El sostenido aumento de los precios del oro en los mercados internacionales representa una oportunidad estratégica para la República Dominicana. Como país con producción aurífera relevante, este contexto favorable puede traducirse en un incremento significativo de las recaudaciones fiscales, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni trasladar cargas al consumidor final.
El oro es un bien de exportación, cuyo precio se determina fuera del mercado interno. Cuando su cotización sube, aumentan automáticamente los ingresos brutos de las empresas mineras, lo que impacta positivamente en el pago de impuestos, regalías, participación en beneficios y otros aportes establecidos en los contratos y en la legislación vigente. Este aumento de recaudación no incide en los precios de los bienes y servicios que consume la población, por lo que no genera inflación ni pérdida de poder adquisitivo.
Para que este beneficio sea pleno, el Estado debe asegurar una administración eficiente y transparente de los ingresos provenientes de la minería. Es fundamental que las regalías y tributos sean correctamente calculados, auditados y cobrados, evitando evasión, subvaluación de exportaciones o prácticas que limiten la participación justa del país en la renta minera.
Asimismo, resulta clave revisar periódicamente los marcos contractuales y fiscales, respetando la seguridad jurídica, pero garantizando que el Estado capture una proporción razonable de las ganancias extraordinarias derivadas de los altos precios internacionales. Mecanismos como impuestos sobre rentas extraordinarias o ajustes progresivos previamente pactados pueden contribuir a este objetivo sin afectar la competitividad del sector.
Los recursos adicionales obtenidos por esta vía deben destinarse prioritariamente a inversión pública productiva: educación, salud, infraestructura, agua potable y protección ambiental. De este modo, la riqueza generada por un recurso no renovable se transforma en capital humano y social duradero, beneficiando a toda la nación.
En conclusión, el alza de los precios del oro ofrece a la República Dominicana una fuente adicional de ingresos fiscales sin impacto negativo sobre los consumidores. Aprovecharla correctamente exige institucionalidad sólida, transparencia, visión de largo plazo y un uso responsable de los recursos, orientado siempre al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible del país.
Tenares, provincia Hermanas Mirabal.–El exdiputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Orlando Rosado, exigió a las autoridades la ejecución de varias obras consideradas prioritarias para el municipio de Tenares, entre ellas el bacheo y rehabilitación de la carretera Tenares–Gaspar Hernández.
Rosado señaló que esta vía es de gran importancia, ya que comunica a Tenares con varios pueblos de la costa norte. Indicó que el reclamo ha sido planteado en múltiples ocasiones, principalmente por la asociación de choferes que cubren la ruta Tenares–Joba Arriba, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta efectiva por parte de las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal.
El exlegislador afirmó que el mal estado de la carretera ha provocado daños constantes a los vehículos que transitan por la zona, situación que mantiene preocupados a los transportistas. Agregó que, pese a varias promesas realizadas para solucionar el problema, la vía continúa en condiciones deterioradas.
Asimismo, Orlando Rosado indicó que otra carretera que requiere mantenimiento es la del Cruce de Cenoví, la cual conecta con la autopista Duarte. Según explicó, esta vía presenta múltiples problemas y hasta la fecha no se han realizado trabajos para su reparación.
En otro orden, el excongresista hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que se construya un proyecto habitacional en Tenares, al considerar que el municipio carece de viviendas de bajo costo, a diferencia de otras provincias donde el Gobierno ha desarrollado este tipo de iniciativas.
Rosado también recordó que, durante la campaña electoral, el ministro de Turismo, David Collado, prometió la construcción de la carretera Salcedo–Monte Llano hasta Río Partido. Aseguró que esta vía se encuentra en condiciones deficientes, lo que afecta el transporte y el acceso a la zona montañosa con potencial turístico.
De igual manera, el dirigente político reclamó la terminación del sistema cloacal del municipio de Tenares, el cual, según indicó, se encuentra paralizado desde hace cinco meses. Señaló que la obra ha dejado múltiples excavaciones en distintos puntos del municipio, lo que ha generado malestar entre los residentes.
Finalmente, Orlando Rosado expresó que estos reclamos responden al sentir de la comunidad de Tenares, la cual, según afirmó, se siente desatendida y sin autoridades que gestionen de manera efectiva sus demandas ante el Gobierno central.
Por: Miguel Domingo Vásquez, periódico El Caribe.-
Santo Domingo.– El presidente del Partido Reformista, Federico Antún Batlle (Quique Antún), rechazó de manera enérgica la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que pretende ordenar cambios en los límites del Parque Nacional Jaragua.
Antún afirmó que esa decisión es un abuso de competencia y un golpe directo a la Constitución, porque ningún tribunal puede reducir un área protegida por encima de la voluntad del Congreso y del interés nacional.
