Es para mí -como demócrata y balaguerista- de gran satisfacción el impulso que hace nuestro partido para la aprobación de una nueva ley electoral y una ley de partidos para idoneizar la actividad político-partidaria en la República Dominicana.
La deficiencia de nuestro sistema electoral y la ausencia de un marco jurídico que regule la actividad partidaria han dado como resultado la vulnerabilidad institucional de los partidos y la división inducida desde el poder de que son víctimas las principales estructuras de la oposición.
Es para mí -como demócrata y balaguerista- de gran satisfacción el impulso que hace nuestro partido para la aprobación de una nueva ley electoral y una ley de partidos para idoneizar la actividad político-partidaria en la República Dominicana.
La deficiencia de nuestro sistema electoral y la ausencia de un marco jurídico que regule la actividad partidaria han dado como resultado la vulnerabilidad institucional de los partidos y la división inducida desde el poder de que son víctimas las principales estructuras de la oposición.
En la actual legislación es fácil y común dirigir desde el poder una división dentro de cualquiera de nuestros partidos fuertes, causando graves daños a los derechos político-ideológicos y a los propios intereses legítimos del quehacer partidario. Un partido es una entidad intermedia que interactúa entre el Estado y el pueblo y por ende adquiere categoría de institución jurídica representativa de la sociedad, cuyos derechos no pueden ser avasallados por ningún factor de poder, como sucede en la actualidad.
En la RD el gobierno se dedica a la compra de conciencia con un fuerte financiamiento y recluta a una facción partidaria y la instala en el gobierno con dádivas y decretos y crea una Litis electoral que el TSE se encarga convertir en división definitiva mediante resoluciones amañadas e intrigantes que hacen insalvables los conflictos, como sucedió con el PRD y como tratan de hacerlo ahora con el reformismo.
Abogamos también porque la nueva ley electoral aborde los límites operacionales de las campañas y establezca normas equitativas para los gastos en publicidad.
Pensamos que una ley electoral puede, si no detener, al menos atenuar significativamente el uso abusivo de los recursos del Estado como ha ocurrido tradicionalmente. Igual, aspiramos a que una ley de partidos aborde los delitos de militancia y establezca penalidades para la traición, el soborno, la extorsión y el transfuguismo, a fin de introducir una conciencia de lealtad, responsabilidad y transparencia en la afiliación partidaria.
En resumidas cuentas, arrimamos nuestro hombro a los esfuerzos del PRSC por el establecimiento de un sistema democrático moderno y bajo normas de participación que provea garantías electorales y de igualdad para todo el sistema de partidos. Enhorabuena.