Por Sergio Acevedo.
La voracidad impositiva del gobierno, así como la especulación criminal de los intermediarios, son los factores de mayor relevancia en la espiral inflacionaria que se advierte en el mercado doméstico, no obstante la enorme rebaja que han tenido los productores como resultado de la disminución en los precios de los principales insumos en el mercado internacional.
Por Sergio Acevedo.
La voracidad impositiva del gobierno, así como la especulación criminal de los intermediarios, son los factores de mayor relevancia en la espiral inflacionaria que se advierte en el mercado doméstico, no obstante la enorme rebaja que han tenido los productores como resultado de la disminución en los precios de los principales insumos en el mercado internacional.
Mientras los precios de la materia prima para la producción de pollos, panes, huevos, azúcares, carnes de res, cerdos, así como las diversas grasas comestibles, han experimentado bajas de más de un 30%, en nuestro país los alimentos que forman parte de la canasta básica han estado incrementando sus precios, en ocasiones superando hasta el 100% de su valor.
Los reportes de los periódicos, tanto nacionales, como internacionales, nos indican que materias primas fundamentales en la elaboración de productos alimenticios han estado bajando de precios, y se enfatiza en rublos como el maíz, la soya, el trigo, los diversos derivados de la leche y el petróleo, situación que se atribuye a la especulación de los intermediarios y al afán del gobierno en obtener mayores ingresos impositivos.
Desde hace tiempo se ha venido denunciando el manejo político que hace el gobierno en la fijación de los precios de los combustibles. Se dice que esos precisos se fijan atendiendo a las necesidades de recursos del gobierno y a sus estrategias políticas, en una violación a la ley de hidrocarburo que establece un mecanismo mediante el cual los precios suben o bajan dependiendo de cómo se comporte el mercado internacional, ya sea hacia arriba o hacia abajo.
Los consumidores nacionales estamos desamparados, navegamos en la cadena alimenticia a merced de los vientos que soplen los intermediarios, especialmente, los que conforman las grandes cadenas de tiendas y supermercados, todos especuladores despiadados que son capaces de producir incrementos por encima del 100% en productos básicos, tales como el arroz, las habichuelas, el pan, los huevos, el ajo, la cebolla, las papas y otros.
Para enero del año venidero 2015, se espera que el gobierno pase al pago del Itebis que hasta el momento estaban fuera de esa carga impositiva en productos como el café y el chocolate, lo que arrastrará a una variedad de productos no contemplados a consecuencia de la voracidad de los intermediarios, sin que exista una instancia pública que brinde algún tipo de protección a los consumidores.
El gobierno ha perdido su rol regulador y ha se ha puesto en brazo de los especuladores, porque dentro de la esfera oficial no se está haciendo nada por brindarle protección a los consumidores finales, víctima de la inflación que reduce su calidad de vida, en virtud de que les arranca poder adquisitivo a sus exiguos salarios.
En una economía social de mercado, el gobierno no puede permanecer indiferente ante las distorsiones que se producen en la vida económica y social de los ciudadanos. La especulación es un fenómeno que atenta contra la paz, contra la estabilidad y contra la salud de los ciudadanos. El gobierno tiene que utilizar su poder legítimo para imponer el orden y garantizar la convivencia sana entre los ciudadanos. No puede echarse a un lado, ni cambiar la mirada ante el crimen que cometen unos pocos comerciantes, la mayoría extranjeros, en contra del país.
Estamos frente a un mercado oligopólico, las reglas naturaleza de la comercialización son burladas descaradamente por unos pocos, afectando a la mayoría. Y eso no puede continuar en un ambiente de salarios tan reducidos como el que existe en nuestro país.
El gobierno cuenta con herramientas legítimas para imponer el orden en la comercialización. No se puede dejar todo al mercado, sobre todo cuando los que controlan establecen sus propias reglas, burlando descaradamente la ley natural de la economía de la oferta y la demanda.
El gobierno tiene que establecer mecanismos para que los productos lleguen a precios competitivos a los consumidores finales. Si hay especulación y acaparamiento, pues que autorice la importación de bienes alimenticios hasta que los precios se estabilicen.