SANTO DOMINGO.
La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), emplazo al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Procuraduría General de la República, para que en virtud a la ley 200-04, Sobre Libre Acceso a la información pública, informen al sector transporte y al país, que se ha hecho con los millonarios recursos recaudados durante el periodo 1 de julio del 2017 al 28 de enero del 2019, por concepto del cobro de multas a los conductores que violan la ley 63-17, Sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
En un documento depositado en estas tres instituciones del Estado Dominicano, los solicitantes establecen que la propia ley 63-17, en su artículo 298 ordena que el 75% de esos recursos serán utilizados por la Procuraduría General de la República y que el restante 25% será utilizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), por lo que el sector transporte del país entiende, que el misterio que envuelve la falta de información sobre la correcta distribución de los recursos generados mediante el cobro de las multas de transito, están perjudicando los planes gubernamentales que el Gobierno ha planificado desarrollar en beneficio de los chóferes dominicanos a través del (INTRANT).
Mario Diaz vocero de las organizaciones choferiles y Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano, resaltó que hasta la fecha se desconoce a cuanto asciende el monto recaudado por concepto de las multas impuestas a los conductores por los agentes de la DIGESETT, ni la forma en que han sido distribuidos esos millonarios recursos, situación que llama a preocupación a nuestro sector y al país.
Piden instituciones del estado informen del uso de recursos recaudados por cobro de multas de tránsito
