidad que tiene el país de una reforma política-electoral, así como de que sean escogidos árbitros independientes para los procesos venideros.
El proyecto de las plantas de carbón fue diseñado para ser ejecutado con un financiamiento del Banco de Exportación Brasileño y otras entidades bancarias, financiamiento que fue aprobado en el Congreso Nacional, y se dijo en aquel entonces que Punta Catalina era la panacea solución al drama eléctrica, que dicha planta estaría lista para el 2017 y que con su puesta en operación para esa fecha el país podría disfrutar de una rebaja sustancial en la tarifa eléctrica, lo mismo que en los grandes subsidios que se traga la voracidad de los dueños del sector eléctrico.
Pero ese financiamiento se cayó a consecuencia del escándalo sucedido en Brasil como consecuencia de las investigaciones que provocaron el enjuiciamiento y condena del principal directivo de Odebrecht, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, así como el sometimiento al ex presidente Lula da Silva. Las perspectivas de que ese financiamiento pueda ser redimido son bastante escasas, razón por la cual el gobierno se ha visto precisado a tomar dinero prestado de diferentes fuentes, entre ellas, la banca privada, lo que ha generado un incremento en el tipo de cambio, y hay quienes afirman que es una de las causantes de la iliquidez que se aprecia en el sistema.
El gobierno se ha empeñado en continuar el proyecto con recursos propios, se están utilizando recursos que provienen del ahorro producido por la caída en los precios del petróleo, el aumento en la renovación de las placas y los peajes, el pago por adelantado de las importaciones, el alza en los combustibles y otros impuestos creados de manera indirecta. Sin embargo, esas recaudaciones son objetivamente insuficientes, lo que obligará al gobierno a entregar el proyecto al sector privado como si fuera una vaca muerta, o a diligenciar ese financiamiento con los fondos de la seguridad social.
En el caso de que se decida a vender el 50% de las plantas al sector privado, el gobierno haría no solamente un mal negocio, sino que también se burlaría de un país que está reclamando desde hace años el suministro de una energía estable, de calidad y barata, y si esas plantas pasan a ser propiedad de los carteles eléctricos, la esperanza de que los dominicanos podamos tener un suministro eficiente se perderán, como el Estado va a perder su principal arma para interactuar en el mercado eléctrico. El país, perdería, además, una inversión, en el mejor de los casos, de más de 1000 millones de dólares, lo que es un crimen en una nación con problemas de toda naturaleza.
La salida más digna y representativa del interés nacional es que el Estado tome como socio en esta empresa los Fondos de Pensiones de los trabajadores que al día de hoy exceden los 400,000 millones de pesos. El gobierno solo tiene que buscar 46,000 millones de pesos que es una cantidad ínfima con relación al monto acumulado, será un dinero que se invertirá en una obra prioritaria para nuestro desarrollo, de gran retorno y buena rentabilidad, sin mencionar los beneficios sociales que la población recibirá.
En cambio, el gobierno no puede caer en el gancho de entregarle esas plantas al empresariado, porque nunca pagarían el precio que el país ha invertido en el proyecto y, como es su costumbre, van a demandar que se las entreguen como si fuera un regalo de cumpleaños envuelta en papel de celofán. La salida es utilizar los Fondos de Pensiones y todos saldríamos ganando.