El Partido Reformista Social Cristiano considera que la decisión de la Junta Central Electoral de ordenar la aplicación del voto de arrastre entre senadores y diputados en las seis demarcaciones territoriales con el mayor peso electoral del país y no en todo el territorio nacional, como manda la ley, viola la Constitución de la República y la Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral.
La decisión del Pleno de la JCE, crea un funesto precedente que junto a otras inconsistencias observadas en sus últimas disposiciones, colocan en grave peligro la realización de elecciones justas, equitativas y transparentes para el próximo año.
Repudiamos esta irresponsable decisión y anunciamos que será recurrida ante todos los estamentos nacionales e internacionales que nos permite el actual estado de Derecho.
Nunca en la historia electoral dominicana se había observado que una misma norma se aplicara de forma distinta dependiendo del territorio. Es como si dijéramos que la violación a un artículo del Código Penal es válido en una provincia e invalido en otra.
La decisión de la JCE vulnera la ley, pues interpreta erróneamente el artículo 104 de la Ley 15-19 e inicia un peligroso camino de descalificación como ente organizador y regulador de las próximas elecciones.
La implementación del voto de arrastre en una parte del país y en otra no, es inentendible e inaceptable, por lo que demandamos su rectificación, ya que las leyes son de cumplimiento obligatorio para todos y no para una parte de la población.
La JCE acaba de hacer una aplicación dicotómica de la ley 15-19. Las leyes no se interpretan, sino que se aplican; y mucho menos, asignarlas de una forma distinta en el mismo ámbito territorial.
Las seis demarcaciones donde se aplicará el voto de arrastre representan el 57% del total de diputados provinciales, más del 58% de todos los colegios electorales del país y el 59% de todos los electores del país, lo que indica que seis de cada diez votantes lo harán bajo el sistema del voto de arrastre, pese a que el mismo fue eliminado entre senadores y diputados.
Por tanto, la JCE ha jugado con la inteligencia del dominicano, porque el hecho de que hayan individualizado la implementación del voto de arrastre, demuestra que el Pleno de la JCE está convencido de que la Ley creó cuatro niveles de elección, pero ellos se parcializan para complacer a un grupo de senadores, con lo que evidencian que han perdido legitimidad para arbitrar el próximo proceso electoral, a menos que no rectifiquen de inmediato.
Un proceso electoral no pueda quedar entrampado en juegos polisémicos, ni bifurcaciones, sino sujeto estrictamente a la seguridad jurídica. Esta decisión nos deja en la “nada” y solo dios ha sido capaz de hacer el mundo a partir de la nada.
Vemos además con preocupación que en el Reglamento de candidaturas aprobado también ayer, no se contempla cómo se aplicarán los porcentajes del 40%-60% de género, ni el 10% para la juventud.
Anunciamos que comenzaremos desde hoy mismo a exponer ante Organismos Internacionales, la grave situación de inseguridad jurídica que afecta el próximo proceso electoral. Como parte de esta gestión, la Organización Demócrata de América Latina ha emitido una declaración de prensa que también entregaremos aquí hoy y lo propio comenzaran a hacer otras instancias políticas del mundo. Estaremos vigilantes y no cejaremos en nuestra lucha para garantizar que las próximas elecciones sean la expresión libre y soberana del pueblo y no el resultado de conciliábulos de aposentos o del control que ejerce el partido de gobierno en la mayoría de los estamentos de Poder del país.
Con árbitros parciales, que quieren aplicar la Ley a su antojo, permitiendo campaña a destiempo, gastos excesivos que ya superan los topes permitidos por la Ley, y estructurar Juntas Electoras parciales al PLD, es imposible que pueda surgir algo bueno del próximo proceso electoral.
Llamamos a la sociedad civil, a las iglesias, al sistema de partidos no comprometido con estas violaciones, a líderes sindicales, gremiales, al empresariado y otras instancias del pueblo, a pronunciarse y demandar de la Junta Central que ajuste sus decisiones a las normas de transparencia, equidad y apego absoluto a la Ley.
El país no resiste más crispaciones. O marchamos en paz hacia un proceso electoral igual para todos, o nos encaminamos al caos, la ingobernabilidad y la desobediencia civil.
EL PARTIDO REFORMISTA TAMBIÉN DEJÓ ABIERTO PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS MILITANTES PARA INSCRIBIR A MÁS DE 500 MIL PERSONAS EN TODO EL PAÍS
SANTO DOMINGO.- La Comisión de Elecciones Internas del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) anunció este viernes la apertura del proceso de preinscripción de los precandidatos a cargos de elección popular con miras a las elecciones generales del 2020. También dejaron abierto el padrón de militantes, con el que buscan inscribir a más de 500 mil personas.
