El Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), denunció hoy que el gobierno se propone someter al Congreso Nacional un préstamo de más de cien millones de dólares, el cual será utilizado para financiar las unidades de transporte que el grupo de empresarios nacionales y extranjeros pretende introducir al país con el objeto de desplazar a los choferes de sus fuentes de trabajo.
El Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), denunció hoy que el gobierno se propone someter al Congreso Nacional un préstamo de más de cien millones de dólares, el cual será utilizado para financiar las unidades de transporte que el grupo de empresarios nacionales y extranjeros pretende introducir al país con el objeto de desplazar a los choferes de sus fuentes de trabajo.
Mario Diaz dijo que la disposición de buscar financiamiento mediante el endeudamiento externo, se debe a que el gobierno despilfarró los más de dos mil millones de pesos que se habían recaudado a través de la Ley 253-12, dinero que fue especializado mediante un gravamen de dos pesos a cada galón de gasolina y cuyo objeto era el de sustituir la flota de vehículos de concho y de cargas.
Manifestó que al dilapidar esos recursos propiedad de los choferes, el gobierno revela su intención de sacar a los trabajadores del volante de su estado natural de labor que es el trabajo de concho, para entregarles los corredores a unos cuantos jerarcas empresariales, sin tomar en cuenta que de ese servicio viven cientos de miles de familias.
Mario Diaz sostiene que el gobierno dominicano tiene que explicarle a la población dominicana que se ha hecho con los casi dos mil millones de pesos recaudados a través de la ley 253-12, para la sustitución de la flora vehicular del concho y de carga.
Igualmente califico como “descabellada y de imposible aplicación” el plan orquestado por el gobierno a través del INTRANT de despojar de las rutas del concho a los choferes que brindan este servicio en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, ya que el 90 % de la demanda es cubierta por los carros en su mayoría convertidos en chatarras del concho y que solo el 6% lo cubre el Metro y un 3% la OMSA, según estadísticas del propio organismo rector del tránsito.
Expresó que la decisión anunciada por la directora del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, ingeniera Claudia Franchesca de los Santos, en el sentido de sacar los carros de concho de los principales corredores del Gran Santo Domingo, aparte de que es inhumana, revela su ignorancia sobre el manejo de pasajeros en la capital en virtud de que el sistema de concho es el medio mediante el cual se trasladan la mayoría de los usuarios de ese servicio.
Dijo que el déficit principal del servicio de concho está en las unidades de transporte, en las que todas están destartaladas debido a que hacen más de siete años que el parque vehicular no es renovado, a pesar de que la ley dispuso un fondo para esos fines, y que el gobierno utilizó como una piñata en fines contrarios a lo establecidos en la ley 253-12.
“A los ricos tradicionales y a los de nuevos cuños se les ha abierto el apetito, por eso laboran febrilmente en la eliminación del servicio de concho si reparar en el daño que harían a cientos de miles de familias pobres que viven del trasporte de pasajeros y de cargas, por eso acuden al financiamiento externo demandando un préstamo que, como todos los demás, es el pueblo trabajador quien lo paga.
Apunta el dirigente de los choferes reformista que la posición del gobierno, al respecto, alimentada por la incompetencia técnica del INTRANT, va a crear un caos de mucho mayor magnitud que el que se observa en determinadas arterias de la capital y de otros pueblos del interior, debido a que las autoridades carecen de alternativas tangibles para suplir el servicio eficazmente, dado a que el metro, aun introduciéndole el doble de los vagones, será insuficiente para prestar el servicio.
“El fracaso de la decisión está a la vista, porque en realidad lo que se persigue en el fondo no es resolver el problema del transporte, sino el de hacer un gran negocio para llenar los bolsillos de unos cuanto funcionarios y amigos vinculados al gobierno, negocio que se enmarca en los mismos parámetros de corrupción de Punta Catalina, así como del propio metro, del cual se reveló los manejos indecentes de su principal ejecutivo”.
Finalmente, Mario Díaz dijo que los choferes “estamos en pie de lucha” y que no vamos a dejar que no roben nuestra fuente de vida que es el trabajo que realizamos desde hace más de cincuenta años, con el cual mantenemos nuestra familia. Defenderemos nuestro derecho a vivir con uñas y dientes.