Por Sergio Acevedo.
El derecho a la propiedad se considera como una prerrogativa inherente a la persona, está fehacientemente demostrado que los individuos no pueden alcanzar niveles de realización en el ámbito social si no son propietarios de los bienes imprescindibles para la vida, fundamentalmente, el derecho a la vivienda, entre otros.
Por Sergio Acevedo.
El derecho a la propiedad se considera como una prerrogativa inherente a la persona, está fehacientemente demostrado que los individuos no pueden alcanzar niveles de realización en el ámbito social si no son propietarios de los bienes imprescindibles para la vida, fundamentalmente, el derecho a la vivienda, entre otros.
El presidente Balaguer tuvo siempre por norma la construcción de bienes primarios y el otorgamiento de predios agrícolas a personas y trabajadores pobres y, como es natural, esa política produjo un impacto social y económico, no solo en la persona de los beneficiarios, sino en la población en sentido general.
Sin embargo, el país arrastra desde siempre un gran déficit en la titulación y registro de la propiedad inmobiliaria, debido a la ineficacia de las medidas adoptadas hasta el presente de parte de los diversos gobiernos, sobre todo, aquellos que sobrevinieron después de Balaguer, situación esta que ocupa un lugar prominente en la agenda del candidato reformista, Quique Antùn debido a su importancia social y económica.
El registro inmobiliario no solo constituye una fuente apreciable de ingresos tributarios que los gobiernos pueden emplear en la promoción del desarrollo del país, sino también que estos bienes desempeñan un función esencial como garantía del crédito a los propietarios.
Quique Antùn se propone, de ganar la presidencia de la República, hacer del registro inmobiliario un soporte jurídico efectivo, eficiente y con calidad, que responda de manera rápida las demandas de los propietarios sin títulos. Un título definitivo es un instrumento que permite a los beneficiarios alcanzar mejores niveles de vida, dinamiza la economía y promueve el desarrollo y el bienestar social. Se trata de un instrumento de justicia consustancial a las necesidades humanas.
La sensibilidad social de Quique Antùn, su humanismo cristiano se pone de manifiesto una vez más, al abordar este tema de tanta trascendencia, y lo plantea con desprendimiento de intereses ajenos al de los cientos de miles de pobres que están impedidos de disponer de sus bienes por no poseer un título que lo califique como propietario.
El líder reformista está consciente del problema, del drama social que representa para el país, debido a que muchos de los predios son propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Instituto Agrario Dominicano (IAD) y las viviendas en su mayoría han sido levantadas por diferentes gobiernos a través de Bienes Nacionales, Instituto Nacional de la Viviendas (INVI), SAVICA y otras entidades estatales, sin embargo, ninguna de esas agencias estatales se han preocupado por resolver ese grave problema que, el cual constituye una precariedad legal que retranca el futuro de esas familias.
Quique Antún anunció que va a introducir un proyecto de ley en el Congreso Nacional para tales fines, y señaló al respecto que la idea de esta ley es garantizar que todas las personas que vivan o tengan terrenos del Estado puedan adquirir por esta vía el titulo definitivo que lo acredite y le otorgue el derecho de propiedad.
Entiende que las personas beneficiarias con esta ley deberán cumplir una serie de requisitos que muestren que son los reales beneficiarios, igual lo que tiene que ver con deslinde de los terrenos.
Manifestó que la creación de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE) no ha sido suficiente para dotar de títulos de propiedad a las personas que tienen terrenos y viviendas del Estado.
Dijo que las actuales autoridades prometieron titular entre 150 y 200 mil inmuebles en estos cuatro años de gestión gubernamental y sin embargo no se ha cumplido ni con el 10 por ciento de esa cantidad prometida.