La información la dio a conocer el Secretario General del PRSC, Ramón Rogelio Genao, al finalizar la reunión que sostuvieron los integrantes de dicha comisión en la sede principal del partido colorao, la cual fue encabezada por su presidente, el ingeniero Federico Antún Batlle (Quique).
Genao explicó que este proceso de preinscripción de precandidatos ha sido abierto en virtud del artículo 32 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 de Régimen Electoral.
META: 500 MIL NUEVOS INSCRIPTOS
El alto dirigente reformista anunció asimismo que también se aprobó en la reunión de hoy la apertura de un proceso de inscripción y reinscripción de nuevos miembros del PRSC para conformar un nuevo padrón de militantes, el cual concluirá el 22 de agosto de este año.
Explicó que en este proceso de inscripción de militantes aspiran a superar el medio millón inscriptos, lo que le permitirá al PRSC jugar un rol protagónico en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales.
En esa fecha –agregó- cerraremos nuestro padrón y notificaremos en función de la ley a la Junta Central Electoral (JCE) los precandidatos que participarán en los procesos internos que establecerá el Partido Reformista de acuerdo a su estatuto y las decisiones de los órganos de dirección de nuestra organización.
El Secretario General del PRSC indicó que darán cumplimiento a la decisión del partido “de postular en nuestras boletas un 60 por ciento de personalidades, hombres y mujeres, de la sociedad civil, de las iglesias, de los gremios, deportistas, periodistas y de toda la sociedad en sentido general”.
Explicó que con ello buscan brindarle en la boleta del Partido Reformista, en la casilla número 3, “la oportunidad al soberano, que es el pueblo, a que produzca los cambios en los niveles de representación que establece la Constitución de la Republica Dominicana”.
Los miembros de la Comisión de Elecciones Internas del PRSC está integrada por el ingeniero Quique Antún, como presidente; Ramón Rogelio Genao, coordinador; Eddy Alcántara Castillo, Máximo Castro Silverio, José Balaguer, Frank Martínez, Ramón Feliz Madera, Sergio Cedeño, Eddy Antonio Germán, Sergia Elena Mejía de Séliman y Miguel Hazim, miembros.
El presidente del Partido Reformista Social Cristiano dijo en la audiencia pública celebrada ayer por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) y representantes de las diferentes organizaciones políticas, que esa organización no permitirá que las Juntas Municipales estén controladas por el Partido de la Liberación Dominicana como parte de un plan para ganar de manera fraudulenta las elecciones del 2020.
Quique Antún manifestó en ese sentido que por el apuro y la prisa que hay en el montaje de las elecciones del 2020, “no vamos a dar como un hecho consumado hacer lo inadecuado”.
Sostuvo es una posición responsable y en defensa de la democracia la denuncia y observaciones del PRSC para que se celebren elecciones verdaderamente transparentes.
Dijo que en el documento que le entregaron a la JCE están todas las evidencias de que la mayoría de los funcionarios de las Juntas Electorales cobran en el gobierno o son suplidores en sus respectivas demarcaciones.
“Estamos haciendo observaciones a las propuestas de conformación de las Juntas Electorales para que se hagan las correcciones de lugar”, agregó.
El presidente del Partido Reformista manifestó hay que buscar en los pueblos personas que estén dispuestas asumir el rol que hay que asumir como parte de la Juntas Municipales “para evitarle a este país una desgracia y para evitarle a ustedes (los miembros del pleno de la JCE) que el buen nombre y el buen crédito que se han ganado, pasen a ser cuestionados por la opinión pública”.
La Secretaria de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano, solicitó hoy al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), posponer la ejecución del REGLAMENTO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA-VEHICULAR, numero 5-19, de fecha 04 de enero del año 2019, publicado por el Poder Ejecutivo, hasta tanto el gobierno haga de público conocimiento la forma en que será ejecutada la sentencia del Tribunal Constitucional número, TC/0589/18, de fecha diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, mediante la cual el Tribunal Constitucional ordena al gobierno ejecutar, el programa de sustitución de la flota vehicular del concho y de cargas, con los recursos acumulados en virtud a los establecido en el Párrafo III del artículo 20 de la ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado (SIC) para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha del 13 de noviembre de 2012, derogado por el artículo 20 de la Ley número, 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, de fecha 21 de febrero de 2017, por lo que exigen al Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, ordenar que se libere el 25% de los fondos provenientes del impuesto de dos pesos a las Gasolinas y Gasoil Premium, que pertenecen al sector transporte, los cuales constituyen un ahorro de los trabajadores y transportistas dominicanos y cuyo monto asciende a la suma de 11 mil millones de pesos, los cuales están destinados por ley, para la sustitución de la flota vehicular del concho y de cargas de nuestro país.
