Por Sergio Acevedo.
Cuando los sectores que integran los partidos políticos, el empresariado y los grupos de la sociedad civil demandan reformas en el sistema político imperante en el país, lo hacen convencidos de que el desarrollo tiene que estar tutelado bajo el fundamento de normas jurídicas y sociales que ofrezcan garantía de participación justa y equitativa de los entes sociales, al igual que resulta imprescindible la vigencia de un régimen de consecuencia que sancione a los violadores de dichas normas.
El modelo económico vigente tiene que estar estructurado para que satisfaga las exigencias de prosperidad de todos los ciudadanos, el mismo requiere de altos niveles de rentabilidad, para que pueda cumplir su cometido principal que es el generar riquezas, y con ella, garantizar el bienestar, la paz social y la justicia distributiva.
Por Sergio Acevedo.
Cuando los sectores que integran los partidos políticos, el empresariado y los grupos de la sociedad civil demandan reformas en el sistema político imperante en el país, lo hacen convencidos de que el desarrollo tiene que estar tutelado bajo el fundamento de normas jurídicas y sociales que ofrezcan garantía de participación justa y equitativa de los entes sociales, al igual que resulta imprescindible la vigencia de un régimen de consecuencia que sancione a los violadores de dichas normas.
El modelo económico vigente tiene que estar estructurado para que satisfaga las exigencias de prosperidad de todos los ciudadanos, el mismo requiere de altos niveles de rentabilidad, para que pueda cumplir su cometido principal que es el generar riquezas, y con ella, garantizar el bienestar, la paz social y la justicia distributiva.
Lo que se aspira es que se establezca un modelo de convivencia en el cual exista un patrón jurídico estable, confiable y respetado por todos y, de manera especial, por el Estado, quien es el depositario de la legitimidad para hacer cumplir y para él mismo cumplir con todas las disposiciones normativas.
Esto así porque, aunque sea de manera teórica, vivimos bajo la égida de un sistema vinculante que sirve de sustento a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que son valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.
Las reformas políticas son imprescindibles para la promoción eficaz del desarrollo y para garantizar la paz social, sin la cual es imposible lograr motorizar las actividades económicas, lo mismo que para blindar la legitimidad de los actores que representan el poder.
El pasado proceso electoral fue una muestra fidedigna del vacío normativo, en el mismo el poder se impuso de manera avasallante, violentando no sólo la norma jurídica, sino también abusando de su fuerza para obstaculizar a sus contrarios en un proceso en el cual debió de imperar la equidad, la igualdad, el equilibrio, así como la imparcialidad de los entes arbitrales.
El poder se impuso abusivamente utilizando todos los mecanismos de corrupción conocidos y otros jamás vistos en elecciones similares. Ese comportamiento les resta legitimidad a las autoridades surgidas de esos comicios, y constituye una rémora al desarrollo económico. Por eso es necesaria la reforma política, necesitamos crear instituciones fuertes, imparciales, que representen a todos y sean aceptadas por todos, para que pueda producirse una ordenada sucesión del poder, sin cuestionamiento alguno.
La reforma política tiene también su impacto positivo en la economía, debido a que la misma puede establecer mecanismo de control de la corrupción, la que no tiene lugar donde detenerse en el modelo vigente y que cada vez adquiere matices más escandalosos e impúdicos.
La corrupción afecta la inversión de capitales, son tantas las trabas y dificultades que utiliza la burocracia para ganar comisiones de los inversionistas, que al final terminan ahuyentándolos y, en el mejor de los casos, retrasando los proyectos en el tiempo de implementación y elevando sus costos.
Lo mismo sucede con las inversiones públicas, los corruptos no buscan las obras más útiles y necesarias a las comunidades, sino las más caras, las que dejan niveles altos de comisiones y que también son sobrevaluadas de manera exponencial, hasta el punto de que la obra se contrata con un presupuesto de 300 millones y termina su ejecución con 5000 millones.
La corrupción prefiere proyectos que prometan amplios réditos económicos con bajos riesgos de detección, a aquellos que beneficiarían, finalmente, a toda la sociedad. Los ejemplo abundan, ahí está el caso de los aviones Tucanos que se compraron por un valor cuatro veces superior, al precio ofertado por Estados Unidos, así como la planta eléctrica de Punta Catalina, la cual le va a salir al país tres veces más caras que la oferta presentada por los Chinos.
En síntesis, la reforma política demandada por la oposición, los empresarios, las iglesias, los organismos internacionales y la sociedad civil, lo que procura es diafanizar la vida democrática de la nación, implementar reglas claras que nos permitan garantizar la paz y el progreso en orden. No puede haber un adecuado clima de negocios sin reglas justas y abarcante para todos, los negocios no pueden prosperar cuando se violentan los procedimientos y cuando no hay consecuencias de sanción, ni cuando las instituciones dejan de servir al país para servir a un partido político o a los intereses de un líder aunque este ostente el cinto presidencial.
cinto presidencial.