Además, Antún sostuvo que esta sentencia envía un mensaje equivocado al país, porque convierte las áreas protegidas en “territorios discutibles”, cuando en realidad son bienes irrenunciables de la nación. “Si permitimos que una decisión como esta prospere, estaremos legalizando el retroceso ambiental y debilitando la autoridad del Estado para proteger lo que es de todos los dominicanos”, puntualizó.
“El Parque Nacional Jaragua no se negocia, no se recorta y no se entrega. El TSA no puede convertirse en un instrumento para abrirle paso a presiones y ambiciones disfrazadas de legalidad”, advirtió.
El Partido Reformista sostuvo que esta sentencia debe ser enfrentada por las vías correspondientes, para evitar que mañana cualquier otra área protegida termine bajo el mismo ataque.
“Hoy es el Parque Nacional Jaragua, mañana puede ser cualquier parque nacional. Y eso no lo vamos a permitir”, concluyó Quique Antún.
El desarrollo de una nación no es producto del azar ni de decisiones tomadas al impulso del momento. Las sociedades que logran avanzar de manera sostenida lo hacen porque colocan la planificación en el centro de su acción pública y privada. En la República Dominicana, sin embargo, con frecuencia seguimos atrapados entre dos males que frenan nuestro progreso: la improvisación y la confusión entre lo necesario y lo verdaderamente prioritario.
Planificar no es un lujo burocrático ni un simple ejercicio técnico. Es, ante todo, un acto de responsabilidad con el presente y con el futuro. Significa definir metas claras, establecer prioridades y asignar los recursos escasos de forma coherente. La improvisación, por el contrario, suele nacer de la presión política, del deseo de mostrar resultados inmediatos o de la falta de una visión de largo plazo. Sus efectos casi siempre son los mismos: obras inconclusas, programas que no perduran y un uso ineficiente del dinero público.
Nuestro país ofrece numerosos ejemplos de decisiones tomadas sin la debida planificación. Proyectos iniciados sin estudios suficientes, cambios constantes de rumbo en políticas públicas y soluciones “de emergencia” que terminan volviéndose permanentes. Esta cultura de la improvisación genera desconfianza, eleva los costos y, lo más grave, impide construir bases sólidas para un desarrollo sostenido.
A este problema se suma otro no menos dañino: la confusión entre lo necesario y lo prioritario. Muchas cosas son necesarias en una nación con tantas carencias, pero no todo puede hacerse al mismo tiempo. Priorizar implica escoger, y escoger implica tener criterios claros basados en el bien común, no en la conveniencia política del momento. Cuando se invierten recursos en lo visible pero no en lo esencial, se puede ganar aplauso inmediato, pero se pierde futuro.
Por ejemplo, es necesario inaugurar obras, pero es prioritario garantizar educación de calidad, salud eficiente, seguridad jurídica e instituciones fuertes. Es necesario mejorar caminos y edificios, pero es prioritario asegurar su mantenimiento, su utilidad real y su integración a un plan nacional de desarrollo. Sin planificación, incluso lo que se hace con buena intención termina siendo ineficaz o insostenible.
Avanzar como nación exige un cambio de mentalidad. Debemos pasar de la cultura del “resolver” a la cultura del “prever”; del anuncio espectacular a la política pública seria y evaluable; del corto plazo al compromiso con las próximas generaciones. La planificación no elimina los imprevistos, pero sí reduce sus impactos y evita que la improvisación se convierta en norma.
La República Dominicana tiene talento, recursos y oportunidades. Lo que necesita con urgencia es ordenar sus esfuerzos, definir con claridad qué es lo prioritario y actuar con coherencia y continuidad. Solo así dejaremos de caminar a trompicones y comenzaremos, de verdad, a avanzar con rumbo firme hacia un desarrollo más justo y sostenible.
La República Dominicana necesita una reforma fiscal integral que combine responsabilidad, equidad y visión de desarrollo. El objetivo no debe ser simplemente recaudar más, sino recaudar mejor: reducir el déficit fiscal, mejorar la calidad del gasto público y contribuir a una distribución más justa de las riquezas, sin cargar sobre los hombros de la clase media, que ya soporta gran parte del peso del sistema tributario.
Uno de los principales problemas del esquema actual es la proliferación de exenciones y tratamientos preferenciales que, aunque en su origen pudieron tener justificación, hoy representan un sacrificio fiscal elevado y, en muchos casos, poco transparente. Estas exenciones reducen la base tributaria, distorsionan la competencia y obligan al Estado a compensar la falta de ingresos con deuda o con impuestos indirectos que afectan más a quienes menos tienen.