Expresaron su preocupación, ya que en los próximos días con la aplicación del REGLAMENTO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA-VEHICULAR numero 5-19, decenas de miles de trabajadores y chóferes del concho pueden quedar sin trabajo, debido a las precarias condiciones en que se encuentran las destartaladas unidades vehiculares con que los trabajadores y conductores realizan sus trabajos, en el transporte de pasajeros, en el transporte de rubros agrícolas, de mercancías y cargas diversas en todo el territorio nacional.
Recordaron que cuando se creó el fondo con el objetivo de promover el desarrollo Vial y la renovación de la flota vehicular del transporte público de pasajeros y de Carga se estableció para esos fines un impuesto adicional de dos pesos dominicanos (RD$2.00) por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y Premium al ya previsto en la Ley número,112-00, sobre Hidrocarburos, esto significa que la recaudación de dichos recursos ha sido producto de los impuestos que sobre los combustibles pagan los trabajadores, los choferes y los y las ciudadanas del país, así como también los mismos operarios del sector del transporte público, pues dicho impuesto es de carácter General y recae en todos aquellos que compran combustibles, por lo que sería una violación perjudicial a la clase trabajadora dominicana y a la ciudadanía en sentido general, el hecho de que esos recursos sean invertidos por el gobierno en fines diferentes, ya que es una responsabilidad del Estado invertir los recursos recaudados atraves del mismo, en los fines que justificaron su creación en beneficio no solo de los operarios del transporte, sino también de los trabajadores y usuarios del mismo.
Señalaron que la propia Ley número, 63-17 despliega, en su artículo 34, que “la prestación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros se hará en vehículos que garanticen la seguridad de los usuarios y de los terceros”; y en su artículo 38 propone que “los usuarios del servicio público de transporte terrestre tendrán derecho de elección, calidad, eficiencia, seguridad y a recibir un trato equitativo y digno, que garantice los principios de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad de los servicios públicos a precios justos y razonables”.
De igual forma, esta ley establece los requisitos que deberán cumplir los vehículos destinados al transporte público de pasajeros y carga requisitos que serán verificados a través del sistema de inspección al que deben ser sometidos- para garantizar la calidad y seguridad de este servicio.
Agregaron que según informaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), existen registrados como parque vehicular de la República Dominicana 4.456.000 cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil vehículos, de los cuales alrededor de 1.350.00, se encuentran en pésimas condiciones y de los cuales 114.000 o sea el 80%, pertenecen a la flota vehicular del transporte de pasajeros y de cargas, por lo que si esos vehículos no reúnen
los requisitos del nuevo sistema de inspección vehicular, esas unidades vehiculares al quedar fuera de circulación, darán lugar no sólo a un defisits de asientos en nuestro sistema de Transporte de pájaros y de cargas, sino que también, enviarán a sus casas a más de cien mil hombres y mujeres que automáticamente quedarán sin trabajos y expuestos a condiciones de miseria y hambre junto a sus familias.
Sustentación jurídica de nuestro reclamo:
EL ARTÍCULO 20 de la ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del estrado (SIC) para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha del 13 de noviembre de 2012 establece:
ARTÍCULO 20: Con el objetivo de promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros y de carga se establece un impuesto adicional de dos pesos dominicanos (RD$2.00) por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y Premium, previsto en la Ley No.112-00, sobre Hidrocarburos. PÁRRAFO I. Este impuesto será recaudado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). PÁRRAFO II. La recaudación estimada por este concepto será asignada en el Presupuesto General del Estado. El Ministerio de la Presidencia coordinará la utilización de dicho fondo e identificará los programas y proyectos a ser financiados. PÁRRAFO III. El veinticinco por ciento (25%) de estos ingresos deberá ser utilizado exclusivamente para el programa de renovación vehicular de transporte público de pasajeros y de carga, cuyo diseño deberá ser coordinado con los representantes del sector transporte. El setenta y cinco (75%) restante será utilizado para el desarrollo vial. PÁRRAFO IV. La administración y uso de estos recursos está sometida al sistema de control interno y externo previsto por las leyes dominicanas, así como al régimen de contrataciones públicas.
