La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (FENATTRANSC, apodero ayer al Tribunal Constitucional Dominicano mediante el depósito de una instancia de Solicitud de Revisión, a la Sentencia del Tribunal Superior Administrativo, mediante la cual ese alto tribunal declaro sin objeto el Recurso de Amparo de Cumplimiento del artículo 20 de la ley 253-12.
La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (FENATTRANSC, apodero ayer al Tribunal Constitucional Dominicano mediante el depósito de una instancia de Solicitud de Revisión, a la Sentencia del Tribunal Superior Administrativo, mediante la cual ese alto tribunal declaro sin objeto el Recurso de Amparo de Cumplimiento del artículo 20 de la ley 253-12.
El licenciado Mario Dìaz, presidente de la entidad que agrupa a los choferes social cristianos, dijo que la indicada ley, que estableció un fondo para la sustitución de la flota vehicular del concho, fue derogada por la ley 63-17, pero que dicha disposición se encuentra actualmente en un estado de “limbo jurídico” por lo que se hace imperativo que el Tribunal Constitucional defina la situación con relación a esos fondos.
Mario Díaz dijo que en la actualidad el fondo para la sustitución de la flota vehicular del concho tiene más de 1500 millones de pesos acumulados, los que debieron ser aplicados para la renovación de los carros de conchos, los cuales están convertidos en chatarras.
Refiere que ese fondo se nutre de la aplicación de un cargo de 2 pesos al galón de gasolina, razón por la cual estima que las autoridades gubernamentales deben aplicar la ley conforme a lo establecido, ya que esos fondos son propiedad de los choferes.
Indica que el gobierno debe de ordenar el flujo de esos recursos para que los vehículos que integran el sistema de concho sean restituidos por unidades nuevas y confortables, en razón de que la circulación de tantas unidades de transportes en el estado de deterioro en que se encuentra “constituyen un grave peligro para los usuarios”.
Mario Díaz anunció que está examinando la nueva Ley de Tránsito, 63-17, y que más adelante se propone demandar ante el mismo Tribunal Constitucional, la nulidad de varios de sus artículos, los cuales entiende que no se ajustan al ordenamiento establecido por la Constitución.