El Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), licenciado Mario Díaz, anunció que a partir de hoy se inicia en todo el país, la lucha del sector transporte para exigirle al gobierno que ofrezca una explicación sobre el uso dado a los recursos recaudados por concepto del impuesto de los dos pesos al galón de gasolina y gasoil Premium establecido en el artículo 20 párrafo III de la ley 253-12.
El Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), licenciado Mario Díaz, anunció que a partir de hoy se inicia en todo el país, la lucha del sector transporte para exigirle al gobierno que ofrezca una explicación sobre el uso dado a los recursos recaudados por concepto del impuesto de los dos pesos al galón de gasolina y gasoil Premium establecido en el artículo 20 párrafo III de la ley 253-12.
Asimismo, informó que el movimiento choferil está desde ya coordinando una gran marcha de reclamos, la cual tendrá como escenario inicial la ciudad de Santiago y luego será convertida en una gran protesta nacional.
Según informa el dirigente de los transportistas reformista, esos recursos fueron establecidos en la indicada ley para la renovación del parque vehicular del transporte de pasajeros y de cargas en todo el territorio nacional y “el gobierno los ha utilizado en fines diferentes”.
Conforme a la denuncia presentada por Mario Dìaz, el gobierno ha violado la ley puesto que esos recursos que, según apunta, se elevan a los 2 mil millones de pesos, han sido destinados a fines no establecidos en la normativa vigente que no es otro “que el de la renovación del parque vehicular en la República Dominicana”.
Anota que el sector choferil organizado está reclamando una explicación sobre cuál ha sido el destino de esos recursos y que piensa hacer el gobierno con el problema de las chatarras del concho y su sustitución por nuevas para poder brindar un mejor servicio a los usuarios.
Mario Díaz dijo que la flota vehicular en el país, tanto de pasajeros como de cargas, han colapsado debido a que ya tienen más de 7 años operando y, por lo tanto, ya agotó su vida útil.
Se trata de unidades que operan como chatarras, lo que constituye un peligro para los usuarios y se han convertido en una fuente de consumo de divisas en virtud de la gran cantidad de combustible que consumen, lo mismo que de repuestos, por lo que la salida única es que el gobierno cumpla con la ley y ordene la sustitución de la flota vehicular.