El artículo 20 de la Leynúmero. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana de fecha 21 de febrero de 2017, establece:
Artículo 20.-Recursos para la renovación vehicular del transporte de pasajeros y cargas. La recaudación estimada por concepto del veinticinco por ciento (25%) del impuesto definido en el párrafo III del Artículo 20 de la Ley No.253-12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, será asignada durante diez (10) años al Presupuesto General del Estado a favor de un Fondo Especial para la Renovación Vehicular del Transporte de Pasajeros y Cargas en la Tesorería Nacional. La administración y uso de estos recursos estará sometida a los sistemas de control interno y externo previstos por las leyes dominicanas, así como al régimen de contrataciones públicas. También podrán constituirse instrumentos financieros con los recursos del fondo especial, con capacidad de emisión de valores respaldados en fideicomiso de oferta pública para dotar al (INTRANT) de una mayor agilidad y eficiencia financiera en el manejo de estos fondos, con ajuste a las disposiciones de la Ley No.189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana. Párrafo.- Estos fondos serán utilizados exclusivamente para el programa de renovación vehicular del transporte de pasajeros y cargas, cuyo diseño y regulación estará a cargo del (INTRANT).
La sentencia del Tribunal Constitucional número, TC/0589/18 de fecha diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho establece y ordena en las partes numero tercera y cuarta de su dispositivo que:
TERCERO: DECLARAR que procede la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (FENATTRANSC), contra la Sentencia Núm. 0030-2017-SSEN-00074, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
CUARTO: ORDENAR al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) cumplir con lo establecido en el artículo 20 de la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana y, en consecuencia, proceda al diseño y regulación del programa de renovación vehicular del transporte de pasajeros y cargas.
El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) denunció este lunes que el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha impuesto el control de las Juntas Electorales en casi todo el territorio nacional en busca de mantenerse en el poder.
El PRSC, en voz de su presidente, ingeniero Federico Antún Batlle (Quique), dijo en conferencia de prensa que al revisar el listado de los nombres propuestos para la Reestructuración de las Juntas Electorales, se pudo comprobar que la mayoría son dirigentes del PLD, suplidores del Estado y dependientes del gobierno peledeísta.
Manifestó que el Partido Reformista ha encontrado situaciones sumamente alarmantes y preocupantes, que de no ser corregidas de inmediato, “no solo invalidarían la restructuración por realizar, sino que colocaría al mismo tiempo, a la Junta Central Electoral (JCE) en una situación de indefensión frente al PLD”.
“Son situaciones que de no ser corregidas a tiempo, ponen en peligro la legalidad, la transparencia, la equidad e imparcialidad de las próximas elecciones, y por tanto, amenazan la estabilidad democrática y el futuro del país”, expresó.
Quique Antún afirmó que 95 de los funcionarios propuestos para integrar las Juntas Electorales, “son botellas del gobierno, algunos con salarios por encima de los 50 mil y 60 mil pesos”.
Indicó que esas personas cobran sin trabajar en el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Educación, INDRHI, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Mujer, CODOCAFE, Policía Nacional, Servicio Nacional de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Oficina Nacional de Defensa Pública y el Instituto de Protección a los Derechos del Consumidor.
También en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Agrario Dominicano, Ministerio de Turismo, Instituto Nacional del Tabaco, Ministerio de Interior y Policía, Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias, entre otros.
El líder reformista resaltó que entre los 95 funcionarios que son botellas del gobierno se encuentran presidentes de Juntas Electorales.
“Hasta el momento se ha podido confirmar que 663 miembros de Juntas Electorales trabajan o están vinculados a algún estamento del gobierno del PLD, y de esos 663, existen 489 que han sido identificados como dirigentes o militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Vale destacar que algunos de esos dirigentes son fundadores del PLD”, agregó.
Quique Antún siguió diciendo que se ha confirmado que varias personas que forman parte de Juntas Electorales, son pensionados del Estado, asunto que no cuestionamos pero lo grave es que al mismo tiempo cobran otros salarios en distintos organismos del gobierno del PLD.
El presidente del PRSC destacó que de igual manera se han registrado numerosos casos de funcionarios de Juntas Electorales que cobran dos salarios al mismo tiempo en distintas instituciones gubernamentales.
