Por Sergio Acevedo.
A pesar de que la composición de la Junta Central Electoral no satisfizo las expectativas planteadas por la oposición, es de esperarse que los nuevos integrantes del organismo encargado de administrar las elecciones actúe conforme a lo que establece la ley e inspirado en un ferviente anhelo democrático de imparcialidad, de modo que sus decisiones sean respaldadas por la ciudadanía en general.
La nueva JCE no es un órgano apolítico puro, pero en su composición general está la presencia de profesionales probos, honestos, con una gran capacidad y experiencia en la gerencia, lo que de por si es un signo positivo que habrá de permitirle tomar decisiones imparciales y con arreglo estricto a lo que dispone la ley.
Por Sergio Acevedo.
A pesar de que la composición de la Junta Central Electoral no satisfizo las expectativas planteadas por la oposición, es de esperarse que los nuevos integrantes del organismo encargado de administrar las elecciones actúe conforme a lo que establece la ley e inspirado en un ferviente anhelo democrático de imparcialidad, de modo que sus decisiones sean respaldadas por la ciudadanía en general.
La nueva JCE no es un órgano apolítico puro, pero en su composición general está la presencia de profesionales probos, honestos, con una gran capacidad y experiencia en la gerencia, lo que de por si es un signo positivo que habrá de permitirle tomar decisiones imparciales y con arreglo estricto a lo que dispone la ley.
Es de esperarse, en consecuencia, que las elecciones a celebrarse en el 2020 arrojen resultados conforme a lo decidido por el país, que no haya ningún tipo de manipulación, ni se toleren interferencias que puedan alterar los conteos para favorecer al partido de gobierno, el cual se sirvió de todos los medios del poder para avasallar a sus contrarios con la alteración maliciosa y abusiva de los escrutinios.
El tollo electoral de mayo pasado, sin lugar a duda, retó legitimidad a todas las autoridades elegidas en virtud de que fueron tantas las irregularidades y las acciones vandálicas cometidas por el partido oficial y el propio gobierno para favorecer a sus candidatos, que aún no se sabe con certeza la cantidad de votos logrados, incluso por el propio presidente de la República, en razón de que la mayoría de las actas, no solo fueron alteradas, sino también desaparecidas.
Nadie puede afirmar con aciertos la cantidad de votos logrados por los funcionarios electos, a no ser los números presentados por la JCE, la que actuó como un verdadero comité del PLD.
El PLD ha logrado implantar una maquinaria política perversa, un modelo político sustentado en el uso ilegal y abusivo de recursos públicos, de una acumulación sórdida de riquezas que cuyos detentadores compiten ventajosamente con los empresarios tradicionales del país, los cuales tienen decenas de años generando empleos, pagando impuestos y creando riquezas para el desarrollo del país.
Para el PLD el presupuesto nacional no es un instrumento de desarrollo para generar bienestar a los dominicanos, sino un plan avieso de negocios que disfrazan con la construcción de obras sobrevaluadas, las ventas al Estado de avituallamientos abultados en sus precios y de pésima calidad, el pago de peaje y tráfico de influencia, prácticas que han modelado un nuevo tipo de ricos con recursos suficientes para alterar la dinámica política, social y económica de la República, todo con el interés de mantenerse en el poder a como dé lugar.
Por eso utilizan los recursos para la compra de consciencia y la desarticulación de los partidos políticos, los cuales son reducidos, empequeñecidos, mientras se nutre de una buena parte de sus dirigentes para crecer en su empeño de consolidar un esquema de partido único, lo que constituye un golpe rotundo a la democracia.
Mediante el clientelismo político, el PLD se agencia lealtades y una porción importantes de votos cautivos, repartiendo miseria entre los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. De ahí que invierta grandes sumas de dinero promoviendo programas de asistencia social realmente vergonzosos, como son las tarjetas de solidaridad, el bono a estudiantes, choferes, madres solteras, etc., instrumento que aparte de no resolver los problemas a esos infelices, los instrumentaliza y violenta sus dignidades.
Para evitar estos abusos contra ciudadanos infelices es que la oposición en pleno ha demando cambios sustanciales en materia de legislación política y en la elección de los órganos arbitrales. Esa ha sido una demanda que el PLD se ha opuesto debido a que ese partido está consciente de que sus posibilidades de éxito en la participación en los torneos electorales está íntimamente ligado al fraude de diversas naturalezas.
Nuestro partido, PRSC, junto a la oposición en pleno y los representantes de las diversas entidades de la sociedad civil, ha estado luchando por la elección de personas honestas y sin vínculos políticos para encabezar, no sólo la Junta Central Electoral, sino también a los magistrados de las altas cortes y de la Cámara de Cuentas, convencido de que teniendo personas independientes en esas instancia, puede el país celebrar unas elecciones justas. Así mismo, el PRSC está reclamando la aprobación de un Código Electoral en el cual estén reunidas todas las disposiciones relativas a la materia.
Esta es una tarea que requiere ser abordada cuanto antes, porque no es un invento que la democracia nuestra está en peligro debido a las apetencias y el afán continuista del partido de gobierno.