Por Sergio Acevedo
El derrotero por el cual atraviesa el proyecto de Ley de Partidos, lo que presagia es que esa pieza, de vital importancia para la salud democrática del país, no tiene la más remota posibilidad de que pueda sobrevivir, en razón de que está altamente demostrado el interés del poder gubernamental de que el proyecto sucumba y, en consecuencia, el país se vería en la disyuntiva de participar en las elecciones del 2020, sin la presencia de un mecanismo, transparente y justo, que regule el proceso y que ofrezca garantía de equidad a las fuerzas participantes.
Por Sergio Acevedo
El derrotero por el cual atraviesa el proyecto de Ley de Partidos, lo que presagia es que esa pieza, de vital importancia para la salud democrática del país, no tiene la más remota posibilidad de que pueda sobrevivir, en razón de que está altamente demostrado el interés del poder gubernamental de que el proyecto sucumba y, en consecuencia, el país se vería en la disyuntiva de participar en las elecciones del 2020, sin la presencia de un mecanismo, transparente y justo, que regule el proceso y que ofrezca garantía de equidad a las fuerzas participantes.
Todos los partidos de oposición, lo mismo que las fuerzas que integran la sociedad civil, están contestes en relación a la necesidad de que las elecciones discurran dentro de un marco de justicia y participación que ofrezca garantía de que sus resultados serán la verdadera voluntad de los ciudadanos.
Todas las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, universidades, empresariado, sindicatos, organizaciones profesionales, en fin, todas coinciden en el reclamo de que el proceso electoral requiere de ser regulado por un ordenamiento que permita la participación dentro de un orden de justicia y equidad, excepto el gobierno que lo que aspira es a reproducir el matadero electoral del 2016 en el cual se impuso avasallando a la oposición con el uso brutal de los recursos públicos y los sobornos de Odebrecht, lo que sin lugar a duda le resta todo acento de legitimidad.
El gobierno teme bajar del poder, porque han sido tantos los escándalos de corrupción que se han producido en estos casi 20 años de gestión, que no se atreve a propiciar unas elecciones limpias, transparentes, justas y con garantías para todos, sino un matadero electoral en el cual toda la maquinaria del Estado obre a su favor con el control de todas las instituciones públicas, especialmente, aquellas que están destinadas a arbitrar el proceso.
No existe el menor orificio de que la oposición pueda ganar unas elecciones, el gobierno está blindado: todos los poderes públicos están bajo su control, cuenta con todo el dinero del presupuesto, los suplidores del Estado, los riferos y hasta los del crimen organizado. Ha comprado la voz y la consciencia de una parte importante de los hacedores de opinión y de los medios de expresión, lo mismo sucede con una parte de los partidos que hasta hace poco eran abanderados de la causa democrática.
En medio de ese panorama sombrío, lo que se impone es que las fuerzas opositoras se articulen y se movilicen en torno a un programa de aplicación inmediato y en el cual están presentes todas las demandas estructurales que nos permitan retornar hacia un estado de democracia participativa, no clientelista.
Dicho programa tiene que resumir la demanda por la democratización de la justicia, la única manera de frenar la corrupción y poner fin a la impunidad. Lucha contra la inseguridad, reforma del sistema electoral, rescate del sistema de salud, reformulación de la plataforma educativa, fin a la carrera de endeudamiento, reorientación de la política económica, defensa de los recursos naturales, protección del medio ambiente, priorizar la producción agrícola y pecuaria, incremento de la exportaciones, etc.
La articulación de la oposición junto a las demás fuerzas sociales, es un imperativo, una demanda del momento político y de la historia, debido al peligro que encierra para la democracia la permanencia de un régimen que no cede ante nada contar de alcanzar sus objetivos continuistas.
El programa de reivindicaciones es un elemento aglutinante, pero no es suficiente, se precisa de un candidato que también lo sea y, para encontrarlo, se precisa en abandono de los egos y protagonismos de los que hoy integran la oposición. No es una tarea fácil porque nuestra política ha estado matizada tradicionalmente por el personalismo egoísta, el cual ha sido una retranca que ha impedido el logro de metas comunes.
Pero el momento requiere sacrificio, se precisa de lanzar a un lado las naturales ambiciones para buscar un candidato que encarne los ideales de justicia planteados y que goce de la confianza de todos. Existen muchos profesionales capaces e idóneos que pueden representar el ideal, pero también buscar un empresario de ideas liberales, democráticas, que no esté vinculado al naufragio económico y la corrupción que nos abate.
Ternemos que hacer algo novedoso, inusual, porque estamos frente a una emergencia del sistema. No podemos pensar que vamos a ganar unas elecciones a un poder agresivo y herido de muerte, utilizando de manera exclusiva las reglas impuestas por ese mismo poder, es necesario movilizar la fuerza de la población en la búsqueda del voto, pero también estando atentos, vigilantes, para que ese voto no se desvía, ya sea porque no se cuente, o porque se cuente mal.