Por Joaquìn Ricardo
El problema haitiano, es decir, el oleaje incontrolable de miembros de la vecina república que cruzan a diario nuestra frontera, taimadamente alentado por las influencias foráneas, ha sido reducido a una controversia acerca del Reglamento 250-14.
Por Joaquìn Ricardo
El problema haitiano, es decir, el oleaje incontrolable de miembros de la vecina república que cruzan a diario nuestra frontera, taimadamente alentado por las influencias foráneas, ha sido reducido a una controversia acerca del Reglamento 250-14.
Como hemos expresado con anterioridad, la discutida reglamentación para la aplicación de la ley 169-14, que establece un régimen especial en beneficio de los hijos de padres extranjeros no residentes nacidos en el país, así como el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular, nacidos en territorio nacional y que no figuren inscritos en el Registro Civil, es ya una inmutable realidad.
Resulta ciertamente un hecho preocupante el establecimiento mediante una ley de ese régimen especial. Pero lo más alarmante, sin embargo, ha sido la indiferencia con que ha sido recibido por los sectores con influencia en la vida nacional un tema de altísima trascendencia, por su innegable repercusión en las bases sociales, jurídicas y políticas en que se asienta la nación dominicana.
Nos corresponde ahora a los ciudadanos velar por la más estricta aplicación por parte de las autoridades con responsabilidad en el sector migratorio de todas nuestras disposiciones legales que rigen la materia, incluyendo la deportación de todos aquellos que no cumplan con las mismas. La cesión de soberanía que ha implicado la “salida humanitaria” para complacer los requerimientos de una comunidad internacional que ignora e incumple descaradamente sus propios compromisos, constituye, sin duda alguna, un enorme sacrificio que acarrea serias y ominosas consecuencias sobre el cuerpo jurídico y político en el que se asienta la nación dominicana.
Resulta también imprescindible asegurarnos de que se destinen los medios necesarios para mantener una estricta vigilancia y un férreo control de la frontera dominicana, extensa y porosa, por acción y omisión, por donde se circula con suma libertad de movimientos para una zona limítrofe, especialmente teniendo como vecino en el lado occidental un estado “colapsado”.
Sería esperanzador que, después de tomar las providencias antes mencionadas, se arribe a un acuerdo entre las partes en conflicto para que la obra de mano haitiana que nuestros sectores productivos necesiten pueda ingresar al país amparada en una visa o permiso de trabajo temporal, con la finalidad de que una vez concluido el período para el que fue contratada, se proceda a su inmediata repatriación. El gobierno nacional y las autoridades competentes, es de suponer que llevarían un estricto control de ese registro de trabajadores, para no tener que justificar nuevas amnistías, ni dolorosas concesiones de soberanía.
Con esta y otras medidas, pero sobre todo con dedicación, eficiencia y sentido patriótico, podremos conjurar el problema haitiano. De lo contrario, “el sacrificio de Ifigenia”, que es en lo que ha devenido todo el contraproducente proceso que ha culminado con la emisión del Reglamento de aplicación de la ley 169-14, la “ofrenda” no solo habrá sida nefasta y lacerante, sino inútil.