Por Sergio Acevedo.
Las fuerzas políticas y sociales existentes en el país, están decididas a que en la República Dominicana se establezca una reforma política sustancial y profunda, que logre superar las deficiencias que padece el sistema electoral nacional, lo mismo que los partidos políticos, organizaciones que requieren de manera urgente un proceso de saneamiento interno que permita a sus miembros el ejercicio pleno de los derechos que le consagra la Constitución.
Las prácticas clientelistas y las imposiciones a que las cúpulas someten al resto de los militantes y dirigentes, han hecho de los partidos políticos nacionales, verdaderos instrumentos de iniquidad social y de exclusión, olvidando que se trata de organizaciones fundamentales en cuanto al desempeño de su principal rol que es el de ser instrumento para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y del Estado social y democrático de derecho en el país.
Por Sergio Acevedo.
Las fuerzas políticas y sociales existentes en el país, están decididas a que en la República Dominicana se establezca una reforma política sustancial y profunda, que logre superar las deficiencias que padece el sistema electoral nacional, lo mismo que los partidos políticos, organizaciones que requieren de manera urgente un proceso de saneamiento interno que permita a sus miembros el ejercicio pleno de los derechos que le consagra la Constitución.
Las prácticas clientelistas y las imposiciones a que las cúpulas someten al resto de los militantes y dirigentes, han hecho de los partidos políticos nacionales, verdaderos instrumentos de iniquidad social y de exclusión, olvidando que se trata de organizaciones fundamentales en cuanto al desempeño de su principal rol que es el de ser instrumento para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y del Estado social y democrático de derecho en el país.
En el dialogo que sostienen desde hace varias semanas las principales fuerzas políticas del país, así como instituciones reconocidas de la sociedad civil, bajo la dirección de Monseñor Agripino Núñez Collado, todos los partidos de oposición, especialmente el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), han puesto énfasis en la demanda de que las reformas se lleven a cabo debido a que el sistema político nacional no resiste un evento electoral más en ausencia de una norma que regule y transparente los procesos electorales, así como la vida interna de los partidos.
A pesar de que solo se habla de la aprobación de una Ley de Partido, junto a la modificación de la existente Ley Electoral el PRSC, por medio de sus voceros más calificados, ha dejado claramente establecido, que su intención es de que se apruebe un Código Electoral en el cual estén agrupadas todas las normativas relativas a las elecciones, lo mismo que a los organismos arbitrales y regulatorios de toda la mecánica electoral.
En tal sentido, el PRSC está de acuerdo con la Ley de Partido y la reforma a la Ley Electoral, pero entiende que es imperativo que el Tribuna Superior Electoral, lo mismo que la Junta Central Electoral, sean estructurados como organismos imparciales que sirvan a la sociedad y no a un determinado partido político.
En esa misma dirección se han pronunciado todos los partidos de oposición, las entidades d la sociedad civil, así como personalidades de los medios de comunicación, las universidades y hasta el magistrado titular de la junta Central Electoral Dr. Eddy Olivares Ortega, quien ha estado abogando para que sean incorporados al diálogo temas relevantes que afectaron a la oposición en las pasadas elecciones.
“Existen diversos temas que afectaron a los partidos de oposición, en los comicios que acaban de transcurrir, entre los que se encuentran la distribución de los escaños de senadores, de diputados y de regidores, que no han sido propuestos para ser incorporados al dialogo” indicó.
“¿Cómo se puede justificar que un partido político pueda llevarse todos los escaños de senadores en unas elecciones? Esto es lo que ha ocurrido en las diferentes elecciones congresuales, debido a que el diseño del sistema electoral lo permite “apuntó.
“Por esta razón, en los hechos, la teoría de la división de poderes de Montesquieu se cumple precariamente en nuestra democracia. En ese sentido, los tres poderes tradicionales, conjuntamente con los llamados órganos extra poderes, prácticamente han sido fusionados en uno solo: el Ejecutivo. Esto demuestra que es necesario reformar urgentemente el sistema electoral de caras a las elecciones del 2020” Enfatizó.
Es cierto que la aprobación de una Ley de Partidos es un imperativo de nuestra democracia, pero la urgencia está en la reforma a la Ley Electoral de manera amplia y convincente, debido a que dentro de poco días, al abrirse la nueva legislatura a partir del 16 de Agosto, habrán de escogerse los miembros de la JCE, Tribunal Electoral, Cámara de Cuentas, y de más organismos relativos al tema.
La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas procura regular la democracia interna en esas entidades para garantizar los derechos de sus miembros y el cumplimiento de su misión, como lo establece la Constitución
Sus fines esenciales son: “1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.
La ley deberá disponer mecanismos específicos para que los partidos alcancen sus fines, para el respeto de la democracia interna en la elección de dirigentes y candidatos, para promover el relevo de dirigentes y la participación de las mujeres y los jóvenes, Igual para regular límites y transparencia del financiamiento de los partidos y los candidatos, a fin de reducir el encarecimiento de la política que cuesta a la sociedad y otorga ventajas a los adinerados sin importar el origen de las fortunas que se gastan en la política. Aquí también es fundamental un fuerte régimen de sanciones a los delitos electorales.