Explicó que otra “grave irregularidad” detectada es que varios funcionarios de Juntas Electorales son suplidores del gobierno, “algunos de los cuales reciben sumas millonarias mensualmente”.
“Vale destacar que 43 presidentes de Juntas Electorales son empleados o funcionarios del gobierno, algunos devengando salarios de hasta 120 mil pesos mensuales”, dijo.
Indicó asimismo que también se pudo detectar que hay presidentes de Juntas Electorales que han sido propuestos “pese a ser sancionados y separados de sus puestos en la Judicatura por actos de corrupción y estafa”.
Hay otros funcionarios de Juntas Electorales –agregó- que pese a dirigir oficinas senatoriales, están propuestos como presidentes de Juntas Electorales, lo que los hace jueces y partes del proceso.
Sostuvo que como se podrá observar en las graves informaciones expuestas, resulta evidente que el proceso de escogencia de Juntas Electorales se encuentra viciado, “por lo que el PRSC solicita una revisión inmediata caso por caso para hacer las correcciones de lugar, excluyendo las botellas, los pensionados que cobran salarios adicionales en el gobierno, los suplidores y funcionarios altos y medios, así como todos aquellos que no reúnen las condiciones para ejercer tan delicadas funciones electorales”.
Dijo que con la composición propuesta para conformar las Juntas Electorales, no existen garantías de elecciones transparentes e imparciales, ya que todo ha sido estructurado por el PLD en perjuicio de todos los partidos en oposición, y así mantener el control de todos los órganos del Estado.
Alertó a las iglesias, embajadas, organismos internacionales, a la sociedad civil, a los partidos en oposición, a los empresarios, gremios, sindicatos, universidades y a la sociedad en sentido general, que “con la composición actual y la que se ha propuesto de las Juntas Electorales no existen posibilidades de que tengamos en el 2020 unas elecciones libres y democráticas”.
Manifestó que con una reestructuración de Juntas Electorales Municipales totalmente parciales al PLD, y con los mecanismos adicionales de control, establecidos a través de programas sociales, estructuras de inteligencia, de coacción y chantaje, el uso de estructuras paramilitares y acciones “non sancta” con sectores delincuenciales “nos encaminamos a la sepultura de nuestra débil democracia con las consecuencias que ello acarrearía”.
En la conferencia de prensa estuvieron junto al presidente del Partido Reformista, el presidente en Funciones, Eddy Alcántara; el primer vicepresidente, Máximo Castro Silverio; los vicepresidentes Guillermo Caram y Danny Perdomo; el secretario de Organización, José Balaguer; el Director Ejecutivo, Sergio Cedeño; el secretario de Actas, Ramón Feliz Madera, y los miembros del Directorio Presidencial (DP), Eddy Antonio Germán e Ingrid Yeara, así como el secretario del Frente de Profesionales y Técnicos del partido, Sócrates Andújar, entre otros.
QUIQUE ANTÚN DICE QUE SI LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL SUCUMBE ANTE ESTAS PRESIONES PODRÍAN LLEVAR AL PAÍS AL CAOS Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL
SANTO DOMINGO.- El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) denunció que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está sometiendo a fuertes presiones al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), para que ésta, mediante Reglamentos, cambie aspectos fundamentales vigentes en la nueva normativa electoral que rige al país, lo que dijo podría llevar a la nación al caos, la desobediencia civil y a la ingobernabilidad.
El presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún Batlle (Quique) sostuvo en rueda de prensa en la sede de esa organización política, que el PLD está asumiendo la misma actitud de presión que ejerció recientemente con miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Alertó que producto de esas presiones, “hemos podido observar una actitud zigzagueante de la Junta Central Electoral, a la hora de tomar decisiones cruciales que no esperan más postergaciones”.
“Advertimos, que de la JCE sucumbir ante las presiones del PLD, el país podría caer en un limbo jurídico que haría fracasar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2020 y con ello llevar a la Nación dominicana al caos, la desobediencia civil y a la ingobernabilidad”, agregó.
Quique Antún, quien estuvo acompañado de la alta dirigencia reformista, dijo que al PRSC le preocupa que la JCE cediendo a las presiones del PLD, “esté imponiendo el voto de arrastre entre el senador y diputados, a través del Reglamento de Fusiones, Alianzas y Coaliciones que ha sometido a consulta de los partidos”.
