Afloró este martes la controversia entre la parte oficialista y los partidos políticos de oposición, los cuales demandaron ante la Comisión de Justicia Derecho Humanos del Senado, sacar del Congreso Nacional las discusiones de los proyectos de Partidos Políticos y del Régimen Electoral, para que se escuche con equidad todas las organizaciones que integran la sociedad dominicana.
Ramón Rogelio Genao, y Chú Vasquez, secretarios generales de los Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Moderno (PRM), llevaron la voz cantante para que ambas iniciativas sean debatidas en el seno de la sociedad, en virtud de la gran importancia que revisten para la democracia que las mismas sean aprobadas mediante un consenso.
Afloró este martes la controversia entre la parte oficialista y los partidos políticos de oposición, los cuales demandaron ante la Comisión de Justicia Derecho Humanos del Senado, sacar del Congreso Nacional las discusiones de los proyectos de Partidos Políticos y del Régimen Electoral, para que se escuche con equidad todas las organizaciones que integran la sociedad dominicana.
Ramón Rogelio Genao, y Chú Vasquez, secretarios generales de los Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Moderno (PRM), llevaron la voz cantante para que ambas iniciativas sean debatidas en el seno de la sociedad, en virtud de la gran importancia que revisten para la democracia que las mismas sean aprobadas mediante un consenso.
Genao fue enfático en demandar que las piezas lñegislaltivas sean sometidas a amplias discusiones y que en esas discusiones deben participar los partidos mayoritarios, los minoritarios, así como la Junta Central Electoral (JCE) y la Iglesia Católica, quienes entienden debe conducir las discusiones.
Mientras que Chú Vásquez, por su lado expresó que “es conveniente que el conocimiento de esa dos leyes sea vista por toda la sociedad, donde en las discusiones participen con equidad e igualdad de condiciones todos los partidos políticos”, precisó Vásquez.
Ambos dirigentes opositores apuntaron que en esas normativas deben tomarse en cuenta los aportes que se hacen a los partidos, el uso de los medios de comunicación, limitar el período de campaña, y otros aspectos, decisiones que deben ser fruto de consenso entre los actores, que son los partidos políticos.
Recalcaron que fruta de las decisiones unilaterales y grupales que se han hecho, es que el sistema de partido en el país ha colapsado, y dijeron que el momento es oportuno para que se realice “una profunda reforma al sistema electoral”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia que estudia ambas piezas legislativas, senador Arístides Victoria Yeb, dijo que la comisión mantendrá su agenda de trabajo, e informó que el organismo va a recesar la semana próxima y continuará los trabajos el día 18 del mes en curso donde recibirá a las 10:00 de la mañana al Consejo Económico y Social; el día 19 a los partidos emergentes y el día 20 será la vista pública.
Empero, el bloque de 24 partidos que ayer fijó posición sobre el tema, volvió a reiterar que no aceptará la imposición de una ley que beneficie al oficialismo, y condicionó la aprobación de la ley a que sea consecuencia de un consenso que incluya la iglesia y la sociedad civil.
Existe una diversidad de aspectos relativos a ambas disposiciones legislativas que requieren ser consensuados entre todos los partidos políticos, ya que son ellos los auténticos actores protagonistas de los procesos electorales.
Los aspectos más trascendentes son los referidos a los puntos sobre los que todos los sectores tienen inquietud como el financiamiento, las primarias, la campaña electoral, acceso a medios de comunicación y propaganda y publicidad, en razón de que la sociedad aspira a que los comicios sean libres y equitativos, para que la voluntad popular se exprese con autenticidad.
Todo indica que existe una decisión tomada por el partido de gobierno, PLD y su aliado PRD, de mantener secuestrada la discusión del tema al área exclusivamente congresual, para tomar una decisión conforme a sus intereses políticos, ya que ese partido cuenta con el control absoluto de los órganos legislativos y puede, utilizando esa mayoría mecánica, decidir a su antojo.
Sin embargo, la oposición se mantiene firme y advierte “que no aceptará la imposición de una ley que beneficie al oficialismo”, reiterando su pedimento para que las normativas “sean consensuadas y que incluya la iglesia y la sociedad civil.