Por: Ing. Federico Antún Batlle
El sostenido aumento de los precios del oro en los mercados internacionales representa una oportunidad estratégica para la República Dominicana. Como país con producción aurífera relevante, este contexto favorable puede traducirse en un incremento significativo de las recaudaciones fiscales, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni trasladar cargas al consumidor final.
El oro es un bien de exportación, cuyo precio se determina fuera del mercado interno. Cuando su cotización sube, aumentan automáticamente los ingresos brutos de las empresas mineras, lo que impacta positivamente en el pago de impuestos, regalías, participación en beneficios y otros aportes establecidos en los contratos y en la legislación vigente. Este aumento de recaudación no incide en los precios de los bienes y servicios que consume la población, por lo que no genera inflación ni pérdida de poder adquisitivo.
Para que este beneficio sea pleno, el Estado debe asegurar una administración eficiente y transparente de los ingresos provenientes de la minería. Es fundamental que las regalías y tributos sean correctamente calculados, auditados y cobrados, evitando evasión, subvaluación de exportaciones o prácticas que limiten la participación justa del país en la renta minera.
Asimismo, resulta clave revisar periódicamente los marcos contractuales y fiscales, respetando la seguridad jurídica, pero garantizando que el Estado capture una proporción razonable de las ganancias extraordinarias derivadas de los altos precios internacionales. Mecanismos como impuestos sobre rentas extraordinarias o ajustes progresivos previamente pactados pueden contribuir a este objetivo sin afectar la competitividad del sector.
Los recursos adicionales obtenidos por esta vía deben destinarse prioritariamente a inversión pública productiva: educación, salud, infraestructura, agua potable y protección ambiental. De este modo, la riqueza generada por un recurso no renovable se transforma en capital humano y social duradero, beneficiando a toda la nación.
En conclusión, el alza de los precios del oro ofrece a la República Dominicana una fuente adicional de ingresos fiscales sin impacto negativo sobre los consumidores. Aprovecharla correctamente exige institucionalidad sólida, transparencia, visión de largo plazo y un uso responsable de los recursos, orientado siempre al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible del país.