Por Sergio Acevedo
El dato arrojado por la más reciente entrega de la firma encuestadora Gallup en el sentido de que más de un 89% de la población considera que existe corrupción en el país, es revelador del grado de penetración que ha tenido esa práctica maligna, la cual ha permeado a todo el engranaje gubernamental y, consecuentemente, ha penetrado de manera significativa en una buena parte del sector privado.
Por Sergio Acevedo
El dato arrojado por la más reciente entrega de la firma encuestadora Gallup en el sentido de que más de un 89% de la población considera que existe corrupción en el país, es revelador del grado de penetración que ha tenido esa práctica maligna, la cual ha permeado a todo el engranaje gubernamental y, consecuentemente, ha penetrado de manera significativa en una buena parte del sector privado.
El origen de la corrupción es remoto, y en nuestro país se ha venido manifestando desde la época colonial, pero nunca ha tenido una presencia tan devastadora como en el presente, ya que no se trata de las consabidas “debilidades e indelicadezas de los funcionarios”, sino que en la actualidad el fenómeno opera de manera sistémica, abarcando todo el andamiaje gubernamental y esparciendo todo su lodo por la totalidad del tejido social nacional.
Desde el poder su ha constituido una estructura para el delito, por medio a ese mecanismo se orquestan y realizan todas clases de transacciones espurias con el único propósito de acumular riquezas (acumulación originaria) la que se utiliza para prostituir las instituciones destinadas para servir a la ciudadanía, al tiempo que se crean nuevos organismos jurisdiccionales cuyos fin es el de garantizar la impunidad.
El partido en el poder desarticula los poderes públicos, tal como lo hizo con el Congreso, el Poder Judicial, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, los partidos políticos, las instituciones civiles, las organizaciones profesionales, los medios de comunicación, crea mecanismos de controles como el Tribunal Superior Electoral, elabora leyes para supuestamente garantizar transparencia en la acción gubernamental, pero que nunca cumple, elabora una Constitución con características principistas, pero que la viola en el mismo momento en que su necesidad de mantenerse en el poder le resulte necesario.
El desorden se expresa, también, en el manejo financiero. Maneja un déficit en la ejecución presupuestaria que se viene reproduciendo por más de 15 años, el cual se cubre con empréstitos no solo de fuentes externas, sino también de financiamientos con banco nacionales, el incremento abusivo de los combustibles, de la tarifa eléctrica, de las importaciones de bienes primarios y terminados, así como de los incrementos en los impuestos que regularmente pagamos los pobres, debido a que nuestro sistema impositivo está estructurado, no para que los que ganan más paguen más, como es lo justo, sino para que todos paguemos iguales. Lo mismo que le cuesta una camisa a un pobre, le cuesta a un rico, lo mismo sucede con la gasolina, el aceite, el arroz, la cerveza, etc.
El gobierno no hace nada para cambiar la situación pudiendo hacer mucho debido al control que ejerce sobre los órganos estatales y no hace nada, porque se beneficia del desorden. Mantiene una nómina supernumeraria, gasta miles de millones de pesos en propaganda cuyo mensaje nadie cree, así como también sobre valoriza las obras públicas a niveles alarmantes.
Mantiene una serie de programas vergonzosos, denigrantes para la consciencia humana, tales como bonos gas, solidaridad y otras vainas por el estilo, programas que solo mantiene exclusivamente con fines electorales, para que esos infelices beneficiarios voten a su favor en los procesos electorales, sin medir que esos obsequios constituyen una emboscada para mantenerlos cautivos en la pobreza.
La corrupción ha generado tantos recursos que hoy día los figuras más prominentes del partido de poder compiten en los negocios con familias que han formado sus riquezas trabajando durante más de un siglo y por varias generaciones.
Vivimos bajo un sistema pensado y estructurado para beneficio exclusivo del poder, para la perpetuación de su presencia en el control de los órganos públicos, para imponerse y avasallar en los procesos electorales.
Legalizan sus “triunfos” porque utilizan el dinero de la corrupción y los órganos tutelares y arbitrales para imponerse comprando votos, asaltando urnas, reprimiendo a la oposición…lo que hacen abiertamente, porque saben que todos esos desmanes serán legitimados no con el voto de los ciudadanos, sino por las decisiones arbitrarias de los que cuentan los votos, dirigen el proceso, y dictaminan sobre los conflictos.
Por ese motivo el presidente “obtuvo” un 62% de los votos y casi todos los legisladores y síndicos repitieron en sus respectivas provincias y municipios.
Pero no existe mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. El país ha venido tomando consciencia de su drama y eso es precisamente lo que refleja ese porcentaje tan alto en la percepción de corrupción que tiene la ciudadanía.
Corresponde a la oposición lograr que esos números se conviertan en votos, se trata de un reto que el Partido Reformista Social Cristiano ha asumido desde mucho antes de la salida de la encuesta, con el diseño estratégico de Quique Antùn, logrando primero la independencia funcional de nuestra organización, y en ese mismo orden, la competencia electoral promisoria con el respaldo de la juventud y la mujer, ambos nichos determinantes para ganar unas elecciones sin importar las trabas del poder.