La Junta Central Electoral (JCE), reintrodujo ayer en el Congreso Nacional, el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas,  con el propósito de que el mismo, junto al proyecto de reforma a la Ley Electoral, sea aprobado en la legislatura ordinaria que inicia el 27 de este mes de febrero.

La pieza legislativa fue reintroducida vía el Senado de la República, y tanto el organismo electoral como la propia ciudadanía, estiman que en la actualidad hay un ambiente favorable para que dicha ley sea aprobada, luego de un largo viacrucis de más de 10 años navegando en el Congreso sin que sea sancionada por los legisladores.

 

La Junta Central Electoral (JCE), reintrodujo ayer en el Congreso Nacional, el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas,  con el propósito de que el mismo, junto al proyecto de reforma a la Ley Electoral, sea aprobado en la legislatura ordinaria que inicia el 27 de este mes de febrero.

La pieza legislativa fue reintroducida vía el Senado de la República, y tanto el organismo electoral como la propia ciudadanía, estiman que en la actualidad hay un ambiente favorable para que dicha ley sea aprobada, luego de un largo viacrucis de más de 10 años navegando en el Congreso sin que sea sancionada por los legisladores.

La JCE espera que la Ley de Partidos, junto a la Ley Electoral, sea aprobada en la legislatura que inicia el 27 de este mes. En uno de sus considerandos se destaca que a partir de la aprobación de la pieza ningún ciudadano o ciudadana dominicano podrá estar afiliado o afiliada a más de un partido o agrupación política, porque al registrarse en una nueva entidad estaría renunciado “ipso facto” a la afiliación anterior.

Asimismo, la propuesta prevé el establecimiento de un procedimiento y requisitos para la afiliación y desafiliación de los ciudadanos en los partidos políticos, debiendo llevarse un registro general actualizado de sus afiliados, ordenado por circunscripción, municipio y provincia, tanto a nivel nacional como del exterior, proporcionando un duplicado anualmente a la JCE.

Estos proyectos, presentados por la secretaría de la JCE, fueron  llevados al Congreso en 2011 y fueron elaborados tomando en consideración las reformas que contiene la Constitución, promulgada en 2010, y de manera especial recoge las nuevas instituciones del derecho electoral que ésta introdujo.

Sin embargo, estos proyectos han perimido en distintas legislaturas  debido a la dificultad de los partidos en ponerse de acuerdo. Por tal sentido se produce un diálogo con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado, y se espera que en esta ocasión  sean aprobados.

Existe la convicción entre los ciudadanos de que con la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Política, se crearán mecanismos de participación a lo internos de las agrupaciones, los cuales redundarán en el fortalecimiento de la democracia interna, la disciplina y la equidad en la selección de los candidatos a las posiciones electivas, lo que será factible bajo el imperio de un amplio estado de democracia partidaria.

La Ley de Partidos  dispone la obligatoriedad de la renovación de sus organismos internos periódicamente, mediante mecanismos democráticos, sin que en ningún caso la duración del periodo de estos exceda el período de mandato constitucional establecido para los cargos de elección popular.

También dispone la obligatoriedad de la JCE de fiscalizar y supervisar los eventos internos de los partidos, sin embargo le da  la facultad  a los partidos para escoger el tipo de padrón o lista de electores que deseen utilizar en sus eventos internos, siempre en apego a los estatutos internos y reglamentos,.

La JCE lo podría  organizar, siempre que estos manifiesten su interés en tal sentido, estipulándose que los recursos que se eroguen por este concepto serán descontados del aporte económico que el Estado les proporciona a través de este organismo.

 

Las fechas de las elecciones primarias también la decidirán los partidos, pero deberán celebrarse dentro del periodo de la pre campaña. Estas se inician un año antes de las elecciones nacionales y siete meses antes de  las elecciones  de los candidatos.