Por: Ing. Federico Antún Batlle
La República Dominicana enfrenta uno de los desafíos más decisivos de su historia moderna: preservar su medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de sus recursos hídricos.
En un territorio insular, vulnerable a los efectos del cambio climático y altamente dependiente de sus ecosistemas naturales, la protección ambiental no es solo una responsabilidad moral, sino una necesidad estratégica para asegurar la estabilidad económica, social y democrática del país.
Los recursos hídricos dominicanos, aunque relativamente abundantes en comparación con otros territorios del Caribe, se encuentran sometidos a presiones crecientes.
La deforestación en cuencas altas, la contaminación industrial y doméstica, la expansión urbana desordenada y la sobreexplotación de acuíferos amenazan seriamente la disponibilidad futura del agua.
Ríos como el Yaque del Norte, el Yuna o el Ozama presentan signos evidentes de deterioro, con pérdida de caudal, sedimentación excesiva y altos niveles de contaminación.
Ante esta realidad, el país debe fortalecer una visión integral de gestión del agua que incorpore conservación, regulación, monitoreo permanente y educación ambiental.
La preservación del medio ambiente requiere un compromiso nacional que integre al Estado, al sector privado y a la ciudadanía.
La República Dominicana posee un patrimonio natural invaluable compuesto por parques nacionales, áreas protegidas, cordilleras, manglares, humedales y una rica biodiversidad.
Sin embargo, la presión humana ha provocado degradación de bosques, pérdida de hábitats críticos y contaminación de suelos y mares.
Proteger estos ecosistemas es esencial para mantener servicios ambientales como la regulación del clima, la protección contra inundaciones y la recarga de acuíferos.
Resulta imprescindible modernizar las instituciones ambientales y reforzar el cumplimiento efectivo de las leyes.
Asimismo, se deben promover prácticas productivas sostenibles que reduzcan la contaminación y garanticen el uso eficiente del agua y la energía.
El ordenamiento territorial es clave para evitar ocupaciones ilegales en zonas protegidas y frenar el deterioro ambiental producto del crecimiento urbano descontrolado.
La educación ambiental debe convertirse en un eje transversal en la formación de las nuevas generaciones.
Fomentar una cultura ciudadana de respeto y corresponsabilidad permitirá construir un país más consciente del valor de sus recursos naturales.
Preservar el medio ambiente y los recursos hídricos no es una tarea opcional, sino una obligación para garantizar la salud y la calidad de vida de todos los dominicanos.
El futuro nacional dependerá de la capacidad de actuar hoy con responsabilidad y visión de largo plazo, entendiendo que la sostenibilidad ambiental es la base del desarrollo y de la democracia.