Una reforma sensata debe partir de una revisión exhaustiva de todas las exenciones. No se trata de eliminarlas de manera indiscriminada, sino de evaluar cuáles realmente generan empleo, inversión productiva y valor agregado nacional, y cuáles se han convertido en simples privilegios. Al reducir gradualmente las exenciones ineficientes, el Estado puede ampliar la base de contribuyentes sin subir las tasas impositivas que afectan a la clase media y a los sectores productivos formales.
Al mismo tiempo, es imprescindible fortalecer la administración tributaria, combatir la evasión y la elusión, y simplificar los procedimientos. Un sistema complejo y opaco favorece al que puede pagar asesores para esquivarlo y castiga al que cumple. La equidad fiscal no solo depende de las leyes, sino también de su aplicación justa y firme.
La clase media debe ser protegida. Ella es el motor del consumo, del ahorro y de la estabilidad social. Cargarla con nuevos impuestos o con aumentos en los ya existentes solo profundizaría el estancamiento económico y el descontento. La reforma debe orientarse a que paguen más quienes más tienen y, sobre todo, quienes hoy pagan poco o nada pese a tener alta capacidad contributiva.
Pero una reforma fiscal no puede verse aislada del gasto público. La ciudadanía estará más dispuesta a contribuir si percibe que sus recursos se usan con eficiencia, transparencia y sin despilfarro. Reducir el déficit fiscal no es solo cuestión de ingresos; también implica priorizar inversiones, eliminar gastos improductivos y combatir la corrupción.
En síntesis, la República Dominicana necesita una reforma fiscal integral que amplíe la base, reduzca privilegios injustificados, proteja a la clase media y fortalezca la institucionalidad. Solo así podremos avanzar hacia un Estado financieramente sostenible y hacia una sociedad donde la riqueza se distribuya con mayor justicia y el desarrollo sea verdaderamente inclusivo.
La infraestructura constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y humano de una nación. En la República Dominicana, carreteras, puentes, sistemas de agua potable, alcantarillado, presas, escuelas, hospitales y redes eléctricas sostienen la vida cotidiana y la productividad nacional. Sin embargo, el crecimiento demográfico, la expansión urbana y el paso del tiempo han evidenciado una realidad ineludible: tan importante como construir nuevas infraestructuras es mantener adecuadamente las existentes.
Durante décadas, el país ha realizado inversiones significativas en obras públicas, muchas de ellas necesarias para impulsar el desarrollo regional y la competitividad económica. No obstante, la falta de una cultura sostenida de mantenimiento ha provocado el deterioro prematuro de infraestructuras que aún podrían prestar servicios eficientes. Carreteras con baches recurrentes, puentes con deficiencias estructurales, sistemas de drenaje colapsados y edificaciones públicas en estado crítico son señales claras de que el mantenimiento no puede seguir siendo una prioridad secundaria.
El mantenimiento preventivo resulta, en la mayoría de los casos, mucho menos costoso que la reconstrucción total. Invertir a tiempo en la reparación, supervisión y modernización de las infraestructuras existentes evita riesgos para la seguridad ciudadana, reduce gastos futuros y prolonga la vida útil de las obras. Además, una infraestructura bien mantenida mejora la calidad de vida, facilita el comercio, fortalece el turismo y aumenta la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
Sin embargo, el mantenimiento por sí solo no basta. La República Dominicana enfrenta nuevas demandas derivadas del crecimiento poblacional, el desarrollo industrial, la urbanización acelerada y los efectos del cambio climático. Estas realidades exigen la construcción de infraestructuras nuevas, modernas y resilientes. Nuevas vías de transporte, sistemas de movilidad urbana eficientes, plantas de tratamiento de agua, infraestructuras educativas y hospitalarias adecuadas son esenciales para responder a las necesidades actuales y futuras del país.
La planificación juega un papel determinante en este proceso. No se trata únicamente de construir más, sino de construir mejor, con criterios técnicos, visión de largo plazo y respeto al medio ambiente. Cada obra debe responder a estudios serios de impacto social, económico y ambiental, evitando la improvisación y el uso político de las infraestructuras. La transparencia en la contratación, la supervisión técnica rigurosa y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para garantizar obras duraderas y funcionales.
En conclusión, el desarrollo sostenible de la República Dominicana requiere un equilibrio responsable entre el mantenimiento de las infraestructuras existentes y la construcción de nuevas obras. Ambos aspectos son complementarios y estratégicos. Apostar por infraestructuras seguras, eficientes y bien gestionadas no es un lujo, sino una necesidad impostergable para garantizar el bienestar de la población y el progreso continuo de la nación.
