Por Sergio Acevedo.
Cuando la oposición política del país, encabezada por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como por decenas de organizaciones de la sociedad civil, acuden a la mesa de diálogo que encabeza Monseñor Agripino Núñez Collado, no lo hace con el fin de participar en una piñata de cargos, sino con el propósito patriótico de producir una reforma política de carácter democrática que garantice un sistema ecuánime de participación y garantía a los derechos ciudadanos, especialmente en lo referente al voto.
Las pasadas elecciones pusieron de manifiesto en términos absolutos, la podredumbre del sistema en el que afloraron toda gama de vicios que sin lugar a dudas les restan legitimidad a las autoridades nacidas del mismo y, eso, naturalmente, constituye un grave problema para la paz y la estabilidad del sistema en el país.
Por Sergio Acevedo.
Cuando la oposición política del país, encabezada por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como por decenas de organizaciones de la sociedad civil, acuden a la mesa de diálogo que encabeza Monseñor Agripino Núñez Collado, no lo hace con el fin de participar en una piñata de cargos, sino con el propósito patriótico de producir una reforma política de carácter democrática que garantice un sistema ecuánime de participación y garantía a los derechos ciudadanos, especialmente en lo referente al voto.
Las pasadas elecciones pusieron de manifiesto en términos absolutos, la podredumbre del sistema en el que afloraron toda gama de vicios que sin lugar a dudas les restan legitimidad a las autoridades nacidas del mismo y, eso, naturalmente, constituye un grave problema para la paz y la estabilidad del sistema en el país.
No han faltado las presiones de entidades y medios afines al partido de gobierno que están ejerciendo presiones para que se produzca un acuerdo de repartos en la elección, principalmente, de los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) y de los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano vitales en la administración y arbitraje de los procesos electorales, lo mismo que para legitimar los resultados evacuados con relación a los mismos.
La posición de los entes opositores es clara, no andan detrás de los tradicionales repartos que solo benefician al partido de gobierno y no a la población. Ella aspira a que se elijan jueces independientes, capacitados, con experiencia e idoneidad, no quiere políticos de ningún partido, sino magistrados que apliquen la ley con sentido de justicia y sanidad.
El Partido Reformista Social Cristiano desde hace varios años viene abogando por la aprobación de un Código Electoral en el cual estén compendiadas todas las leyes que rigen la materia y, de manera específica plantea la aprobación de una Ley de Partidos, de una moderna Ley Electoral y de una nueva Ley de Garantía Electoral, las cuales, junta a otras disposiciones puedan conformar un Código regulatorio del ámbito electoral.
La circunstancia de que la comisión que encabeza Agripino Núñez no se reúna desde hace una poco más de un mes, es un signo de preocupación para diversos sectores de opinión pública, por cuanto esa displicencia pueda abrir las puertas para que el Senado de la República pueda nombrar a los nuevos integrantes de la JCE como un traje diseñado a la medida de las ambiciones del presidente del órgano senatorial, a quien se da como el favorito de Danilo Medina para encabezar la boleta electoral del PLD en el 2020.
De hecho, se apuntan los contactos que viene realizando el Senado con importantes profesionales del derecho y que, en virtud de los mismos, se ha establecido un perfil acerca de las cualidades que deben poseer los candidatos a nuevos miembros de la JCE, de cuyos resultados no se descarta la posibilidad de que algunos de ellos puedan ser reconfirmados en sus puestos, lo mismo que pueda producirse un cambio en el sentido de que jueces del TSE pase a dirigir la JCE, y viceversa.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha sido enfático en demandar la ampliación del número de participantes en el diálogo con la integración de figuras prominentes de la sociedad civil y ha venido reiterando su posición para que se defina los parámetros por los que se elegirán a los miembros de la JCE y del TSE.
Su Secretario General, Chú Vásquez ha reiterado la postura del PRM de que los miembros de esos organismos no pertenezcan a los partidos políticos y sean independientes.
El presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, remitió una carta a monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador del Diálogo Nacional Electoral, en la que planteó que los miembros de ese diálogo elaboren una lista con no menos de 15 elegibles, tanto para el Tribunal Superior Electoral como para la Junta Central Electoral.
Propuso establecer dos tipos de reuniones para agilizar el diálogo, una de bloques y plenarias, y decidir a quiénes se invitará a cada una de ellas, “además de definir la periodicidad y el lugar de los encuentros en cada caso”.
Antún también remitió otra comunicación con lo que el PRSC entiende debe ser el perfil y el procedimiento para escoger a los nuevos miembros y suplentes del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral, cuyas sugerencias sean enviadas a los organismos constitucionales que tienen la facultad para elegir a los miembros del TSE y JCE. Advirtió que “el proceso de diálogo dirigido por usted no debe ser festinado como quieren algunas fuerzas políticas del país”.
Por su parte, veintiséis organizaciones de la sociedad civil se han agrupado en la “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana”, para propiciar la adopción de una nueva Ley de Partidos “que garantice que estas agrupaciones asuman el mandato constitucional que les ordena establecer procesos institucionales transparentes y organizados”. También buscan impulsar la aprobación de una Ley Electoral y garantizar la independencia de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.