El Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (FENATTRANSC), consideró como un duro golpe para la clase choferil del país, la sentencia mediante la cual el Tribunal Superior Administrativo, rechazó el Recurso de Amparo en Cumplimiento, interpuesto por ese organismo sindical contra el Ministerio de la Presidencia.
El dirigente choferil Mario Díaz señala que dicho recurso elevado ante el alto tribunal, pretendía que los fondos dispuestos por la ley 253-12, sean utilizados para la sustitución de la flota vehicular del transporte público de pasajeros y de carga.
El Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (FENATTRANSC), consideró como un duro golpe para la clase choferil del país, la sentencia mediante la cual el Tribunal Superior Administrativo, rechazó el Recurso de Amparo en Cumplimiento, interpuesto por ese organismo sindical contra el Ministerio de la Presidencia.
El dirigente choferil Mario Díaz señala que dicho recurso elevado ante el alto tribunal, pretendía que los fondos dispuestos por la ley 253-12, sean utilizados para la sustitución de la flota vehicular del transporte público de pasajeros y de carga.
Jose N. Diaz (Mario), quien además es Secretario de Transporte del Partido Reformista, denunció, asi mismo, que el Ministro Administrativo de la Presidencia solicitó al Ministerio de Hacienda, una transferencia de esos fondos que hacienden a más de mil millones de pesos, los cuales, según dijo, serán utilizados a discreción del Presidente de la República.
Mario Diaz opinó que con esa decisión se descarta que en lo inmediato los choferes del transporte de pasajeros sean favorecidos con financiamiento y otras facilidades para la sustitución de las chatarras del concho.
Dijo que la entidad que preside recurrirán ante el Tribunal Constitucional esa decisión contraria a la Constitución de la República, en razón de que los choferes tienen un derechos adquiridos sobre esos recursos y en virtud de que esa sentencia contradice la Constitución de la República en ese sentido.
Constituye un clamor de parte de la clase choferil y de la propia ciudadanía, la necesidad de que sea renovada la flota de vehículos destinados al transporte público, debido al mal estado en que se encuentra casi todos, lo que ha sido denunciado reiteradamente como un gran peligro para los usuarios por los frecuentes accidentes, lo mismo que por los problemas que ocasiona al tránsito vehicular.