Es lamentable –indicó- que la propuesta de Reglamento valide el párrafo del artículo 2 de la Ley 157-13 que establece el arrastre de senador por los diputados, con lo que el órgano electoral desconoce el artículo 92 y el artículo 130 de la ley 15-19, que sin dejar lugar a ninguna duda, dividieron las elecciones congresionales en un nivel senatorial y otro nivel para diputaciones, con lo que quedó eliminado para siempre el voto de arrastre.
Sostuvo que también quieren traer por los moños el párrafo IV del artículo 104 de la ley 15-19 que ordena correctamente sumar los votos del senador en toda la provincia al definir las Circunscripciones electorales del país.
“En ningún momento ese párrafo dice que se suman los votos del diputado al senador”, apuntó.
El líder reformista explicó que ese artículo lo que hace es delimitar lo que es una circunscripción electoral “y por tanto es lógico que todos los votos de una circunscripción completa, sea esta una provincia en sí misma o subdividida en varias como ocurre con el Distrito Nacional, La Vega, San Cristóbal, Puerto Plata, Santiago y la provincia Santo Domingo, sean sumados al senador, como correctamente la misma ley manda a sumar los votos de todo el municipio para el alcalde y los votos de todo el distrito municipal para el director”.
Resaltó que al pretender aprobar el voto de arrastre por resolución, la JCE cae en la ilegalidad, viola la Constitución y las leyes, “y se confabula con negros interese que trabajan desde ya para subvertir la voluntad popular y mediante mecanismos fraudulentos como los ocurridos en las elecciones pasadas en el nivel municipal y congresual, permitir que el PLD siga controlando todos los poderes del estado sin tener en estos momentos, los votos suficientes para ello”.
“Otra barbaridad jurídica que pretende cometer el Pleno de la JCE con la presión del PLD es aplicar la reserva del 20% y las cuotas de género y juventud sumando los cuatro niveles de elección: Presidencial, Senatorial, Diputados y Municipal con lo que tanto la reserva como las cuotas podrían ser aplicadas solo a regidores y vocales, permitiendo que se puedan reservar todos los senadores, todos los diputados, todos los alcaldes y todos los directores, lo que sería una vulneración incalificable de nuestra normativa electoral vigente”, expresó.
Dijo que el PRSC exige que la reserva del 20% y las cuotas se apliquen por niveles de elección y no global como quiere hacer la JCE, “cediendo a presiones del partido gobernante”.
Agregó a seguida: “Exigimos además, reglamentar bien las cuotas de género y juventud para no vulnerar derechos ya adquiridos por las mujeres y la juventud dominicanas.
Quique Antún señaló que el proceso electoral venidero es sumamente complejo y lleno de incertidumbres, “por lo que un mal manejo del mismo podría hacer colapsar a la democracia dominicana”.
Por tanto –indicó- exhortamos a la JCE a no ceder ante las presiones del PLD y ajustar todas sus acciones en el marco de la legalidad y el respeto a la Constitución.
En ese sentido, manifestó que de ceder ante las presiones del PLD, “la JCE entrará en la ilegalidad y nada bueno se puede esperar de acciones ilegales”.
El presidente del Partido Reformista anunció que entre la tarde de hoy y el día de mañana depositarán los documentos ante la JCE donde el PRSC hace los reparos de lugar a los Reglamentos de Fusiones, Alianzas y Coaliciones; al Reglamento para la escogencia de candidatos y candidatas mediante convenciones o encuestas y al informe sobre la Reestructuración de las Juntas Electorales de todo el país.
“Concluimos señalando a la opinión pública, que reina en el PRSC, la voluntad de contribuir con la JCE y con el sistema de partidos para que el venidero proceso electoral sea transparente y fortalezca nuestra democracia, pero si quieren llevarnos al matadero electoral, tengan por seguro, que el Partido Reformista se erguirá firmemente y acudirá a todos los mecanismos que sean necesarios, para evitar que nuestra voluntad popular sea mancillada y pisoteada”, expresó el ingeniero Antún Batlle.
El presidente del PRSC, Federico Antún Batlle (Quique), estuvo acompañado del secretario General, Ramón Rogelio Genao; del presidente en Funciones, Eddy Alcántara Castillo; los vicepresidentes Máximo Castro Silverio, Guillermo Caram y Danny Perdomo; del Director Ejecutivo, Sergio Cedeño, así como del secretario de Organización, José Balaguer; el secretario nacional Electoral, Frank Martínez; el secretario de Actas, Ramón Félix Madera; el secretario de la Juventud, Odalis Vega; y los miembros del Directorio Presidencial (DP) Ingrid Yeara, Tácito Perdomo, Manuel Olivero, entre otros.
